La diputada María Eugenia Vidal fue sobreseída de la causa por enriquecimiento ilícito iniciada en su contra por la compra de un departamento por el valor de 340.000 dólares en Recoleta en 2019.
La causa tramitaba ante el juzgado federal a cargo del juez propuesto por Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo, quien había dictado el sobreseimiento en diciembre pasado pero que, ante la falta de apelación del fiscal Ramiro González, quedó cerrada y archivada recién este año.
“El kirchnerismo me inventó una causa y usó la AFIP militante para perseguirme. Finalmente ni ellos ni la justicia encontraron nada, y el fallo es claro: Fui sobreseída. Trabajo desde los 20 años, mi patrimonio siempre fue público y quedó demostrado que esto fue una operación para ensuciarme”, expresó en X la diputada del PRO tras conocerse la conclusión definitiva de la causa.
El proceso judicial contra Vidal había sido iniciado a partir de la denuncia que realizó en 2022 el abogado Yamil Castro Bianchi, quien también es conocido por haber patrocinado a Melody Rakauskas en la causa contra el intendente de la Matanza, Fernando Espinoza, y a la exmilitante libertaria, Mila Zurbriggen.
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En los argumentos del sobreseimiento, Lijo expuso: “Con la prueba reunida, no es posible cuestionar la situación patrimonial de Vidal, ya que no se observa un incremento injustificado de su patrimonio, como sostiene el denunciante”.
La denuncia contra Vidal se motivaba en el hecho de que en la declaración jurada que presentó el mismo año en que compró el departamento por el valor de 340.000 dólares, había manifestado que su patrimonio era sólo de 95.000 dólares.
Sin embargo, durante el proceso judicial, la diputada sostuvo que pudo comprarse el inmueble en Recoleta a partir de la venta de su anterior vivienda y la mitad de un auto que también vendió cuando se divorció. Además, señaló que sacó un crédito hipotecario a 10 años con el que terminó de pagar el departamento en cuestión.
“Es evidente que no hubo enriquecimiento ilícito en el caso -enfatizó el juez en el sobreseimiento-, pues del análisis de sus declaraciones juradas se desprende que su capacidad económica, complementada por el crédito hipotecario, le permitió adquirir el inmueble mientras ejercía el cargo de gobernadora, disipando así cualquier sospecha inicial”, agregó el juez.
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“Es relevante señalar que tanto las declaraciones juradas como la información proporcionada por el escribano y por los distintos organismos del sector público concuerdan entre sí, mostrando coherencia y transparencia en la evolución patrimonial de la imputada”, señaló Lijo.
En relación a la hipoteca, el juez agregó: “Esto da verosimilitud a la deuda contraída y brinda una sólida base para comprender su situación económica, demuestra además su cumplimiento con las obligaciones fiscales y refleja responsabilidad y transparencia en la actividad financiera pesquisada”.
Los detalles de la denuncia que había realizado Castro Bianchi
El abogado había presentado como argumentos en su denuncia los números de la declaración jurada de la actual diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires con fecha del 27 de agosto de 2019.
De acuerdo con la presentación de Bianchi, en ese momento, Vidal había declarado: “1) pesos novecientos mil ($ 900.000) en efectivo, 2) el equivalente a pesos cinco millones ochocientos noventa y siete mil noventa y seis ($ 5.897.096) en depósitos bancarios. Convertido a dólares a esa fecha, su patrimonio era de cien mil doscientos sesenta y tres dólares (USD1 100.263)”.
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“Además, en la misma declaración jurada, Vidal, denunció deudas por USD 5.200 (cinco mil doscientos dólares). Es decir, su patrimonio neto era de USD 95.000 (noventa y cinco mil dólares)”, sostenía la denuncia.
Castro Bianchi planteaba que dos semanas después de esa declaración, Vidal adquirió el departamento de Recoleta “por un valor de r de USD 340.000 (trescientos cuarenta mil dólares)”. “Es decir, el patrimonio hasta ese momento declarado no alcanzaba para realizar esta compra a, pero aun así lo compró, sin haber justificado hasta el momento la procedencia de la diferencia de efectivo que debió conseguir para su adquisición”, describía el abogado en su denuncia.
LM / Gi
