Una llamada telefónica podía terminar en una estafa o en un violento asalto dentro de una vivienda. Del otro lado de la línea, un hombre se presentaba como el “subcomisario Gutiérrez” y aseguraba que un familiar había sufrido un accidente o estaba detenido. La urgencia era parte del engaño: había que entregar dinero cuanto antes para evitar consecuencias judiciales. Pero detrás de aquella voz no había ningún policía, sino un preso que operaba desde una cárcel bonaerense.
La organización contaba con internos encargados de conseguir información sobre las víctimas, otros que realizaban las llamadas y cómplices en libertad que se ocupaban de retirar el dinero.
Cuando la maniobra telefónica no funcionaba, algunos de sus integrantes recurrían a la violencia. Así ocurrió con una jubilada de 70 años que fue golpeada, maniatada y herida durante una entradera en Mar del Plata.
Una investigación de Clarín reconstruyó el funcionamiento de esta estructura delictiva a partir de las escuchas, los peritajes telefónicos y las actuaciones de la fiscalía de Mariano Moyano, titular de la Unidad Funcional Temática de Instrucción y Juicio de Robos Calificados de Mar del Plata.
El expediente permitió identificar conexiones entre tres unidades penitenciarias y una red de colaboradores que actuaba fuera de las cárceles.
La llamada fallida que permitió descubrir la organización
La investigación comenzó en julio, cuando un vecino de Mar del Plata recibió una llamada de personas que se hicieron pasar por policías. Los desconocidos intentaron convencerlo de que debía entregar sus ahorros por una supuesta emergencia familiar, pero el hombre advirtió que se trataba de una estafa y no accedió al pedido.
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La denuncia permitió iniciar una serie de averiguaciones.
Los investigadores analizaron cámaras de seguridad y registros de antenas telefónicas hasta encontrar coincidencias con otros episodios delictivos.
Poco después, una mujer de 70 años sufrió un ataque en su casa de la calle Artigas. Varios hombres encapuchados ingresaron a la vivienda, la maniataron y comenzaron a golpearla para exigirle dinero. Le provocaron cortes en los pies mientras le reclamaban que revelara dónde guardaba sus ahorros. Finalmente, los delincuentes escaparon con 600.000 pesos.
Por ese hecho fue detenido Alejandro Rosales Demetrio. El análisis de su teléfono celular permitió avanzar sobre los contactos que mantenía con otras personas y descubrir una estructura que, según la investigación, conectaba a delincuentes en libertad con internos de distintas cárceles bonaerenses.
A partir de esos registros, los detectives de las DDI de Mar del Plata y La Plata comenzaron a reconstruir quiénes realizaban las llamadas, de dónde obtenían la información y cómo se organizaban para cobrar el dinero.
El “subcomisario Gutiérrez”
En el centro de la investigación apareció Hugo Carlos Miguel, de 62 años, conocido como “El Gitano”, un hombre condenado a 30 años de prisión por homicidio y alojado en la Unidad Penal N° 1 de Lisandro Olmos.
Según la hipótesis de la fiscalía, Miguel era uno de los principales encargados de comunicarse con las víctimas. Para hacerlo utilizaba una identidad falsa: decía ser el “subcomisario Gutiérrez”.
El supuesto funcionario policial relataba situaciones alarmantes y buscaba que la persona que atendía el teléfono reaccionara sin tiempo para verificar la información.
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Uno de los engaños consistía en afirmar que un familiar había atropellado a una mujer embarazada y estaba detenido. Para recuperar su libertad, era necesario "pagar una fianza de manera inmediata".
En otras oportunidades, los integrantes de la banda se hacían pasar por hijos o sobrinos. La excusa cambiaba, pero el objetivo era el mismo: convencer a los adultos mayores de que debían entregar sus dólares para cambiarlos antes de un supuesto anuncio económico del Gobierno.
La fiscalía identificó una distribución de tareas entre internos alojados en distintas unidades penitenciarias.
Mientras Miguel realizaba las llamadas desde Olmos, otros dos presos, Franco Isaías Miguel y Jonathan Villalba, habrían colaborado desde las unidades penales N° 44 y N° 15 de Batán.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, ambos reunían información sobre la situación patrimonial de posibles víctimas y la transmitían a quienes se ocupaban de concretar los engaños telefónicos.
Los investigadores sospechan que la organización utilizaba bases de datos para seleccionar a las personas que podían disponer de dinero en efectivo, especialmente adultos mayores.
Pero la estructura no terminaba dentro de los penales. También contaba con colaboradores que circulaban en vehículos y acudían a los domicilios para retirar el dinero.
En algunos casos se presentaban como policías o funcionarios judiciales para dar credibilidad a la historia que la víctima había escuchado por teléfono.
Según la hipótesis del fiscal Moyano, esas mismas células podían participar en robos domiciliarios cuando los delincuentes no conseguían obtener el dinero mediante el engaño.
La investigación busca determinar el grado de participación de cada integrante en los distintos hechos.
Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores surgió del análisis de un teléfono atribuido a “El Gitano”.
Entre marzo y octubre, el aparato registró casi 20.000 llamadas salientes a distintos puntos del país. Durante ese período se utilizaron 11 tarjetas SIM diferentes.
El volumen de comunicaciones permitió dimensionar la actividad que, según la fiscalía, se desarrollaba desde el interior de la cárcel.
Las llamadas se concentraban principalmente de lunes a sábados, entre las 9 y las 17. El promedio diario superaba las tres horas de conversación telefónica.
Para Moyano, esos registros muestran una actividad sostenida que requería organización y amplia disponibilidad de recursos.
Se detectaron comunicaciones hacia Río Gallegos, Ushuaia, Tandil, Tres Arroyos y Corrientes, entre otras localidades.
Incluso uno de los chips fue rastreado en Uruguay, un dato que amplió las averiguaciones sobre el alcance de la red.
Sospechas sobre la participación de personal penitenciario
¿Cómo podían los internos sostener semejante cantidad de llamadas desde una cárcel? Según Moyano, la actividad registrada en los teléfonos resulta difícil de compatibilizar con las condiciones habituales de alojamiento en los pabellones.
“Para estar hablando 40 minutos seguidos o hacer un promedio diario de tres horas de llamadas necesitan espacio, un entorno tranquilo que no existe dentro de las celdas colectivas”, explicó a Clarín.
A partir de esa observación, el fiscal planteó la hipótesis de que los presos podrían haber contado con algún tipo de autorización o colaboración de integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) para utilizar espacios que facilitaran las comunicaciones.
En este sentido, el fiscal pidió prohibir los celulares en las cárceles bonaerenses. Moyano presentó un pedido para que se prohíba de manera urgente el uso de teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios bonaerenses.
El funcionario cuestionó la continuidad de una medida que había sido implementada durante la pandemia para facilitar las comunicaciones de los detenidos con sus familiares.
“¿Cómo puede ser que desde el Ministerio de Justicia no dispongan la prohibición del uso de telefonía en las cárceles, qué pruebas necesitan?”, cuestionó.
Moyano también expresó su malestar por la falta de respuestas institucionales. “Estamos diciendo que tenés call center en una unidad penal, que gastamos recursos que bien podrían ser orientados a otros casos, a otras investigaciones, si esto no fuera así”, concluyó.
