La Plata – La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó hoy como querellante en lacausa que investiga el secuestro del periodista Jacobo Timerman y las torturas a las que fue sometido y pidió la detención del ex gobernador y ex general Ibérico Saint Jean y de siete civiles.
El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, realizó la presentación ante la justicia Federal de La Platay le pidió la “inmediata detención” de Saint Jean y de siete civiles que formaronparte del Poder Ejecutivo provincial durante la dictadura y que tuvieron participación en elsecuestro del fundador del diario La Opinión.
Las fuentes judiciales detallaron que la querella solicitó que detuvieran a quienes en esaépoca fueron ministros de Gobierno, Jaime Smart; subsecretario de Gobierno, Juan María Torino Olivieri;el ex subsecretario de Justicia, Héctor Munilla Lacasa; y del de Asuntos Institucionales, EdgardoFrola; y del ex titular del Banco Provincia, Roberto Bullrich.
Además, el pedido recayó sobre Alberto Rodríguez Varela, ex fiscal de Estado bonaerense y ex ministro de Justicia de laNación durante la presidencia del dictador Jorge Videla, y de Roberto Durrieu, abogado de JuanCarlos Blumberg, quien ocupó un cargo en la fiscalía de Estado y fue viceministro deJusticia de Rodríguez Varela.
Según la presentación realizada ante el juzgado Federal a cargo de Arnaldo Corazza, laSecretaría consideró que los acusados "fueron coautores materiales y /o intelecuales y tuvieron elcodominio de los hechos delictivos cometidos contra Timerman, los que constituyen delitos de lesahumanidad por formar parte del plan criminal instaurado a partir del 24 de marzo de 1976".
Desde el día de su secuestro, el 15 de abril de 1977, el entonces director del diario La Opinión fue conducido por varios centros clandestinos de detención, donde fuetorturado, especialmente en las dependencias de la Policía de la Provincia de Buenos Airesconocidas como Coti Martínez y Puesto Vasco.
En el escrito, la querella precisó que a la detención ilegal de Timerman "siguieron la intervención y la clausura del periódico, como prueba palpable deque la acción de los terroristas de Estado tenía entre sus fines el cercenamiento del derecho a la información y la libertad de prensa".
Agregó que prueba de ello es "entre muchas otras, el Comunicado Nº 19 de la Junta terroristaque estableció penas de hasta 10 años de reclusión, para el que por cualquier medio difundiere,divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar odesprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales".
Para la Secretaría de Derechos Humanos, "ese fue el marco inicial de una política dedesprecio hacia la libertad de expresión y de opinión, que asimismo produjo la detención ydesaparición forzada de más de cien comunicadores sociales, varios de los cuales trabajaban otenían relación con el diario La Opinión".
"Tales hechos fueron cometidos con la participación y consecuente responsabilidad penal de losfuncionarios civiles de la Gobernación que estuvieron íntimamente vinculados con el denominado'caso Timerman' y con los delitos de los cuales el Director de La Opinión fue víctima", precisó el organismo.
Según la querella, los ex funcionarios públicos por los que pidió la detención "formulaban desde la gobernación bonaerense una persecución ideológica a periodistas ymedios de prensa, concurrían a los centros clandestinos de detención, impartían órdenes y hastaorganizaban la propia represión". Como prueba, aportó un párrafo del libro escrito por el ex jefe de la Policía Bonaerense, Ramón Camps, quien citó a Saint Jean y a los otros sieteciviles como "integrantes del grupo" conformado para el secuestro del periodista.
"Estos altos funcionarios eran poseedores de una larga trayectoria profesional, la granmayoría fueron funcionarios judiciales, por lo que se desprende que el aporte que realizaron a eseplan común no fue menor y que estaban en pleno conocimiento de la ilegalidad de sus procederes, yaque puede sostenerse que idearon el plan, seleccionaron los medios para llevarlo a cabo eintervinieron con posterioridad", detallaron.
Para la querella, si por vía de hipótesis "se considerara que estos funcionarios únicamentebrindaron un aporte intelectual, igualmente les corresponde una sanción penal igual o mayor que lasde sus consortes de causa". “Máxime cuando el fin último de quienes intervinieron en estasacciones delictivas fue el de terminar con las denuncias de La Opinión para asegurarse el silencio y la clandestinidad que el terrorismo de Estadobuscaba imponer para garantizarse la impunidad futura", agrega.
La causa judicial para que se investigue la participación de civiles durante la últimadictadura la había iniciado el abogado Alejo Ramos Padilla, quien representa a la familia del ex director del diarioLa Opinión. El 5 de octubre pasado, el fiscal federal Sergio Franco pidió al juez la detención de Saint Jean y Jaime Smart, aunque la solicitud aún no fueresuelta por la magistrado, dijeron fuentes judiciales.
Según Franco, durante la etapa en la que Timerman estuvo secuestrado, Saint Jean era el gobernador "y en cuanto tal, como jefe del Poder Ejecutivo, ostentaba elmando superior de la Policía, aún por encima del propio Camps". Las mismas consideracionesaplicó sobre Smart "pues en su carácter de ministro de Gobierno debía resultar un eslabón necesarioentre el gobernador militar y la jefatura de Policía, al menos en la facilitación de los mediosnecesarios para la operatoria del terrorismo de Estado".
Fuente: Télam
