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César Litvin: “En los últimos 25 años aumentaron los impuestos, pero no mejoraron los servicios”

El tributarista analizó el proyecto que propone eliminar el impuesto inmobiliario urbano provincial y explicó cuánto costaría la medida y qué gastos se buscaría reducir para compensar la pérdida de recaudación. Además, señaló a Ingresos Brutos y al impuesto de Sellos como los tributos que considera prioritarios para reformular.

César Litvin: “En los últimos 25 años aumentaron los impuestos, pero no mejoraron los servicios”
Hoy 15:38

La posibilidad de eliminar el impuesto inmobiliario urbano provincial abrió un nuevo debate sobre la política tributaria de Córdoba y el financiamiento del Estado. La iniciativa propone suprimir ese tributo y los cargos adicionales destinados a seguridad ciudadana, además de compensar a los municipios para que no pierdan los recursos que reciben por coparticipación.

En dialogo con Punto a Punto Radio, el tributarista César Litvin, analizó el alcance de la propuesta “Conceptualmente me gusta el cambio de enfoque de bajar el gasto para bajar un impuesto”, sostuvo. Y agregó: “Todo impuesto que se baje es bienvenido, teniendo en cuenta que en los últimos 25 años ha habido un desborde de impuestos que afecta al bolsillo de toda la gente”.

Para Litvin, uno de los aspectos centrales del proyecto es que propone modificar la discusión sobre cómo financiar el presupuesto provincial. “En lugar de discutir cuánto debe aumentar un impuesto para financiar el presupuesto, propone discutir cuánto va a ser el gasto público que debe reducirse para eliminarlo”, explicó.

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El especialista identificó tres aspectos relevantes de la iniciativa. En primer lugar, Litvin destacó el cambio de enfoque sobre el financiamiento estatal: “En lugar de discutir cuánto debe aumentar un impuesto para financiar el presupuesto, propone discutir cuánto va a ser el gasto público que debe reducirse para eliminarlo”.

En segundo término, señaló que la iniciativa “plantea eliminar un impuesto patrimonial que grava la propiedad, independientemente de si tiene o no rentabilidad, independientemente de la capacidad contributiva”, explicó. Sobre este punto, recordó que el inmobiliario provincial convive con otros tributos que alcanzan a los propietarios: “Este es un impuesto que coexiste con algunos tributos parecidos que gravan los municipios, y además en algunos casos, contribuyentes que pagan este impuesto inmobiliario, pagan un impuesto municipal, también pagan impuestos sobre los bienes personales que gravan la tenencia de bienes”.

Por último, destacó la compensación prevista para los municipios, que procura evitar que la reducción tributaria termine trasladándose a los municipios mediante mayores tasas, dándole una compensación a los municipios”, precisó.

Ingresos brutos y sellos

Aunque consideró positiva la propuesta, el tributarista planteó que "el inmobiliario no necesariamente debería ser el primer impuesto provincial en la lista de reformas". En cambio, mencionó a Ingresos Brutos y al impuesto de Sellos como dos tributos que deberían ser reformulados y reducidos.

Sobre Sellos, recordó que tiene un origen histórico muy antiguo: “Nació en el Virreinato del Río de la Plata, es un impuesto que nació en 1638 en España, y todavía sigue vigente en la Argentina”.

Sin embargo, puso el foco especialmente en Ingresos Brutos, al que definió como “el impuesto peor, el más malo, el más tóxico”, por el impacto que tiene sobre la actividad económica y porque, según explicó, se traslada completamente al consumidor.

Para dimensionar su crecimiento, comparó su peso en la economía: en 2001 representaba el 1,9% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que actualmente equivale al 4,1%. “En las últimas décadas han subido mucho los impuestos, en exceso”, remarcó. Y cuestionó que ese incremento no se haya traducido en una mejora proporcional de los servicios que presta el Estado.

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Durante la entrevista, Litvin precisó que el costo fiscal estimado de eliminar el impuesto inmobiliario sería de 144.600 millones de pesos. En tanto, el ahorro que contempla el proyecto alcanzaría los 264.000 millones de pesos. Entre los rubros que se propone reducir aparecen los gastos en publicidad, comunicación y promoción; las agencias provinciales; la estructura política y el funcionamiento de la Legislatura, además de las comisiones bancarias.

“En principio habría que ver si estos rubros que serían reducidos no afectan la calidad del servicio”, advirtió. No obstante, consideró que algunos recortes, como los vinculados con publicidad y promoción, podrían realizarse sin comprometer las prestaciones esenciales.

Para el especialista, la reducción del gasto debe ser cuidadosa y no puede deteriorar los servicios que necesita la población. “El gasto público que no sea tan esencial, que sea un gasto público que se pueda ir eliminando sin afectar la prestación de los servicios”, planteó.

En esa línea, sostuvo que las provincias necesitan revisar sus estructuras para mejorar su competitividad, atraer inversiones y generar empleo. “Me parece que es la hora, es el momento en que las provincias empiezan a ser competitivas para traer inversiones y para generar más empleo, siendo muy cautos y muy austeros en el gasto público”, afirmó.

El impacto en los municipios y la discusión sobre los servicios

Otro de los interrogantes es cómo quedarán las administraciones municipales si se elimina el inmobiliario provincial, en un contexto en el que distintos intendentes advierten sobre mayores responsabilidades en áreas como salud y asistencia social.

Litvin recordó que el proyecto contempla una compensación para evitar que los municipios pierdan recursos. “Es el gran debate, habría que mirar bien con una lupa el gasto municipal para ver si hay algún gasto que no sea esencial a esta coyuntura”, sostuvo.

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Consultado sobre la posibilidad de que una reducción de impuestos termine afectando las prestaciones estatales. “Lo que ha pasado en los últimos 25 años en la Argentina es que ha aumentado mucho los impuestos, pero no ha mejorado los bienes y servicios que presta el Estado”, afirmó.

Por último, Litvin consideró que la iniciativa se inscribe en una tendencia de competencia entre jurisdicciones para reducir la carga tributaria. Mencionó que, durante la actual gestión nacional, se redujeron impuestos equivalentes a tres puntos del PBI, aunque aclaró que no todas las provincias y municipios siguieron el mismo camino. “Me parece que hoy entramos en una tendencia de competir quién baja más impuestos”, concluyó.

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