El 30 de octubre de 1983, después de más de siete años de dictadura militar, los argentinos volvieron a elegir a sus autoridades. La fórmula de la UCR (Unión Cívica Radical), integrada por Raúl Alfonsín y Víctor Martínez, obtuvo el 51,75% de los votos y derrotó a la del PJ (Partido Justicialista), encabezada por Ítalo Luder y Deolindo Bittel, que alcanzó el 40,16%. Fue la primera derrota del peronismo en elecciones presidenciales libres y sin proscripciones. La elección estuvo fuertemente polarizada, ya que ambas fuerzas concentraron casi el 92% de los sufragios, quedando muy lejos de las que las seguían (el PI, Partido Intransigente, obtuvo 2,33%, y el MID, Movimiento de Integración y Desarrollo, el 1,19%). Para comprender cómo se llegó a aquellas elecciones, es necesario retroceder algunos años y reconstruir un proceso caracterizado por dos fenómenos simultáneos: el progresivo debilitamiento del poder militar y la creciente movilización de la sociedad civil y los partidos políticos.
El comienzo de la crisis militar.
En marzo de 1981, el general Jorge Rafael Videla dejó la presidencia de la Nación después de cumplir los cinco años previstos para su mandato y lo sucedió el general Roberto Viola, quien debía permanecer otros tres años en el cargo. Sin embargo, ese esquema de continuidad institucional diseñado por las Fuerzas Armadas comenzó a desmoronarse rápidamente, pues Viola gobernó apenas nueve meses y fue desplazado por sus propios camaradas.
La llegada de Viola había representado un intento de introducir modificaciones en la orientación del régimen, pero sus iniciativas encontraron resistencia dentro de las Fuerzas Armadas entre los sectores que rechazaban cualquier acercamiento a los partidos tradicionales. Al mismo tiempo, la política económica aplicada desde 1976 mostraba sus consecuencias, ya que la crisis financiera de 1980 había provocado el cierre de bancos y numerosas empresas y durante 1981 se profundizaron la recesión, la inflación, la fuga de capitales y el endeudamiento externo. Asimismo, la producción industrial retrocedía, aumentaba el desempleo, los salarios perdían capacidad adquisitiva y las sucesivas devaluaciones no consiguieron detener el deterioro.
En diciembre de 1981, el general Leopoldo Fortunato Galtieri reemplazó a Viola y su llegada al gobierno significó el predominio de los sectores militares más duros y el abandono de los intentos de apertura impulsados por su antecesor. En realidad, la inestabilidad presidencial ponía de manifiesto un problema más profundo, dado que las Fuerzas Armadas, que habían prometido reorganizar el país y establecer un nuevo orden político, eran incapaces de alcanzar acuerdos duraderos sobre la conducción del Estado. Las diferencias entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como entre distintas corrientes dentro de cada institución, debilitaban progresivamente al régimen.
El despertar de la oposición. Mientras el poder militar comenzaba a mostrar signos de agotamiento, los partidos políticos recuperaban lentamente su capacidad de iniciativa. En julio de 1981 se constituyó la Multipartidaria, integrada por la UCR, el PJ, el PI, la Democracia Cristiana y el MID. Esta nueva organización reclamaba el restablecimiento del Estado de derecho, la normalización de las actividades políticas y sindicales, la recuperación de los derechos y libertades constitucionales y la elaboración de un cronograma que condujera a elecciones.
La Multipartidaria no constituía un bloque ideológicamente homogéneo, pues existían importantes diferencias entre sus integrantes e incluso también dentro de cada partido. Por ejemplo, en el radicalismo, Raúl Alfonsín encabezaba una corriente que reclamaba una oposición más firme a la dictadura, mientras otros dirigentes defendían una estrategia de diálogo con los militares. Por cierto, en lo que las distintas fuerzas coincidían era en la necesidad de recuperar el orden constitucional.
La oposición también crecía fuera de los partidos, dado que las organizaciones sindicales, que habían sufrido intervenciones, persecuciones y la desaparición de numerosos dirigentes y militantes desde 1976, comenzaron a intensificar sus protestas. La pérdida del poder adquisitivo, la desocupación y el cierre de establecimientos industriales alimentaban el descontento de los trabajadores.
Una demostración decisiva se produjo el 30 de marzo de 1982, cuando se realizó una jornada nacional de protesta bajo la consigna “Paz, pan y trabajo”, convocada por la CGT Brasil, conducida por Saúl Ubaldini (recordemos que los gremios que adoptaron una actitud de confrontación se nuclearon en la llamada “CGT Brasil”, por encontrarse su sede en esa calle del barrio de Constitución). Miles de manifestantes intentaron concentrarse en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, pero fueron reprimidos por la policía y hubo enfrentamientos, heridos y numerosos detenidos. La movilización constituyó una de las expresiones más importantes de rechazo abierto al régimen militar.
Malvinas: del entusiasmo a la derrota. Inesperadamente, apenas cuarenta y ocho horas después de la citada manifestación, el país entraría en una situación completamente diferente. El 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas y recuperaron transitoriamente su control, hasta entonces ejercido por Gran Bretaña. La decisión del gobierno de Galtieri provocó una profunda transformación del escenario político.
La reivindicación de la soberanía argentina sobre las islas constituía una causa histórica compartida por amplios sectores de la sociedad y por esa razón la operación militar despertó un entusiasmo que excedió ampliamente a los partidarios de la dictadura. Miles de personas se congregaron en la Plaza de Mayo y en otras ciudades para expresar su apoyo. Incluso, también partidos políticos y numerosas organizaciones sindicales respaldaron la recuperación de las islas. Para Galtieri, la operación ofrecía la posibilidad de recomponer una legitimidad cada vez más deteriorada y la movilización patriótica parecía dejar atrás los conflictos políticos y sociales de los meses anteriores.
Sin embargo, el gobierno militar había realizado una evaluación muy equivocada de la situación internacional, ya que sus dirigentes confiaban en que Gran Bretaña aceptaría una negociación diplomática y subestimaron tanto la decisión británica de recuperar militarmente las islas como el respaldo que recibiría de Estados Unidos.
La guerra se desarrolló en condiciones muy desfavorables para las tropas argentinas, dado que numerosos soldados conscriptos padecieron dificultades de alimentación, abrigo, equipamiento y conducción militar. Mientras tanto, los medios de comunicación, sometidos a una estricta censura, difundían informaciones triunfalistas que ocultaban la verdadera situación del conflicto.
El 14 de junio, después de setenta y cuatro días de enfrentamientos, las fuerzas argentinas se rindieron y la derrota provocó una conmoción nacional. El contraste entre lo que se había difundido y lo que ahora se conocía era abrumador. Las imágenes de los soldados que regresaban y las noticias sobre las condiciones en que habían combatido entonces desataron el cuestionamiento de los responsables de la guerra.
La autoridad del gobierno militar se derrumbó rápidamente y Galtieri debió abandonar la presidencia desplazado por sus compañeros de armas. La crisis también provocó una ruptura entre las tres fuerzas, ya que la Armada y la Fuerza Aérea se apartaron inicialmente de la conducción política del régimen, mientras el Ejército designó presidente al general Reynaldo Bignone.
Si bien la derrota de Malvinas no había originado la crisis de la dictadura, la aceleró decisivamente. En verdad, las Fuerzas Armadas ya antes habían perdido prestigio por sus fracasos económicos y sus conflictos internos, pero ahora aumentaba su desprestigio por el fracaso militar y el engaño a la población. Además, cabe destacar que el descrédito de ellas iría en aumento cuando poco a poco empezaron a ser conocidas por el conjunto de la sociedad las oscuras acciones militares llevadas a cabo durante la cruel represión clandestina.
El crecimiento de la movilización social. Bignone asumió en julio de 1982 con la misión de conducir la retirada de los militares del gobierno, pero la dictadura todavía pretendía imponer condiciones a la futura democracia. El nuevo presidente anunció una progresiva normalización de las actividades partidarias y el propósito de realizar elecciones, pero los militares pretendían negociar con los dirigentes civiles cuestiones vinculadas con las responsabilidades derivadas de la represión ilegal. En noviembre de 1982, el gobierno difundió unas “pautas” que pretendían establecer las condiciones de la transición, pero los partidos políticos rechazaron que el régimen pudiera imponer unilateralmente esas exigencias.
Paralelamente, la movilización de la sociedad civil adquiría una dimensión cada vez mayor y a las protestas sindicales se sumaron manifestaciones estudiantiles y de otras clases. También se recuperaron espacios de expresión cultural que habían permanecido sometidos a la censura; y las actividades teatrales, los recitales de música popular, las publicaciones opositoras y las organizaciones estudiantiles expresaban un clima de creciente participación.
El 16 de diciembre de 1982, la Multipartidaria convocó a una multitudinaria marcha, en la cual decenas de miles de personas se movilizaron en Buenos Aires para reclamar el retorno al orden constitucional. Los organismos de Derechos Humanos también adquirieron un protagonismo creciente, dado que las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y otras organizaciones intensificaron sus denuncias sobre los desaparecidos, los presos políticos y los niños apropiados durante la represión. Es importante tener en cuenta que sus reclamos, inicialmente enfrentados con el silencio de buena parte de la sociedad, comenzaron a alcanzar una mayor repercusión.
En abril de 1983, la Junta Militar difundió un documento mediante el cual justificaba la represión y pretendía cerrar las investigaciones sobre el destino de los desaparecidos. Asimismo, en septiembre sancionó la Ley de Pacificación Nacional, conocida como “Ley de autoamnistía”, destinada a impedir el juzgamiento de quienes habían participado en la represión ilegal. Estas decisiones encontraron un rechazo creciente, pues la cuestión de los derechos humanos se convirtió en uno de los temas fundamentales del debate político y, posteriormente, de la campaña electoral.
La reorganización política y la campaña electoral. La apertura de la actividad partidaria produjo un proceso de afiliación masiva y después de años de prohibiciones, los ciudadanos comenzaron a participar nuevamente en reuniones, actos públicos y elecciones internas.
En el radicalismo, Raúl Alfonsín consolidó su liderazgo al frente del Movimiento de Renovación y Cambio, que desplazó a la corriente tradicional identificada con Ricardo Balbín, que había fallecido en 1981. Alfonsín había mantenido durante la dictadura una posición crítica frente al gobierno militar y había participado en la defensa de los derechos humanos. Por su parte, el peronismo enfrentaba mayores dificultades para reorganizarse, ya que sus diferentes corrientes disputaban espacios de poder, mientras las organizaciones sindicales conservaban una fuerte influencia sobre las decisiones partidarias. Finalmente, el justicialismo presentó la fórmula integrada por Ítalo Luder y Deolindo Bittel.
Aquí cabe recordar una fundamental diferencia entre los candidatos de la UCR y del PJ, pues sus posiciones frente a la autoamnistía militar fueron muy distintas. Alfonsín rechazó la validez de la norma y sostuvo que debían investigarse los delitos cometidos durante la dictadura, mientras Luder, en cambio, consideraba que la ley tendría efectos jurídicos que el próximo gobierno debería reconocer.
En los días previos a las elecciones, el 26 y 28 de octubre para ser precisos, se realizaron imponentes actos de cierre de campaña de la UCR y del PJ en la ciudad de Buenos Aires, a los cuales se calcula que asistieron cerca de un millón de personas a cada uno. Los dos actos mostraban que la sociedad argentina había recuperado una participación política que había permanecido restringida durante más de siete años, pero también expresaban las diferencias entre las propuestas que competirían en las urnas. Mientras Alfonsín buscaba identificarse con la superación de los enfrentamientos del pasado, el peronismo aparecía condicionado por sus conflictos internos y por algunas prácticas asociadas con etapas anteriores de la vida política argentina.
El 30 de octubre, finalmente, los ciudadanos concurrieron masivamente a votar. La elección no solamente pondría término al gobierno militar, sino que también demostraría que, después de décadas de golpes de Estado, proscripciones y conflictos, la sociedad argentina había convertido la recuperación de la democracia en una aspiración ampliamente compartida.
El significado de las elecciones de 1983. La continuidad democrática alcanzada desde 1983 hasta el presente no significa que los problemas del país estén resueltos. Obviamente persisten la pobreza, la precariedad laboral y graves desigualdades que indiscutiblemente marcan una obligación impostergable que el sistema democrático debe resolver. Asimismo, es cierto que algunos dirigentes políticos han dado muestras no solo de inoperancia, sino también de inescrupulosa corrupción, despilfarro de recursos públicos con fines electorales y aplicación de ajustes económicos de enormes costos sociales.
Sin embargo, esas deudas no deberían llevarnos a subestimar el valor de las elecciones de 1983 y el triunfo de Raúl Alfonsín, quien con indudable coraje cívico impulsó el destacable juicio a las juntas militares. No es un logro menor que desde ese momento la Argentina haya mantenido la continuidad institucional y que los conflictos políticos se diriman dentro del orden constitucional. Si bien hemos naturalizado dicha continuidad institucional, no deberíamos olvidar las continuas crisis políticas que atravesó la Argentina durante todo el siglo XX. Recordemos que, desde las primeras elecciones presidenciales libres de 1916 hasta 1983, el país vivió numerosos golpes de Estado, elecciones fraudulentas, proscripciones políticas y dolorosas dictaduras. Si se ignora esta perspectiva, no se logra captar el real valor histórico de las elecciones llevadas a cabo hace 43 años.
*Doctor en Ciencias Sociales (UBA). IG @carloscampora100.
