Una coalición integrada por 30 organizaciones judiciales, empresarias y de la sociedad civil, junto con destacados juristas y más de 200 referentes políticos e institucionales, reclamó al Consejo de la Magistratura de la Nación una reforma del sistema de selección de jueces para reducir la discrecionalidad y garantizar que los cargos sean asignados principalmente según los antecedentes y los resultados de los exámenes.
La iniciativa, presentada en noviembre de 2026 bajo el título Cómo se Eligen los Jueces: Concursos Justos, solicita limitar a un máximo de 20 puntos la incidencia de las entrevistas personales, siguiendo una propuesta impulsada por los ministros de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Qué reclaman las organizaciones al Consejo de la Magistratura
La declaración comienza con una definición sobre los principios que deberían regir el funcionamiento del Poder Judicial. "Queremos que la justicia funcione mejor. Creemos en la democracia y en el respeto a la ley", expresaron los firmantes.
El documento sostiene que el procedimiento actual permite que las evaluaciones personales modifiquen significativamente la posición alcanzada por los postulantes durante las etapas previas del concurso.
"Hoy eso no siempre se cumple. Se usan criterios distintos para decidir quién llega a la entrevista personal, la cual termina siendo definida por criterios discrecionales y el mérito del concurso queda sin efecto", advierte el texto.
Frente a esta situación, los impulsores formularon un pedido concreto: "Solicitamos al Consejo de la Magistratura que actúe con urgencia para modificar el reglamento de selección de jueces, limitando a un tope de 20 puntos la incidencia de la entrevista en el resultado".
Qué propone la Corte Suprema para cambiar los concursos judiciales
El reclamo retoma la Acordada 4/2026 de la Corte Suprema, presentada en marzo por Rosenkrantz y Lorenzetti. El proyecto propone un sistema de evaluación de 200 puntos en total, de los cuales solamente 20 corresponderían a la entrevista personal.
Los restantes puntos quedarían vinculados a instancias de evaluación técnica y antecedentes, mediante criterios previamente establecidos.
La iniciativa también contempla exámenes anónimos, concursos anticipados y un sistema de calificación de antecedentes más preciso, con el objetivo de evitar modificaciones arbitrarias en el orden de mérito.
En su presentación, los ministros plantearon que la entrevista debería evaluar las aptitudes del candidato para ejercer la magistratura, sin convertirse en una nueva instancia de conocimientos jurídicos.
Qué organizaciones y empresarios respaldan la iniciativa
La declaración reúne adhesiones de instituciones vinculadas con el ámbito judicial, la transparencia institucional y la actividad económica.
Entre las organizaciones aparecen la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, CIPPEC, FORES, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y el Colegio de Abogados de Córdoba.
También participan importantes entidades empresariales como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Sociedad Rural Argentina, IDEA, AmCham y la Asociación de Bancos de Argentina (ABA).
El documento cuenta además con el respaldo de juristas como Roberto Gargarella, María Angélica Gelli, Daniel Sabsay, Alberto Bianchi, Juan Carlos Cassagne y Antonio María Hernández.
Entre los adherentes individuales figuran dirigentes de distintos espacios políticos, como Rogelio Frigerio, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, Ernesto Sanz, Gabriela Michetti, Mónica Fein, Omar Perotti y Graciela Ocaña.
Por qué vinculan la independencia judicial con el crecimiento económico
Los impulsores sostienen que el método de selección de magistrados tiene consecuencias que exceden el funcionamiento interno de los tribunales.
"Achicar al máximo el margen de decisión discrecional es el primer paso para garantizar la independencia judicial, que es la base de nuestras instituciones republicanas", señala la declaración.
El texto también vincula la independencia de los jueces con la igualdad ante la ley, la protección de los derechos individuales, los límites al abuso de poder y la posibilidad de investigar hechos de corrupción sin presiones.
En materia económica, las entidades destacan que la previsibilidad jurídica constituye una condición relevante para promover inversiones, crecimiento y generación de empleo.
Cómo adherir a la campaña Más Mérito, Más Justicia
Además de presentar el reclamo institucional, las organizaciones lanzaron una convocatoria pública para reunir adhesiones de ciudadanos interesados en respaldar la reforma.
La campaña se desarrolla bajo las consignas #MasMeritoMasJusticia y #JusticiaIndependiente.
