El Gobierno avanza en el plan de retiros voluntarios por el que espera reducir en al menos 20 mil los puestos de empleo en la administración pública nacional. A través del decreto 1203, publicado en el Boletín Oficial el 19 de octubre, se dictaminaron las condiciones y mecanismos de aplicación para que los empleados estatales puedan adherir entre el 1 de noviembre y el 30 de ese mismo mes.
Entre sus fundamentos la norma explica que esto está enmarcado en la “transformación y reorganización del Estado nacional” orientada a la “optimización de sus estructuras y dotaciones, procurando una adecuada y eficiente asignación de recursos públicos”. Por otro lado, PERFIL revisó los registros diarios y contabilizó más de 50 designaciones de funcionarios (sin contemplar prórrogas) que fueron oficializadas también en octubre y que, en su mayoría, (81% de los casos) estaban exceptuados de cumplir algunos de los requisitos vigentes para su contratación. Específicamente dos: las condiciones mínimas de preparación y formación, y la disposición del propio Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que limita la cantidad de contrataciones en el Estado.
En primer lugar, la autorización excepcional “por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14” del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial aparece en más de 40 resoluciones. El convenio de trabajo establece las condiciones por categoría, pero en términos generales incluyen título universitario de grado, especialización avanzada en los campos profesionales correspondientes a la función y experiencia laboral acreditada no inferior a los tres o seis años (dependiendo del rango) en posiciones similares.
Otra de las restricciones que evitan gran parte de estos contratos es la prevista en el decreto 934 del 31 de diciembre de 2025 que impide las designaciones o contrataciones de personal de cualquier naturaleza. Todas entran en el artículo 2 de este mismo instrumento, que comprende otro listado de excepciones.
Entre los nombramientos que figuran en el décimo mes del año está la de Javier Nicolás Prizito, a cargo de la Subsecretaría de discurso, monitoreo y comunicación digital de la Secretaría de Vocería Presidencial. Su situación aplica para las dos singularidades mencionadas: no rigen las restricciones de contratación y tampoco las disposiciones del artículo 14. Prizio ya tiene un historial en el área de comunicación de la gestión de Javier Milei: su carrera comenzó con su designación formal en junio de 2024 (aunque efectiva desde abril) como Director de Campañas de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría General de la Presidencia. En ese momento también estuvo exceptuado de los requisitos de contratación para el nivel B estipulado en el convenio y se lo mencionaba en las primeras notas que destacaban la importancia que el Ejecutivo, de la mano de Karina Milei, le daba a la comunicación oficial. Luego pasaría a ser designado por Manuel Adorni (desde el 1 de marzo de 2025) como Director Nacional de Planificación y Seguimiento de Campañas de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios, pero con un nivel A de contratación, es decir con un salario más alto. Para la función asignada en 2026 volvió, sin embargo, al nivel B original.
Otro cargo relacionado con la comunicación es el que se publicó el 26 de octubre para la Jefatura de Gabinete. La de Arturo Alejandro Stanic como Coordinador Operativo de la Unidad de Comunicación de Gestión del Jefe de Gabinete no presenta, al menos en la disposición oficial, ninguna salvedad para cubrir ese puesto.
El suyo es uno de los pocos ejemplos sin excepciones pautadas de antemano a su nombramiento. En la Jefatura de Gabinete y sus dependencias el resto presenta dispensas (92%) mientras que, para otros ministerios como Capital Humano –que también lidera el ranking de apariciones en el Boletín Oficial– esas excepciones alcanzan al 75% de los contratados.
En Salud el 80% no cumple con algunos de los requisitos, especialmente el de las condiciones de contratación. Dos ejemplos en los que no aparecen estas restricciones son los de la Secretaría Nacional de Discapacidad, a cargo de Pablo Masaragian desde el 9 de octubre, y el de Juan Manuel Moreno como Subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos de la Secretaría Nacional de Discapacidad.
El relevo en el área ocurrió luego de la renuncia de Alejadro Vilchez, sucesor de Diego Spagnuolo, y el accidente de tránsito que sufrió su reemplazo Pablo Di Liscia, nombrado en septiembre y que duró poco más de una semana en la función debido al imprevisto.
Para los últimos días de octubre el boletín formalizó también la designación de Cecilia Candela Rivero al mando de la Dirección Nacional de Relaciones con las Provincias de la Jefatura de Gabinete, una resolución firmada por Diego Santilli, quien también la perdonó de cumplir con las exigencias que prevé el artículo 14 del convenio colectivo.
ATE denuncia un “plan de despidos extorsivos”
El plan de retiros diseñado por el Ejecutivo está orientado a cualquier empleado de la administración pública que tenga un contrato permanente o por tiempo indeterminado. En el detalle se los divide por grupo: el primero, de mujeres a partir de los 58 años de edad y hombres de 63 o más, ambos con aportes jubilatorios suficientes; un segundo grupo de mujeres de entre 58 y 64 años y de hombres de entre 63 y 64 que tengan un mínimo de 30 años de aportes; y el tercero, de mujeres de hasta 57 años de edad inclusive y hombres de hasta 62.
Quedan fuera del régimen el personal de las Fuerzas Armadas en actividad y retirado que preste servicios militares; de las Fuerzas de Seguridad y Policiales en actividad y retirado que preste servicios por convocatoria; de la Secretaría de Inteligencia de Estado; del Servicio Exterior de la Nación; de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; del Sistema Federal de Manejo del Fuego, el personal de Orquestas, Coros y Ballet Nacionales “y aquellos que se desempeñen en cargos docentes o cargos civiles con prestación de servicios en el exterior del país”.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se movilizaron para protestar contra lo que consideran un “plan de despidos extorsivos”. Advirtieron que quien adhiera no podrá volver al sector público nacional por ocho años y que las vacantes no se cubrirán por al menos dos años. “No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social”, concluyeron.
