Osvaldo Bassano sobre el cierre del COPREC: “Se destruye un sistema de resolución de conflictos eficaz y accesible para los ciudadanos”

La decisión del Gobierno de eliminar el COPREC (Sistema de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo) ha generado preocupación en el ámbito de la defensa del consumidor. Ante este panorama, este medio dialogó con Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores, quien remarcó que esta medida representa un retroceso en la protección de los ciudadanos y beneficia a las grandes empresas.

El COPREC fue creado por la Ley 26.993 como un mecanismo obligatorio de conciliación previa en conflictos de consumo, con el objetivo de evitar congestiones en la vía judicial. Según Osvaldo Bassano, su eliminación “destruye un sistema de resolución de conflictos eficaz y accesible para los ciudadanos”.

El abogado destaca que la Constitución, a través del artículo 42, obliga al Estado a garantizar medios para resolver conflictos de los consumidores. “Este sistema ofrecía un proceso gratuito y rápido, donde el consumidor podía reclamar sin necesidad de incurrir en grandes gastos legales”, explicó.

¿Quiénes se benefician con la eliminación del COPREC?

Para Bassano, la eliminación de este sistema solo favorece a las grandes corporaciones. “La medicina prepaga, los bancos y las empresas de servicios públicos fueron sancionados en numerosas ocasiones por abusos contra los consumidores. Sin este sistema, estas empresas quedan con mayor libertad para actuar sin controles”, afirma.

Además, el entrevistado señaló que el COPREC imponía sanciones a reincidentes, lo que ayudaba a regular el comportamiento de empresas con prácticas abusivas. “Las multas y registros de reincidencia molestaban a las grandes compañías, y ahora se les ha quitado un freno importante”, advirtió.

El argumento del Gobierno para ejecutar la eliminación del COPREC

El Gobierno justifica la eliminación del COPREC argumentando que se busca reducir costos y burocracia, con un supuesto ahorro de $650 millones anuales. Sin embargo, Bassano desmintió esta justificación: “No existían organismos duplicando tareas. La conciliación era un paso obligatorio antes de iniciar una acción judicial, y su eliminación deja a los consumidores sin opciones accesibles para reclamar”.

El abogado advirtió que, sin este mecanismo, los ciudadanos ahora deberán recurrir a mediadores privados, lo que implicará costos adicionales. “Se trata de un modelo que encarece el acceso a la justicia para el ciudadano común y facilita la impunidad de las grandes empresas”, sentenció.