Quien pasó una tarde de enero en una playa del Anisacate conoce su mecánica sin saberlo: el agua deposita arena donde pierde fuerza y, en otros sectores, cava el piletón donde se zambullen los chicos. Esa coreografía, que el Valle de Paravachasca ofrece como postal, es lo que una licitación provincial propone alterar en 14,6 kilómetros, entre los puentes de las rutas 5 y 36.
Según el aviso del Boletín Oficial del 25 de septiembre, la obra de sistematización y readecuación del cauce tiene un presupuesto oficial de $2.514.367.950, a valores de agosto, y 240 días corridos de plazo. La protección de viviendas y terrenos privados es el argumento que sostiene la Provincia. La Memoria Descriptiva de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHi), firmada en agosto, lo explica: en una cuenca de aporte de unos 870 km² sin embalse que regule los picos, las lluvias intensas de verano provocan crecidas repentinas y en las curvas el caudal ordinario socava la margen externa, con viviendas amenazadas en inmediaciones de Anisacate, especialmente en la zona de Costa Azul.
También afirma que otros estudios —aunque no cita cuáles— evidenciaron que desviar el caudal ordinario reduce la erosión, por lo que plantea alejar esa corriente de los bordes erosionados y favorecer el depósito de sedimentos y la recuperación de vegetación.
El proyecto prevé excavar un canal de unos 20 metros de ancho de fondo, con taludes de dos metros horizontales por cada metro vertical y la base a 1,30 metros bajo el nivel ordinario. Seguiría un trazado con menos curvas, que aleje la corriente de las orillas erosionadas.
Sin embargo, modificar el cauce del río podría implicar mucho más que un cambio del paisaje. La memoria oficial no presenta simulaciones del nuevo trazado frente a distintos escenarios de crecida, ni de sus efectos sobre el transporte de sedimentos. Actuar sobre el desgaste cotidiano deja por resolver qué ocurrirá cuando el río aumente su caudal.
Un estudio de la ingeniera agrónoma Alicia Barchuk, que analiza el río entre Villa Los Aromos y Despeñaderos, advierte que la rectificación puede trasladar el peligro hacia otras comunidades, como Dique Chico o Despeñaderos. Además, cuestiona la intervención continua para resolver problemas localizados y exige evaluar sus consecuencias en el conjunto del sistema antes de que ingrese la maquinaria.
Dinámica
La explicación empieza en una curva. En su lado externo, el agua suele erosionar la margen; en el interno deposita materiales. El Anisacate, además, tiene canales y bancos de sedimentos que se reorganizan: es un río “entrelazado”, según el geólogo Ricardo Astini, investigador del Conicet y profesor de la UNC. Si se acorta el recorrido y se mantiene el desnivel, aumenta la pendiente y puede crecer la capacidad de arrastre. Sería como convertir un sinuoso camino de montaña en una rampa. Pueden producirse excavación del lecho, erosión que avance hacia aguas arriba y depósitos de sedimentos aguas abajo.
Los informes consideran insuficiente evaluar una sección aislada. El río comprende las superficies sobre las que se expande en las crecientes, sus afluentes y el material que transporta. Una intervención puede aliviar la erosión en un punto y modificar velocidades, tiempos de llegada del agua o condiciones de desgaste en otro. Para Dique Chico y los sectores hacia Despeñaderos, esa transferencia potencial del riesgo es una advertencia concreta.
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Costa Azul ya conoce las consecuencias de un cambio de recorrido. Barchuk recupera investigaciones del Instituto Nacional del Agua (INA) sobre el corte de un meandro durante una crecida en 1992, seguido por erosión severa y daños en viviendas. Un informe del organismo de 2011 vinculó el acortamiento del cauce y el cambio de pendiente con la inestabilidad en Costa Azul y Dique Chico. Ese antecedente local da sustento a la exigencia de estudiar la respuesta del Anisacate.
Impactos
También pesa dónde quedará lo excavado. El estudio de Barchuk cifra la excavación en unos 433 mil metros cúbicos. La memoria oficial dispone depositar ese material en las márgenes, acondicionando superficies laterales cada 500 metros como mínimo y priorizando áreas erosionadas. Indica que esa tarea debe evitar el arrastre durante las crecientes. La estabilidad de esos depósitos necesita demostrarse: el suelo removido permanecerá junto al agua que puede volver a movilizarlo.
Para quien llega con una reposera, la discusión tiene una traducción inmediata. Las playas, los remansos y la sombra hacen del Anisacate un lugar para pasar el día. Cambiar la geometría del cauce y remover vegetación puede alterar esos usos, además del paisaje que atrae visitantes a Paravachasca. El efecto podría alcanzar a la vida cotidiana, los campings, las cabañas y la gastronomía. Sus consecuencias necesitan evaluación, aunque todavía no estén cuantificadas.
El pliego permite dimensionar el tipo de intervención: asigna 80,22% de la estructura de costos a excavación y 16,96% a limpieza y desmalezado. Conocer la superficie de vegetación afectada y las medidas para conservar y restaurar la ribera resulta necesario para evaluar la transformación del entorno.
Prevención: exigen comparar soluciones
Barchuk y organizaciones de la cuenca impulsan una solicitud de suspensión precautoria hasta completar evaluaciones integrales, comparar alternativas y garantizar participación antes de una transformación difícil de revertir.
En coincidencia, Ricardo Astini sostiene que, con la documentación provincial conocida, no está demostrada la necesidad ni la conveniencia de ejecutar una rectificación integral de esa extensión. Antes de avanzar, exige completar el diagnóstico y comparar soluciones.
En una entrevista con Radio Tortuga de Alta Gracia, el abogado ambientalista Darío Ávila recordó el fundamento de esa exigencia: “Las normas ambientales son de naturaleza preventiva: tienen por objeto impedir que los daños ambientales se produzcan”. La Ley General del Ambiente exige evaluar previamente las obras capaces de causar una degradación significativa y dispone consultas o audiencias públicas para autorizar actividades con efectos negativos de esa magnitud.
El artículo 24 del pliego condiciona el inicio de los trabajos al cumplimiento de la evaluación de impacto ambiental cuando resulte exigible. Entre los documentos examinados no figuran el estudio aprobado ni constancias de audiencia. Una cláusula contractual no acredita que el procedimiento esté cumplido. Ávila recomienda pedir información pública para establecer su estado y considera el amparo una posible vía frente a incumplimientos.
Las alternativas expuestas por los especialistas incluyen defensas localizadas donde exista riesgo comprobado, restauración de vegetación, alertas tempranas y monitoreo de las márgenes. Incluso, Barchuk contempla relocalizaciones voluntarias en situaciones extremas. También proponen comparar la rectificación con un manejo de puntos críticos que considere costos futuros y efectos fuera del sector intervenido. El criterio que surge de los estudios es proteger a las poblaciones sin trasladar la amenaza a otras: esa es la seguridad que debe acreditarse antes de transformar el río.






