La crisis política en Paraguay entró este viernes en una instancia decisiva, cuando el Senado rechazó el pedido de prórroga de 72 horas presentado por Santiago Peña para preparar su defensa en el juicio político que puede terminar con su destitución. Además de desestimar el planteo del mandatario, el cuerpo legislativo admitió por unanimidad las pruebas presentadas por los fiscales con 41 votos a favor, e incorporó los documentos, informes y antecedentes al expediente.
Ahora, con 39 votos en contra, le concedió apenas 30 minutos para presentarse. Peña no acudió al recinto, pero sus abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda llegaron para asumir su representación.
Denunciaron irregularidades en los plazos y las condiciones del procedimiento. "Existen violaciones básicas del debido proceso, entre ellas el plazo", sostuvo Preda. Comparó los tiempos concedidos a Peña con antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuestionó la posibilidad de preparar una respuesta con la documentación recibida pocas horas antes.
"Claramente hubo crisis de un banco", reconoció, aunque diferenció esa situación de las responsabilidades que la acusación pretende. "Este libelo no trae ninguna prueba. Recórranlo buscando elementos. No hay", afirmó.
Por su parte, Ferreiro centró parte de su exposición en la renuncia presentada por el mandatario. "El requisito para el juicio político es ser funcionario. Cesa cuando el funcionario renuncia", argumentó. Y utilizó una comparación para reforzar su planteo: "Es como demandar a un señor que ya te pagó. Él renuncia a sus privilegios y se somete".
Que pasó con el Ueno Bank en Paraguay y qué sucederá con los ahorros de casi 3 millones de clientes
De qué acusan a Santiago Peña y qué papel tiene Ueno Bank
El punto de partida de la acusación es la crisis de Ueno Bank, una entidad financiera ligada al Grupo Vázquez, en la que Peña tuvo participación accionaria antes de llegar a la Presidencia.
Su libelo acusatorio reúne los cuestionamientos en cinco ejes. El primero investiga un presunto conflicto de intereses, la utilización del aparato estatal en beneficio de determinados sectores y el debilitamiento de los controles sobre las llamadas "puertas giratorias". Otro capítulo apunta a una supuesta manipulación de las reglas financieras y el manejo de los fondos jubilatorios. En particular, se cuestionan las operaciones del Instituto de Previsión Social (IPS) con Ueno Bank y si las colocaciones de dinero respetaron los límites y las condiciones que establece la normativa.
A su vez, también busca los límites de financiamiento de Ueno Bank y el papel del Banco Central del Paraguay. Los legisladores sospechan que la entidad financiera habría superado los topes crediticios permitidos y apuntan a un posible encubrimiento por parte del organismo encargado de supervisar y controlar el sistema bancario.
También incluye sospechas de beneficios patrimoniales indebidos y posibles indicios de enriquecimiento ilícito. A ese planteo se suma la preocupación por el impacto de la crisis sobre la credibilidad del sistema financiero paraguayo y el riesgo de que los problemas de una entidad terminen repercutiendo en otras instituciones y en la economía en general.
Entre los montos mencionados por los legisladores aparecen US$860 millones cuya presunta desaparición forma parte de las denuncias, de los cuales US$350 millones corresponderían a ahorros previsionales.
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