La figura de Jorge Bergoglio no es ajena al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, la institución que el papa León XIV eligió para iniciar su agenda pastoral en la Argentina el próximo 9 de noviembre.
Durante su época como arzobispo de Buenos Aires, el expontífice exigía que los seminaristas porteños que realicen formaciones obligatorias en este predio de 50 hectáreas en Almirante Brown. El objetivo era moldear el perfil de los futuros pastores “en el acompañamiento de la debilidad”.
En diálogo con PERFIL, el padre Aníbal Quevedo, consejero provincial de la Obra Don Orione, advirtió sobre el intento de reducir la gira vaticana al conflicto parlamentario local. El sacerdote definió la visita a la sede bonaerense como un hecho institucional autónomo.
“Si tuviese que identificar un sesgo sería que esta coyuntura actual de crisis en el sector de Discapacidad es el motivo por el que el Papa viene al Cottolengo. Esa sería una explicación parcial”, señaló Quevedo. “La foto del Papa con un público lleno de nuestros residentes va a tener la potencia de la fuerza arrolladora de lo débil, le viene a decir al país que cada uno pueda aportar algo más”, agregó.
León XIV estará en el centro de un dispositivo que administra doce instituciones en el país y asiste a 1.300 pacientes. Para la comunidad del histórico “Cottolengo”, es algo soñado e histórico.
La encrucijada financiera de un modelo “al límite y al día”. La dimensión operativa de la obra Don Orione representa una estructura laboral que sostiene 1.100 empleos bajo planta permanente en la región. En la sede de Claypole residen de forma permanente 410 pacientes con discapacidades severas.
En la salud pública la inflación deterioró los equipos técnicos y los salarios. El sueldo neto de un auxiliar de asistencia directa apenas roza hoy el millón doscientos mil pesos. Por su parte, el personal especializado percibe un piso formal de 10.000 a 15.000 pesos por hora, siempre en relación de dependencia.
Este retraso salarial provoca una fuga constante de médicos y terapeutas hacia el sector privado. “Nos cuesta mucho mantener a los profesionales porque el salario se resiente y se van”, revela a este medio el director del Servicio de Discapacidad del Cottolengo, Fernando Montero.
El responsable administrativo de Don Orione detalló que el desfasaje real entre los costos del servicio y el arancel oficial del Estado nacional alcanza el 35%, tras el congelamiento de partidas ejecutado entre 2024 y 2025.
“Luego comenzó la indexación por IPC, pero sobre un arancel devaluado; te mantienen en esa situación y a eso se suma que nos tuvimos que hacer cargo de la medicación, pañales y alimentos que dejó de entregar Incluir Salud. PAMI y las obras sociales cumplen, pero Incluir Salud cortó sin aviso previo en noviembre del año pasado”, denunció el administrador civil del predio.
“Tuvimos un amparo a favor. La Justicia dio la orden al Gobierno de que cumplan con la medicación y apelaron de nuevo. También hay un embargo en la Cámara Federal de Apelaciones trabado... pero apelaron ese embargo también. Está toda la intención de no cumplir”, detalló Montero respecto a la judicialización del conflicto.
La falta de respuestas oficiales coincide con la crisis política en los despachos oficiales. “Tuvimos reuniones con el Secretario Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, pero renunció. Veníamos en conversaciones... nos había pedido que le mandemos las recetas y los resúmenes de historia clínica, pero ahora renunció y estamos esperando a ver con quién podemos hablar”, reveló el director.
Para la administración, el programa federal está paralizado. “No entrega medicación, no entrega pañales, no autoriza las prestaciones. Estamos al límite del día a día”, asegura Montero. Y la distorsión financiera se completa con una paradoja fiscal.
Las demoras en las liquidaciones oficiales arrastraron a las sedes a acumular deudas de cargas patronales por las cuales ARCA les cobra punitorios. El administrador se sorprende: “Es como medio loco que el mismo Estado que hace los recortes y te genera los atrasos, te termina endeudando con el mismo Estado”.
El debate doctrinal por la justicia social. La asfixia de los recursos derivó en un cuestionamiento de carácter ideológico respecto a los lineamientos de la Casa Rosada. Desde la conducción civil de Claypole, Montero vinculó la crisis con la denominada “cultura del descarte” y defendió la vigencia de los marcos regulatorios tradicionales.
“Nunca el discurso oficial fue tan violento como esto de poner en tela de juicio a las personas con discapacidad, nunca pasó eso. La Iglesia habla de justicia social, y la justicia social no es un concepto propio de un partido político, es un concepto universal. Por eso la llegada del papa León XIV responde a una visión completamente distinta a lo que están pregonando”, afirmó el director técnico.
La delimitación contable de la obra demuestra que el 100% de los aranceles percibidos por la seguridad social se destina al pago de la masa salarial. “Cualquier reforma edilicia o el mantenimiento de los hogares depende de campañas de donaciones corporativas y del voluntarismo civil”, afirma Montero.
El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, se sumó a la discusión conceptual y conectó la agenda del viaje pontificio con la última encíclica del Santo Padre, Magnífica Humanitas. El referente social advirtió sobre el impacto del programa económico del Poder Ejecutivo.
“En el centro de la doctrina social de la Iglesia está el principio de justicia social y la catadura moral de una sociedad que se mide por cómo trata a los últimos. Lo que leyó de Quevedo me golpeó; lo que pasa en todos los dispositivos que abordan discapacidad o consumo de drogas es que las políticas están desfinanciadas. La visibilización del Papa es importante, pero hay que resolver los términos prácticos porque el colapso es absoluto”, señaló Grabois.
Al ser consultado sobre la estrategia de la oposición parlamentaria tras el dictamen de mayoría para una ley de fondo permanente en lugar de prorrogar la emergencia, Grabois desestimó una salida estrictamente legislativa.
“Es una tarea social, los descartados son nuestra patria y haciéndonos cargo de eso vamos a poder condicionar a la política. Es decir, hay frentes que se abren permanentemente con un ajuste deshumanizante; la solución es la combinación entre la conciencia, la movilización popular y la conquista del Gobierno por una fuerza con la justicia social como principio rector”, concluyó el dirigente. El complejo de Claypole opera como una pequeña ciudad con 13 hogares y 410 habitantes. El desfinanciamiento forzó a congelar la renovación edilicia, los salarios y el mantenimiento general del lugar. Allí, en ese punto tan cercano al centro de Buenos Aires, pero tan alejado de la realidad de las frías planillas presupuestarias, es donde el papa León XIV eligió iniciar su gira por la Argentina.
Motosierra
◆ La Obra Don Orione cuenta con una estructura de 1.100 empleos que administra 12 instituciones en todo el país y asiste a 1.300 pacientes.
◆ El nivel de atraso salarial origina una fuga constante de profesionales.
◆ Con los recortes de la motosierra el Gobierno aporta el 35% del costo operativo.
◆ El desfinanciamiento llegó a la Justicia, pero las autoridades siguen desconociendo los reclamos.
◆ El 100% de los aranceles va para pagar salarios.
