La petrolera británica Harbour Energy, que opera en Vaca Muerta y quedó en el centro de una fuerte controversia por sus antecedentes en el yacimiento offshore Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, rompió el silencio y aseguró que “no tiene ningún interés en Sea Lion ni desarrolla actividades vinculadas a las Islas Malvinas, y no las tendrá en el futuro”.
El pronunciamiento de la compañía llega semanas después de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentara una denuncia penal contra la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, y su antecesor, Eduardo Rodríguez Chirillo, por haberla habilitado a operar en territorio argentino pese a una inhabilitación administrativa vigente desde 2013.
La presentación judicial de la PIA puso bajo la lupa las autorizaciones otorgadas a Harbour Energy para participar en proyectos hidrocarburíferos locales, al advertir que la firma arrastraría los impedimentos legales impuestos por el Estado argentino hace más de una década por exploraciones ilegales en la plataforma continental.
El eje del conflicto radica en el origen societario de la compañía: la sanción de 2013 recaía originalmente sobre Premier Oil, la petrolera británica que impulsó el desarrollo del bloque Sea Lion en el archipiélago y de la cual proviene Harbour Energy. Según registros societarios del Reino Unido, ambas firmas comparten el mismo número de inscripción legal.
Con esta declaración pública, Harbour Energy busca despejar las objeciones políticas y judiciales que cuestionan su presencia en Vaca Muerta y desligar su operatoria actual en la cuenca neuquina de las exploraciones hidrocarburíferas británicas en el Atlántico Sur.
La defensa de Harbour Energy: cómo explica la sanción por Malvinas que vence recién en 2028
La petrolera británica Harbour Energy salió a defender su operatoria en Neuquén y Tierra del Fuego tras quedar bajo la lupa judicial por una inhabilitación de 15 años dictada en 2013 contra su antecesora jurídica, Premier Oil PLC, que vence recién el 9 de octubre de 2028. Desde la compañía aseguraron que la continuidad con la firma sancionada por explorar sin autorización en las Islas Malvinas es estrictamente “formal” y recordaron que, apenas concretada la fusión que dio origen a Harbour, transfirieron su participación en el proyecto Sea Lion a la israelí Navitas Petroleum por el valor simbólico de USD 1 para desligarse por completo del archipiélago.
En esa línea, el director general de Wintershall Dea Argentina SA, empresa controlada por el grupo británico, Martín Rueda, ratificó la postura oficial de la firma: “Harbour eligió la Argentina. Nuestro negocio en el país se apoya en casi cinco décadas de operación e inversión de Wintershall Dea, y estamos comprometidos a dar continuidad a ese legado mediante una inversión y un crecimiento responsable, en pleno cumplimiento del marco legal y regulatorio argentino. Harbour no tiene ningún interés en Sea Lion ni desarrolla actividades vinculadas a las Islas Malvinas, y no las tendrá en el futuro”.
“Nuestro foco está puesto en la Argentina: desarrollar nuestros activos, acompañar el crecimiento de la producción energética del país y contribuir a que alcance su potencial como gran exportador de energía”, agregó el ejecutivo en medio del escrutinio desatado tras la denuncia penal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) contra autoridades de Energía.
El eje de la controversia radica en la Resolución 481/2013 de la Secretaría de Energía, que prohibió a Premier Oil, y a cualquier sociedad controlada o vinculada económicamente, hacer negocios en el país por operar de forma clandestina en la Plataforma Continental Argentina. Según consta en los registros societarios del Reino Unido, Harbour Energy PLC conserva el mismo número de inscripción que tenía Premier Oil antes de marzo de 2021 (SC234781), dado que nació de la fusión entre Premier y Chrysaor Holdings Limited.
Desde el entorno de la compañía explicaron que conservar esa estructura jurídica respondió a tres razones técnicas y financieras: aprovechar la cotización de Premier en la Bolsa de Londres para evitar un proceso de listado “complicado, caro y lento”, capitalizar beneficios impositivos derivados de su estado de quebranto y acceder a activos clave en el Mar del Norte, cuya compra exigía absorber la totalidad de la empresa con Sea Lion incluido.
Asimismo, detallaron que al recibir una notificación del Gobierno argentino advirtiendo sobre la sanción vigente, Harbour Energy pidió autorización a sus accionistas para desprenderse de inmediato del bloque ubicado al norte de Malvinas, concretando el traspaso a Navitas Petroleum por USD 1 sin obtener ganancia, y procedió a reemplazar al CEO, renovar la totalidad del directorio y modificar la composición accionaria para cortar cualquier continuidad operativa con Premier Oil.
De Premier Oil a Harbour Energy: cómo nació la petrolera y su paso por Sea Lion en Malvinas
El origen jurídico de Harbour Energy PLC se remonta a octubre de 2020, cuando la petrolera británica Premier Oil PLC, sancionada por la Argentina en 2013, y Chrysaor Holdings Limited anunciaron un acuerdo de fusión que se concretó el 31 de marzo de 2021, momento en que Premier absorbió legalmente a Chrysaor mediante una emisión de acciones y cambió su razón social a Harbour Energy.
Aunque en términos contables la operación funcionó como una adquisición inversa que dejó el control ejecutivo y del directorio en manos de los accionistas de Chrysaor, la compañía resultante heredó los derechos y licencias preexistentes de Premier Oil, entre ellos su participación en el yacimiento offshore Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas.
Desde la firma británica sostienen ahora que aquella transacción provocó “cambios sustanciales en el control económico, la estructura accionaria, el directorio, la conducción ejecutiva, los activos y la estrategia de la compañía”. Sin embargo, admitieron por primera vez de manera pública que su salida del bloque ubicado en la Cuenca Malvinas Norte estuvo directamente vinculada con las advertencias oficiales de la Argentina.
“Ese vínculo breve y heredado concluyó por completo cuando, tras ser notificada de la posición del Gobierno argentino, Harbour cumplió con los requerimientos establecidos por las autoridades, inició de inmediato su salida del proyecto y completó la transferencia de la totalidad de su participación en 2022”, indicó la petrolera en un documento de contexto difundido en las últimas horas.
El yacimiento Sea Lion había sido descubierto en 2010 por Rockhopper Exploration y Premier Oil. Diez años después, antes de la fusión con Chrysaor, ambas firmas alcanzaron un primer acuerdo para incorporar a la israelí Navitas Petroleum con un 30% del proyecto, lo que motivó el envío de notas de advertencia por parte del Gobierno argentino bajo las leyes 26.659 y 26.915, que prohíben explorar hidrocarburos en la plataforma continental nacional sin autorización oficial.
Tras completarse la fusión en marzo de 2021 y quedar Harbour Energy dentro del consorcio de Sea Lion, la Cancillería y la Secretaría de Energía iniciaron el 7 de julio de 2021 un proceso sancionatorio contra Chrysaor Holdings Limited, Harbour Energy PLC y Navitas Petroleum LP. Dos meses más tarde, en septiembre de 2021, Harbour comunicó a sus accionistas que el yacimiento no encajaba en su estrategia corporativa y anunció su retiro.
La salida definitiva se firmó en abril de 2022 y se cerró el 23 de septiembre de ese año, cuando Navitas Petroleum, que un mes antes del acuerdo ya había sido declarada clandestina e inhabilitada por 20 años por la Secretaría de Energía argentina, adquirió la totalidad de las acciones de Premier Oil Exploration and Production Limited, quedándose con el 65% y la operación de Sea Lion, mientras Rockhopper conservó el 35% restante.
El nexo histórico entre Harbour Energy, Chrysaor y el proyecto en el archipiélago ya había quedado expuesto en septiembre pasado, a raíz de investigaciones sobre Bluewater, un proveedor estratégico del Oleoducto Vaca Muerta Sur que también presta servicios para la explotación petrolera en las Islas Malvinas.
Cómo opera Harbour Energy en el país: los activos en Vaca Muerta y el trámite clave ante Energía
Más allá de la controversia por sus antecedentes en las Islas Malvinas, Harbour Energy sostiene que su desembarco en la Argentina en 2024, tras adquirir el negocio de exploración y producción de Wintershall Dea, responde a una apuesta estratégica de largo plazo apoyada en casi 50 años de operación ininterrumpida en el país, mientras aguarda por estos días la renovación de su inscripción en el Registro de Empresas Petroleras para iniciar un programa piloto de 16 pozos de petróleo shale en Vaca Muerta. Desde la compañía admiten que el trámite ante la Secretaría de Energía, donde se verifica el cumplimiento de la Ley Malvinas, viene demorando más de lo previsto, “aunque dentro de la demora posible”, un aval indispensable para destrabar sus próximos desembolsos no convencionales.
A través de la compra de la cartera de Wintershall Dea, el grupo británico desarrolla hoy operaciones en Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro. Entre sus principales activos se destacan la concesión offshore Cuenca Marina Austral 1 (CMA-1), que en 2025 produjo un promedio de 52.000 barriles equivalentes de petróleo por día, y participaciones minoritarias en los bloques neuquinos San Roque, con un aporte de 2.500 barriles equivalentes diarios y Aguada Pichana Este, además de un 15% en un proyecto de infraestructura para exportar gas natural licuado (GNL) desde la cuenca neuquina.
Tras haber perforado cuatro pozos de exploración y evaluación junto a otros cuatro pozos piloto, la firma espera el visto bueno oficial que estaba proyectado para fines de 2026 con el objetivo de escalar su producción de crudo no convencional. De obtener esa habilitación, el plan podría ser presentado para acceder a los beneficios fiscales y cambiarios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una alternativa que, no obstante, aún no fue confirmada formalmente por la empresa.
En cuanto a su composición corporativa, Harbour Energy cuenta con una base accionaria global y diversificada encabezada por el gigante químico alemán BASF (16,4%), seguido por Altor Finance (10,4%), Control Empresarial de Capitales, del magnate mexicano Carlos Slim, (5,3%), el fondo BlackRock (4%) y LetterOne (3,8%).
Qué dice la denuncia penal de la PIA por la habilitación irregular a Harbour Energy en Vaca Muerta
El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, denunció penalmente ante la Cámara Federal porteña a la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, al exsecretario Eduardo Rodríguez Chirillo, al subsecretario de Combustibles Líquidos, Horacio Federico Veller, y al apoderado de Harbour Argentina, Tomás Lanardonne, al acusarlos de haber habilitado de forma irregular a la petrolera británica Harbour Energy para realizar “negocios millonarios en el país, a pesar de encontrarse inhabilitada” por explorar hidrocarburos en las Islas Malvinas. La presentación sostiene que las autoridades omitieron deliberadamente la Resolución SE 481/2013, que sancionó por 15 años a su antecesora jurídica, Premier Oil, y permitió así su desembarco en Vaca Muerta y en proyectos de exportación de gas natural licuado (GNL).
En el tramo central del escrito, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) advirtió: “Las autoridades de la Secretaría de Energía omitieron de manera reiterada aplicar la ley 26.659 y la Resolución SE 481/2013 respecto de la empresa Harbour Energy plc. Esta actuación irregular posibilitó que dicha empresa realizara negocios millonarios en el país, a pesar de encontrarse inhabilitada”.
Asimismo, el dictamen cuestionó la falta de controles al autorizar exportaciones estratégicas: “La ausencia de estos mecanismos de control específicos no implica, sin embargo, que los funcionarios encargados de autorizar los proyectos de exportación de GNL no tuvieran el deber de analizar si los solicitantes o sus accionistas estaban inhabilitados por infracción a la ley 26.659. Como ya se ha señalado, esa ley es de orden público y se encuentra vigente, por lo que es de aplicación obligatoria e irrenunciable”.
La investigación se inició en septiembre de 2025 tras una presentación de la legisladora rionegrina María Magdalena Odarda y puso la lupa sobre la compra global de los activos de la alemana Wintershall Dea AG por parte de Harbour Energy en 2024, valuada en USD 11.200 millones. Según el expediente, el contrato incluyó una cláusula denominada “Condición del Perdón Argentino” (Argentine Pardon Condition), que supeditaba el cierre del acuerdo a que la filial local lograra inscribirse en el Registro de Empresas Petroleras, algo que para la fiscalía prueba que las partes conocían el impedimento legal y que solo podía sortearse mediante un acto administrativo irregular.
De acuerdo con la denuncia, Harbour Energy Argentina consiguió inscribirse el 14 de febrero de 2024 y reinscribirse el 26 de diciembre de ese año, mientras que Wintershall Dea Argentina S.A. mantuvo su habilitación tras pasar a control británico el 3 de septiembre de 2024 sin que se actualizara su declaración jurada. De ese modo, Harbour accedió de forma indirecta a los bloques Aguada Pichana Este y San Roque en Vaca Muerta, a la Cuenca Marina Austral 1, a contratos con Cammesa y Enarsa, y a los certificados de libre exportación de GNL por 30 años otorgados en 2025 a Southern Energy (donde posee el 15%) mediante las resoluciones 165/2025 y 353/2025.
La PIA remarcó que los antecedentes de la sanción figuraban en los registros oficiales del organismo, incluyendo un expediente abierto en 2021 contra la propia Harbour, por lo que descartó un mero error administrativo y encuadró los hechos de manera provisoria en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles, posible cohecho pasivo y activo, falsedad documental y responsabilidad penal empresaria bajo la ley 27.401. Finalmente, aclaró que el posterior endurecimiento de controles dispuesto por el Ejecutivo mediante el Decreto 868/2026 del 3 de septiembre de 2026 no exime de responsabilidad penal a quienes intervinieron en las autorizaciones previas.











