Un nuevo caso de grooming, esta vez en Ushuaia, vuelve a ocupar los titulares. Pero no estamos frente a un hecho aislado, sino ante un problema que exige nuestra atención y, sobre todo, respuestas.
El grooming ocurre cuando una persona adulta contacta a un niño, niña o adolescente por internet, videojuegos o redes sociales y se gana su confianza con engaños, haciéndose pasar muchas veces por otro chico. Su objetivo es sexual, puede buscar obtener imágenes íntimas, e involucrarlos en situaciones sexuales o conseguir un encuentro presencial para cometer un abuso.
En Argentina, esta conducta está tipificada en el artículo 131 del Código Penal.
Las cifras muestran la dimensión del desafío. El 95% de los chicos de entre 9 y 17 años tiene un celular con acceso a internet y el 90% utiliza redes sociales (Kids Online Argentina 2025, UNICEF y UNESCO). Es decir, los chicos ya viven, juegan y construyen vínculos en el mundo digital.
Por eso, debemos entender algo fundamental, que un chico esté en su casa, con un celular en la mano, no significa que esté protegido. Los riesgos también están detrás de una pantalla.
La primera herramienta de prevención es el diálogo. Tenemos que hablar con niños y niñas, explicarles cómo funcionan estos engaños y, fundamentalmente, generar confianza para que puedan pedir ayuda sin miedo a recibir un reto o a ser juzgados.
Pero la responsabilidad no puede recaer solamente en las familias.
Después de muchos años trabajando en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, tengo una convicción, los problemas complejos no se resuelven con respuestas aisladas. Son necesarias instituciones que trabajen juntas, compartan información y sepan cómo intervenir.
Por eso, sería de suma importancia crear una Red de Protección Integral en los Espacios Digitales que articule a escuelas, clubes, centros de salud, organismos de protección, fuerzas de seguridad y al sistema de Justicia. Una red que permita prevenir, detectar situaciones de riesgo, recibir denuncias y acompañar a las víctimas.
También son necesarias políticas públicas concretas; equipos especializados en la temática, canales de denuncia accesibles, mecanismos de investigación y asistencia inmediata. Las empresas tecnológicas deben asumir su responsabilidad y ofrecer herramientas eficaces para prevenir y denunciar estos abusos.
Por último, es fundamental contar con estadísticas nacionales, confiables y con criterios comunes. Saber cuántos casos existen, dónde ocurren y cómo evolucionan es indispensable para tomar decisiones, diseñar políticas y asignar recursos.
Porque no alcanza con reaccionar cada vez que un caso llega a los medios.
Tenemos que anticiparnos, construir respuestas y fortalecer una red de protección que llegue antes que el daño.
Los chicos ya están en el mundo digital: nuestra responsabilidad es garantizar la protección de sus derechos y que puedan jugar, aprender y relacionarse también allí sin temores.
La protección de las infancias no puede detenerse en la pantalla
