El exsenador Antonio Barrios, nuevo vicepresidente de la República, reveló que fue él quien recibió un informe anónimo donde se advertía sobre la grave situación patrimonial del Ueno Bank y que ese fue el punto de partida del pedido de informe al Banco Central del Paraguay (BCP) que presentó junto a otros dos senadores del Partido Colorado.
Se trataba del documento conocido como “Informe Rivarola”, ya que había sido redactado a mediados de este año por Fernando Rivarola, gerente de Supervisión del Banco Central del Paraguay (BCP). Allí se advertía sobre severos descalces patrimoniales en el Ueno Bank, operaciones de crédito de alto riesgo y sobregiros sin garantías otorgados a empresas del mismo grupo corporativo. En concreto, se decía que la entidad no tenía solvencia.
El martes, los senadores enviaron ese informe al BCP, quien si bien en su momento lo había ocultado, desplazando incluso a Rivarola de su cargo, tuvo que actuar.
Frente a la presión social y del Partido Colorado, el BCP anunció la intervención de Ueno Bank. El índice de solvencia de la entidad privada había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.
Ese mismo día, cerca de tres millones de clientes del Ueno perdieron el acceso a sus cuentas y comenzó la corrida con protestas frente a la entidad. El banco tenía cerca de tres millones de clientes en un país de 6,4 millones de habitantes. También manejaba fondos del Instituto de Previsión Social y del Ministerio de Economía y Finanzas.
Derrumbe. El miércoles, la Fiscalía ordenó la detención de los ocho máximos directivos del banco. En paralelo, el presidente Santiago Peña le pidió la renunció el titular del Banco Central, Carlos Carvallo. Un dato crudo: Carvallo había presidido la financiera Ueno antes de asumir al frente del organismo regulador.
Con los depósitos inmovilizados, Peña promulgó una ley para devolver la mayor parte del dinero de los ahorristas en una semana. Ese mismo miércoles, 35 diputados, entre opositores y disidentes del oficialismo, presentaron una acusación para someter a juicio político al mandatario y al vicepresidente Pedro Alliana.
A Peña le atribuyeron un conflicto de intereses y lo acusaron de favorecer al banco con decisiones regulatorias y depósitos de fondos previsionales.
El jueves, acorralado por el escándalo y las manifestaciones, el presidente renunció. Peña, que asumió en 2023 con mandato hasta 2028, fue accionista hasta marzo del año pasado del Grupo Vázquez, que controla Ueno Bank.
El viernes, el Congreso rechazó la renuncia de Peña y le inició un juicio político que terminó con su destitución. Ayer, la Fiscalía lo imputó por lesión de confianza y administración en provecho propio y le pidió su prisión preventiva.
