Política•Claves de la norma

Nueva Ley de Discapacidad: qué cambia en las pensiones, cómo funciona la compatibilidad con el trabajo y qué pasa con los prestadores

Con la sanción unánime en el Senado, el sistema deja atrás el régimen de emergencia que vencía a fin de año y pasa a tener reglas permanentes. El detalle punto por punto.

Nueva Ley de Discapacidad: qué cambia en las pensiones, cómo funciona la compatibilidad con el trabajo y qué pasa con los prestadores
Senado | NA
Hoy 22:22

La nueva Ley de Discapacidad que el Senado sancionó este jueves por unanimidad marca un cambio de fondo en cómo funciona la asistencia estatal para el sector: deja atrás la lógica de ir prorrogando emergencias año tras año para fijar reglas estables y permanentes. El texto (que ahora el Gobierno tiene 30 días hábiles para reglamentar tras su publicación en el Boletín Oficial) busca llevar previsibilidad tanto a las familias como a los transportistas, terapeutas y centros de día que venían reclamando por atrasos en los pagos y pérdida de poder adquisitivo.

En la práctica, el punto que más impacta en el bolsillo de los titulares es que se garantiza la continuidad de la pensión no contributiva por invalidez laboral o discapacidad, cuyo monto queda atado al 70% de una jubilación mínima y se actualiza de forma automática según la movilidad previsional. Para tramitarla sigue siendo indispensable contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), pasar una evaluación socioeconómica y, en el caso de ciudadanos extranjeros, acreditar al menos cinco años de residencia legal continuada en el país.

Senado aprueba nueva Ley de Discapacidad
| Crédito: Captura

Uno de los cambios más relevantes en la vida cotidiana es que cobrar la pensión deja de ser un obstáculo para conseguir un empleo en blanco. La ley establece que el beneficio es compatible con un trabajo registrado, el monotributo o el régimen general, siempre que los ingresos netos individuales de la persona no superen los dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (un tope que hoy equivale a unos 782.000 pesos). Si el titular gana más que ese límite, el pago se frena automáticamente mientras dure esa situación, pero recupera el derecho a cobrarla de inmediato apenas se quede sin trabajo o bajen sus ingresos.

Para los prestadores de servicios, la norma trae dos definiciones clave: por un lado, blinda el nomenclador único con aranceles unificados y actualización automática por movilidad; por otro, obliga al Ejecutivo a ordenar la deuda acumulada. Si al entrar en vigencia la ley todavía quedan compensaciones pendientes de la emergencia anterior, el Gobierno tendrá 30 días corridos para publicar un cronograma de pagos y deberá cancelar el 100% de esa deuda en un plazo máximo de 90 días corridos. Además, se mantiene la cobertura médica del Programa Federal Incluir Salud para quienes cobran pensión y no tienen obra social.

Como contrapartida, el sistema incorpora controles más estrictos sobre el padrón. La Secretaría Nacional de Discapacidad hará auditorías periódicas cruzando datos con la ANSES, la agencia recaudadora ARCA, el ReNaPer y el SINTyS. Si detecta que alguien dejó de cumplir los requisitos objetivos, podrá suspender el pago de manera preventiva, aunque deberá respetar lo que la ley llama un "debido proceso inclusivo": notificar al titular, darle plazo para hacer su descargo y habilitarle el cobro provisorio mientras se revisa su reclamo.

Para evitar que la ley quede en la nada por falta de plata, el Congreso incluyó un candado presupuestario: prohíbe que el ingreso real por beneficiario caiga respecto del año anterior y obliga a la Jefatura de Gabinete a reasignar fondos del Tesoro si al Ministerio de Salud no le alcanzan las partidas. También exige publicar estadísticas abiertas sobre aranceles, ejecución de fondos y cantidad de pensiones otorgadas.

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Los números detrás de la ley

Más allá de lo que dice la letra de la norma, su aplicación arranca en un escenario delicado para el sector. Según datos oficiales del Ministerio de Capital Humano relevados por Chequeado, entre 2023 y septiembre de 2026 la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez bajó un 5,9% hasta quedar en torno a 1,14 millones de beneficiarios, mientras que el haber promedio perdió un 14,2% de poder de compra frente a la inflación, con más de 200.000 solicitudes todavía esperando respuesta.

En el recinto del Senado, donde la ley salió con 71 votos a favor y ninguno en contra, el debate dejó en claro que la verdadera pelea pasa por el financiamiento futuro. Mientras el senador libertario Agustín Monteverde citó cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que estiman un gasto de 1,2 billones de pesos para 2027, la senadora Alicia Kirchner advirtió que las 427 oficinas de la ANSES en el país pueden quedar desbordadas para gestionar los trámites, ya que casi el 43% se concentra solo en la provincia de Buenos Aires.

A esa preocupación operativa se suma una señal de alarma sobre los recursos médicos para el año que viene. Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtió que el proyecto de Presupuesto 2027 prevé un recorte real del 13,9% respecto de 2026, para el Programa Federal Incluir Salud, lo que llevó a senadores como la radical Mariana Juri a pedir que no se baje la guardia en Diputados para asegurar que los fondos acompañen lo que hoy se votó en el papel.

TC/MSS

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