El escándalo en el que quedó envuelto el presidente Javier Milei y sus funcionarios por la criptomoneda $Libra complica cada vez más al Gobierno y la oposición aprovecha la oportunidad. El kirchnerismo presentó este martes en el Senado un proyecto para revocar las facultades delegadas al Presidente y en Diputados exigen que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, vaya a dar explicaciones por las afirmaciones presidenciales en la última entrevista.
En menos de una semana, Unión por la Patria suma una batería de iniciativas legislativas contra el Gobierno. Al pedido de juicio político presentado el lunes en la Cámara de Diputados se suman dos para que se le quiten las facultades delegadas a Milei que fueron otorgadas a través de la Ley Bases el año pasado. Estos últimos dos proyectos fueron promovidos, en la Cámara Baja, por Victoria Tolosa Paz y Cecilia Moreau, y en la Cámara de Senadores por los dos bloques del peronismo, Unidad Ciudadana y Frente Nacional y Popular.
“Un presidente involucrado en una estafa masiva es un mono con navaja y no puede tener facultades extraordinarias” expresó el senador de UxP, Eduardo “Wado” de Pedro, en sus redes donde acompaña el proyecto firmado por sus pares, Lucía Corpacci, Juliana Di Tullio y José Mayans. La iniciativa se enmarca en las denuncias que apuntan a Milei como partícipe del fraude con la criptomoneda y a los sobornos que habrían recibido sus funcionarios para habilitar las reuniones con él como jefe de Estado.
El proyecto busca revocar las facultades delegadas por el Congreso al Presidente a través de la Ley 27.742, que fueron otorgadas durante 1 año en julio de 2024, con lo que aún le quedarían casi 5 meses de ese poder extraordinario.
Además propone eliminar las autorizaciones al Poder Ejecutivo para modificar o intervenir los fondos fiduciarios, los organismos descentralizados, las empresas y las sociedades del Estado, que también fueron preestablecidas en la Ley Bases. Por último, los senadores exigen un informe sobre cómo Milei utilizó las facultades delegadas hasta ahora.
“Revóquese las facultades delegadas al Poder Ejecutivo Nacional dispuestas en los artículos 1, 3 y 4 de la ley 27.742”, dice el proyecto. Actualmente los bloques de UxP suman 33 senadores, por lo que quedan a solo 3 votos de la mayoría absoluta en ese cuerpo legislativo para lograr la media sanción.
Al mismo tiempo que acumula acusaciones en su contra, el oficialismo intenta mantener la agenda que tenía preestablecida para esta semana. El jueves Milei viaja con una comitiva de funcionarios a Washington y, en el Senado, Victoria Villarruel mantiene la convocatoria para tratar suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. La Libertad Avanza pretende sumar los pliegos de Ariel Ligo. Mañana a las 10 se terminará de definir el temario en la reunión de Labor Parlamentaria.
Exigen explicaciones de Cúneo Libarona por la supuesta defensa a Milei
En Diputados, el legislador Eduardo Toniolli de UxP presentó un pedido para que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ofrezca explicaciones luego de que Milei en la entrevista que le realizó Jonatan Viale afirmara que el funcionario participaría en la defensa de él como posible imputado en las causas por estafa que tramitan ante la jueza, María Servini.
“Anoche Caputo interrumpió la entrevista cuando Milei explicaba que Cúneo Libarona estaba planificando su defensa técnica. Presenté un proyecto exigiendo la presencia del Ministro de Justicia en Diputados: el peculado de servicios está penado por el art. 261 del Código Penal”, señaló el dirigente de Movimiento Evita en sus redes sociales.
El método Karinus: cómo funciona la purga oficial
El proyecto indica: “El ministro de Justicia no es empleado ni abogado personal del Presidente de la Nación, sino que representa -en lo que a los objetivos citados atañe- al Poder Ejecutivo Nacional. Si, eventualmente, el Presidente de la Nación tiene que defenderse técnicamente en una causa penal, corresponde que contrate a un abogado”.
En la Cámara Baja, el kirchnerismo también promueve un nuevo juicio político, pero es una iniciativa más difícil de lograr porque requiere de una mayoría agravada que hasta el momento, los sectores opositores dialoguistas no se mostraron proclives a acompañar.
LM / Gi
