La Libertad Avanza logró acercar posiciones con el PRO a partir de una serie de concesiones que le permiten avanzar en las negociaciones por el Presupuesto 2027. El oficialismo busca cerrar un acuerdo con los bloques aliados para firmar dictamen el próximo martes en la comisión de Presupuesto y Hacienda y llevar el proyecto al recinto el miércoles 25 de noviembre.
Aunque las conversaciones con los gobernadores todavía continúan, en el Congreso consideran que el entendimiento está más cerca. El principal canal de negociación se desarrolla entre el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el presidente de la comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, de La Libertad Avanza, quien también funciona como interlocutor con los referentes de las bancadas dialoguistas.
Los tiempos para alcanzar un acuerdo son ajustados. El 20 de noviembre vence el plazo para firmar dictámenes y habilitar el tratamiento del proyecto durante el período de sesiones ordinarias. Si el oficialismo no consigue avanzar antes de esa fecha, el debate deberá trasladarse a las sesiones extraordinarias, que el Gobierno puede convocar a partir del 1 de diciembre.
Durante la reunión que se realizó en el despacho de la Presidencia de la Cámara de Diputados, los referentes del oficialismo y de los bloques aliados terminaron de confirmar el cronograma parlamentario. Sin embargo, el Presupuesto apenas sobrevoló el encuentro, ya que buena parte de las conversaciones estuvo concentrada en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que será el tema central de la sesión prevista para el próximo miércoles.
Los reclamos del PRO que aceptó el Gobierno
Uno de los principales avances de la negociación fue el compromiso del Gobierno de incorporar al Presupuesto 2027 la prórroga de las leyes de autopartismo 27.263 y 27.686, un reclamo que la bancada amarilla había planteado como condición para acompañar la iniciativa. El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, se retiró de la reunión con una señal de satisfacción y confirmó que consiguió el compromiso del oficialismo.
Desde el PRO destacaron que la extensión de estos regímenes permitirá que las empresas fabricantes de autopartes puedan acceder a beneficios fiscales hasta 2032. Entre ellos mencionaron la devolución más rápida del IVA, la amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias y una alícuota del 0% de retenciones para las exportaciones de su producción.
Acompañado por el diputado Javier Sánchez Wrba, Ritondo también planteó la necesidad de garantizar los recursos para financiar la Ley de Discapacidad, que se encontraba pendiente de aprobación en el Senado. El dirigente bonaerense advirtió que la norma debe contar con las partidas presupuestarias correspondientes. Sin esa garantía, el entendimiento podría entrar en riesgo y el Gobierno tendría mayores dificultades para conseguir los votos necesarios.
El PRO también consiguió el aval oficial para que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pueda tomar un crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Además, recibió información sobre el avance de las gestiones para cancelar la deuda de coparticipación con la administración porteña, un proceso coordinado por el ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular de Economía, Luis Caputo.
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Los pedidos de los gobernadores y los bloques aliados
Más allá de las concesiones al PRO, el oficialismo todavía debe resolver otros planteos de los bloques dialoguistas y los mandatarios provinciales. Entre ellos aparece la reducción de la alícuota del Impuesto a los Combustibles Líquidos, una demanda que se encuentra en discusión con los gobernadores. Por su parte, la rebaja del IVA a los huevos y sus derivados es una negociación que lleva adelante el mandatario entrerriano Rogelio Frigerio.
Con la mirada puesta en las elecciones de 2027, los espacios que habitualmente acompañan al Gobierno endurecieron sus condiciones para respaldar el proyecto. Aunque el equilibrio fiscal y el programa antiinflacionario siguen siendo los ejes centrales de la iniciativa oficial, los legisladores reclaman respuestas a demandas vinculadas con sus distritos, entre ellas mayores recursos para discapacidad, universidades nacionales, transporte y obra pública.
En el caso de las universidades, el bloque de la UCR insiste en elevar las partidas presupuestarias. El proyecto contempla $7,3 billones para el sector, mientras que los rectores reclaman llevar ese monto a $11 billones. El principal interlocutor radical en las conversaciones es el diputado mendocino Lisandro Nieri, exfuncionario del gobernador Alfredo Cornejo. A su vez, el interbloque Argentina Federal, presidido por Oscar Herrera Ahuad, reclama más fondos para Ciencia y Tecnología y para financiar la Ley de Bosques.
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Los gobernadores también exigen mayores recursos para el transporte del interior, la reactivación de obras públicas acordadas y una mejora en las transferencias destinadas a cubrir los déficits de las cajas jubilatorias provinciales que no fueron transferidas a la Nación. El Gobierno prevé destinar $503.000 millones a las 13 jurisdicciones alcanzadas, pero los mandatarios consideran que el monto es insuficiente. En paralelo, Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) reclaman avanzar con la Ley de Biocombustibles, cuyo debate quedó frenado por diferencias entre legisladores.
LMM/MSS
