En un fallo firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que la justicia ordinaria de la provincia de Córdoba debe continuar al frente de la investigación seguida contra el empresario Alicio Dagatti, dueños del frigorífico Livorno SA.
El máximo tribunal dispuso remitir las actuaciones al Juzgado de Control y de Faltas N° 7 de la ciudad de Córdoba, ratificando lo dictaminado por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Ezequiel Casal.
La decisión de la Corte representa un duro revés para la estrategia judicial de la defensa encabezada por el exministro de Justicia de la Nación y exasesor del Poder Judicial de Córdoba, Germán Garavano, quien promovió el pase del expediente a la órbita de la justicia federal.
Gavier elevó a juicio al empresario Alicio Dagatti por vender carne en mal estado a las cárceles
El dictamen del procurador Casal
Para resolver el conflicto de competencia entre la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penaly el juzgado provincial, la Corte Suprema hizo suyos los fundamentos presentados por el procurador Casal en su dictamen.
El jefe de los fiscales subrayó que los principales delitos objeto del proceso —tales como asociación ilícita y tráfico de mercaderías peligrosas para la salud— corresponden a la jurisdicción ordinaria provincial.
Respecto a los presuntos delitos vinculados a la Ley de Estupefacientes, Casal detalló que el único hecho acreditado en la causa (el hallazgo ocurrido el 26 de diciembre de 2023 de 1.775 gramos de marihuana y 9 gramos de cocaína ocultos bajo una media res de carne en un camión que ingresaba al Complejo Carcelario de Bouwer) ya fue juzgado por la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba como narcomenudeo. En efecto, el chofer Néstor Roberto Lucero fue condenado. Por consiguiente, concluyó que no existen elementos objetivos que justifiquen desplazar la investigación al fuero federal.
La presunta asociación ilícita
La causa principal tiene como imputados a los empresarios Alicio Osvaldo Dagatti y Alicio Ignacio Dagatti (propietarios de Livorno S.A.), a Luis María Mina (director de la firma), a Ramón Alexis Farías (funcionario del complejo carcelario) y a Maximiliano Gastón Irusta (empleado de transporte).
Estalló en diciembre de 2023 cuando se detectó a un camión, que debía proveer carne al complejo penitenciario de Bouwer, con elementos prohibidos escondidos en las medias reses. Desde entonces intervino el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, y el Juzgado de Control N°7, a cargo de José Milton Peralta. En paralelo, un desglose referido a narcotráfico quedó radicado en la fiscalía especializada de Paulina Lingua.
De acuerdo con las actuaciones del Juzgado de Control N° 7, la cúpula de Livorno S.A. está acusada de organizar una agrupación ilícita para ingresar elementos prohibidos a la cárcel de Bouwer —como teléfonos celulares, accesorios, bebidas alcohólicas y drogas— en los camiones encargados de abastecer de carne al penal, además de haber provisto sistemáticamente productos cárnicos en mal estado con la connivencia del ecónomo del módulo penitenciario.
Aunque en enero de 2025 la defensa de los Dagatti interpuso un planteo de inhibitoria para trasladar el caso a la justicia de excepción alegando supuestas infracciones de escala federal, la resolución definitiva del máximo tribunal dejó firme la competencia del fuero ordinario cordobés para juzgar los hechos.









