Siete años en el poder, con los derechos humanos como una de sus prioridades, y el kirchnerismojura no saber cuántas víctimas hubo durante la dictadura. Por el contrario, se aferra a la ciframágica de los 30 mil desaparecidos, un número que ya nadie sabe bien de dónde salió. Y acusa aquienes se atreven a cuestionar esa cifra de hacerle el juego a la derecha más recalcitrante paradisminuir la dimensión de la tragedia.
El argumento oficial es sonoro, pero frágil: la aberración criminal del terrorismo de Estadono depende del número de víctimas, y, en todo caso, las cifras más serias que se manejan, queoscilan entre seis mil y nueve mil casos, son muy impactantes y revelan la magnitud de la heridaprovocada a todos los argentinos.
Una de las maneras de ayudar a cerrar esta herida sería averiguar qué pasó con cada uno delos desaparecidos: quien los mató, cuándo y cómo murieron, dónde están sus restos; las respuestasbásicas que podrían mitigar el dolor de sus seres queridos, que ahora no tienen ni un lugar dondellevar una flor. Pero es difícil lograr esas respuestas sin una lista lo más exacta posiblede todas las víctimas de la dictadura, que permita distinguir quienes permanecen desaparecidos.
A esta altura, sostener que los desaparecidos fueron 30 mil es convertir a ese problema eninsoluble, en una bandera que sirve para hacer política con los derechos humanos pero nadamás. Además de esa razón de política práctica, hay una cuestión de fondo para saber cuántosfueron los desaparecidos: es la verdad. Veamos cuáles pueden ser las cifras verdaderas. Elaño pasado, Graciela Fernández Meijide publicó un libro, La historia íntima de los derechos humanosen la Argentina, en la que recordó que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas habíarecibido 7.380 denuncias, que se convirtieron en 8.960 con casos mencionados por otros organismos.
Y advirtió que “con el paso del tiempo, la lista fue depurada”, por lo cualintentó actualizarla, pero encontró que la secretaría de Derechos Humanos de la Nación nobrindaba esa información. Tomó los listados de esa repartición y comprobó que incluían a 7.030personas como víctimas de desaparición o ejecución sumaria y a otros 924 con datos incompletos.Total: 7.954. Fue al Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, en la Costanera porteña, yencontró los nombres de 8.875 personas, aunque desde antes del golpe, 1969, a 1983. Por otrolado, en mi libro Operación Primicia, el ataque de Montoneros que provocó el golpe de 1976, incluíun informe reservado realizado en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y DerechosHumanos, que indicó que hasta el 14 de abril de 2010 se habían pagado indemnizaciones a losherederos de 7.500 víctimas de desaparición (cuando ya se encontraron los restos), desapariciónforzada y ejecución sumaria (asesinados y muertos en enfrentamientos).
Pero, según me informó la secretaría de Derechos Humanos en un email el 15 de junio de 2010,esa cifra abarcaba pagos a parientes de personas desaparecidas o muertas antes del golpe del 24 demarzo de 1976, que a esa fecha sumaban 1.130, por lo cual el número referido estrictamente a ladictadura llegaría a 6.370 casos. Sin embargo, éste no sería el número definitivo ya que unnúmero incierto de parientes, encabezados por Hebe de Bonafini, la titular de Madres de Plaza deMayo, se han rehusado a cobrar esa indemnización. El secretario de Derechos Humanos, EduardoLuis Duhalde, no quiere dar a conocer los datos sobre el total de indemnizaciones pagadas,presuntamente para no atizar la polémica sobre cuántos fueron los desaparecidos.
Tampoco informa sobre el dinero pagado ni sobre los casos más polémicos, como losguerrilleros que murieron durante el ataque a un regimiento en Formosa el 5 de octubre de 1975, enpleno gobierno constitucional del peronismo. Duhalde también podría aclarar de dónde salió la cifrade 30 mil: Fernández Meijide sugiere que pudo haber sido inventada por los exiliados en Europa paralograr una mayor repercusión a sus denuncias.
El gobierno no está solo en el manejo de esos datos: lo respaldan sus aliados en losorganismos de derechos humanos, como Bonafini y Estela de Carlotto. Uno debería suponer que estosdirigentes deberían estar deseosos de saber lo que pasó con sus seres queridos, pero no es tan así.El 17 de diciembre de 2001, el periodista Rafael Saralegui publicó una nota en La Nación sobre laubicación de los restos de Raúl, uno de los hijos de Bonafini, que estaba sepultado como NN en elcementerio de Ezpeleta. Era una información que provenía de la Cámara Federal de La Plata, peroBonafini se negó incluso a conocerla.
"No hay ningún juez, ni fiscal, ni diputado, ni presidente que tenga estatura moral parameterse en mi vida privada. Nunca voy aceptar la muerte, ni la reparación económica, ni laexhumación de cadáveres. Si yo no lo investigué, nadie tiene autoridad para hacerlo. Mis hijosestán vivos", declaró al sorprendido periodista.
*Editor jefe del diario PERFIL y autor de "Operación Primicia".
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