El recorte de la obra pública tiene una justificación teórica conocida. Según la idea del desplazamiento, o crowdingout, cuando el Estado gasta y se endeuda compite con los privados por el ahorro disponible, empuja hacia arriba la tasa de interés y les quita espacio. Si el Estado se corre, el capital privado ocupa su lugar, dice el Gobierno.
Brasil y la Argentina funcionan hoy como dos experimentos opuestos para poner a prueba esa idea. Lula, reelecto el 25 de octubre con el 51,8% de los votos válidos, amplió la inversión pública en infraestructura. Milei la llevó a mínimos históricos. En los dos casos, la inversión privada siguió al Estado.
En la Argentina, la serie trimestral de inversión total y gasto de capital del Estado nacional desde 2004, a precios constantes, que elaboramos en el Instituto Argentina Grande con datos del Indec y del Ministerio de Economía, muestra que ambas crecieron a la par hasta 2011 y cayeron juntas en la recesión de 2018 y 2019. La recuperación de 2021 y 2022 las encontró otra vez en la misma dirección. El tramo de 2012 a 2015 fue la excepción: la obra pública siguió creciendo y la inversión total se estancó, en años de controles cambiarios y restricciones a las importaciones.
En 2024 el Estado nacional se retiró de la obra pública. En el primer semestre de 2026 su gasto de capital fue 84% menor que en el mismo período de 2023, en términos reales. De las 2.399 obras que la Nación recibió en ejecución en noviembre de 2023, 1.683 fueron rescindidas, según el propio mensaje del Presupuesto 2027, que prevé para el año próximo un gasto de capital de 0,43% del PIB, por debajo del 0,49% de 2002 y lejos del 2,63% promedio de 2005 a 2015.
La inversión privada quedó lejos de ocupar ese espacio. La inversión total del país, en su gran mayoría privada, cayó 16,3% en términos reales entre el segundo trimestre de 2023 y el de 2026, en la serie desestacionalizada, y con ese último dato acumula cinco trimestres seguidos de caída.
También cambió su composición: entre 2023 y 2025, a precios constantes, el equipo importado creció 23,9% y llegó al 36,9% de la inversión total, el máximo desde 2004, mientras la construcción, el componente con más empleo y contenido local, cayó 19,5% y bajó al 30,4%, el mínimo de la serie.
Brasil recorrió el camino inverso. Según la cámara brasileña de la infraestructura (Abdib) y la consultora EY, entre 2022 y 2025 la inversión pública en energía, transporte, saneamiento y telecomunicaciones creció 51% en términos reales y la privada, 40%, con tasas de interés de dos dígitos. En 2025, con la tasa básica en 15% desde junio, la inversión total del sector llegó a 280.400 millones de reales, el máximo de una serie que arranca en 2010.
Con Jair Bolsonaro, entre 2019 y 2022, la inversión pública en infraestructura promedió 39.400 millones de reales por año, a precios constantes de 2025, y la privada, 139.400 millones. En el tercer mandato de Lula, entre 2023 y 2025, los promedios subieron a 53.600 y 209.300 millones. Una parte del salto privado responde a concesiones y privatizaciones que el propio Estado organizó, y el Novo PAC, el plan de obras de Lula, prevé que 612.000 millones de sus 1,7 billones de reales lleguen de privados.
La literatura económica llama a este fenómeno atracción, o crowding in. Las rutas, la energía, el agua y los puertos entran como insumo en la producción privada y elevan su rentabilidad, una relación que David Aschauer documentó en 1989. Un estudio del FMI sobre economías avanzadas encontró que la inversión pública atrae inversión privada, con más fuerza cuando hay capacidad ociosa.
Para las provincias argentinas entre 1964 y 2014, Alejandro Izquierdo, Carlos Végh y otros economistas estimaron que cada peso de obra pública generó 2,03 pesos de producto donde el capital público inicial era escaso, y 0,23 donde abundaba.
Desde 2024 el sector público nacional tiene superávit financiero, es decir que dejó de competir por el ahorro, y aun así la inversión privada retrocedió.
El contraste también se mide en dólares. En 2025 el agro, el petróleo, la minería, el gas y la electricidad dejaron un ingreso neto récord de 47.099 millones de dólares, y el Estado nacional invirtió en obras el equivalente a 2.427 millones: cinco centavos por cada dólar, contra 83 en 2015. Una sociedad de casi 47 millones de personas necesita rutas, energía y agua, y la experiencia de los dos países indica que la inversión privada llega,en gran parte, de la mano del Estado.
* Coordinador del Área de Economía del Instituto Argentina Grande.
