Tras una prórroga pedida por el abogado Martín Magram, este miércoles por la mañana se presentó a declarar en los tribunales federales de Comodoro Py Jonathan Kovalivker, accionista de la droguería Suizo Argentina. Presentó un escrito y se retiró a las 11 sin hacer declaraciones a la prensa.
Posteriormente hizo lo propio su hermano Emanuel.
Los Kovalivker son los primeros integrantes de una extensa lista de unos 40 convocados a indagatoria por el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo en la causa por sobreprecios en la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La convocatoria original estaba pausada para el jueves 29 pero se postergó a pedido del abogado Magram. PERFIL consultó con fuentes de tribunales que dijeron que, al cierre de esta nota, ningún abogado había pedido una nueva prórroga.
En una resolución a la que tuvo acceso PERFIL, Lijo se refirió a los abogados de los imputados y señaló que podrán proponer un defensor particular; Si no, se les asignará un defensor oficial . Además, a pedido del fiscal Picardi, Lijo decretó la inhibición general de bienes de 36 de los 40 imputados, entre ellos los Kovalivker y empleados jerárquicos de la droguería Suizo Argentina. Argumentó que se trata de “evitar que el tiempo del proceso frustre el posible recupero de activos y las eventuales restituciones y/o indemnizaciones civiles”.
Fuentes judiciales ligadas a la causa confiaron a PERFIL que el pedido de indagatoria a los dueños y empleados jerárquicos de la droguería Suizo Argentina se dio porque se demostró que la empresa “capturó completamente una agencia estatal (la ANDIS) para ponerla al servicio de sus intereses económicos”. “Las decisiones institucionales de la ANDIS fueron tomadas por la Suizo Argentina SA en coordinación con los altos funcionarios a cargo”, afirmaron las fuentes.
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Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), asignaron una fecha a esa “cooptación” de la Suizo Argentina sobre la ANDIS: entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Para los fiscales, la compañía “tomó decisiones institucionales, controló las compras de medicamentos de alto costo y administró un esquema de cartelización compuesto por otras 14 firmas”. Eso, dijeron, le permitieron vender medicamentos más caros y con sobreprecios. En 15 meses fue la empresa privada que más dinero recibió de la agencia, un total de $137.118.708.357.
Pedido de juicio al jefe de Seguridad de Nordelta
Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro, rechazó el pedido para acceder a una “probation” -suspensión del juicio a prueba- al jefe de seguridad de Nordelta, Claudio Ariel De Vincentis, señalado por haber obstaculizado el trabajo de la Justicia entre la noche del 21 de agosto y la mañana del 22, cuando el juez Sebastián Casanello había dispuesto el allanamiento del domicilio de Jonathan Kovalivker.
De acuerdo a la imputación, De Vincentis llamó con insistencia a sus empleados. Según informó La Nación hubo una comunicación que atendió el comisario a cargo del operativo Lucas Alberetti en la que De Vicentis se presentó como supervisor y quiso averiguar a dónde se dirigía la comitiva judicial. Hay un registro de una llamada de las 00.42 del 22 de agosto en la que el justiciero Hugo Martín Bogarín atendió a De Vicentis y le dijo que buscaban a los Kovalivker, antes de que le quitaran el teléfono. Tres minutos después, Jonathan Kovalivker salió del barrio.
Desde la droguería Suizo Argentina dijeron que se dirigía al allanamiento de las oficinas de la empresa.
A quien sí detuvieron cuando intentaba fugarse del country Nordelta fue al hermano de Jonathan, Emmanuel, quien pretendía huir con 266 mil dólares en sobres de papel madera y 7 millones de pesos.
Este miércoles darán su versión de los hechos en Tribunales.
