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El Gobierno lleva la Ley Malvinas a Diputados sin certezas y con el apuro por el fallo del Tribunal del Mar

La Libertad Avanza confía en aprobar en general la ley de Defensa de la Soberanía, pero el título VII divide a los aliados y Unión por la Patria rechaza todo lo que exceda las sanciones por Malvinas. El próximo miércoles, la Cámara también define la reforma del Banco Central.

El Gobierno lleva la Ley Malvinas a Diputados sin certezas y con el apuro por el fallo del Tribunal del Mar
Hoy 18:11

A pedido del jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, la Cámara de Diputados se reunirá el miércoles 18 desde el mediodía en una sesión especial. La Libertad Avanza necesita a sus aliados para alcanzar los 129 presentes del quorum y poner en marcha la reunión. En el centro de la agenda estarán la ley de Defensa de la Soberanía, más conocida como Ley Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que el Senado devolvió con modificaciones y que Diputados puede convertir en ley.

Es la primera de las dos últimas sesiones del período ordinario. La segunda sería el 25 de noviembre, para el Presupuesto 2027, si este martes se consigue el dictamen de mayoría en la comisión. La actividad no terminaría con noviembre: el Gobierno convocará a extraordinarias para tratar el Presupuesto en el Senado y la reforma electoral.

La Ley Malvinas llega con apuro porque el Gobierno quiere que Diputados vote antes de que se exprese el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, algo que se espera para el 28 de noviembre. En Hamburgo se define si ordena medidas provisionales contra el desarrollo petrolero Sea Lion. Una votación favorable sería, según el Ejecutivo, una señal política para reforzar la presión sobre las petroleras, aunque no alcanza para convertir el proyecto en ley, porque después debe pasar por el Senado. En paralelo, la Cancillería tramita expedientes contra 60 personas y empresas por actividades de hidrocarburos en las islas, todavía sin resolución.

Islas Malvinas
Islas Malvinas | Crédito: Cedoc Perfil

El oficialismo confía en reunir los votos para aprobar el texto en general y sigue negociando con el la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y el MID, mientras descuentan el apoyo del PRO en toda la iniciativa. El problema es el título VII, que requiere una mayoría especial de 129 votos por tocar la legislación electoral, un número que La Libertad Avanza no tiene asegurado. Para esquivar ese escollo, estudia votar cada capítulo por separado, una opción que requiere el acuerdo de Labor Parlamentaria o del recinto y que permitiría aprobar las sanciones aunque el título electoral quede en el camino.

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En LLA confían en que todo el bloque votará la ley completa. Pero, según confiaron a PERFIL, algunos diputados bullrichistas no están del todo convencidos. Silvana Giudici, una de las articuladoras del texto que responden a la jefa del bloque libertario en el Senado, sí votaría a favor de todo.

El temario incluye además el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, que integran Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, y la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre comercio de servicios. Completan la lista dos acuerdos con la Ciudad de Buenos Aires por la transferencia de competencias judiciales, rubricados en julio, y un cambio en la ley de Pymes para que las cooperativas obtengan el certificado MiPyMEs.

Ley Malvinas: un nuevo Consejo de Seguridad

El proyecto fue enviado por el Gobierno en septiembre y obtuvo dictamen el 28 de octubre, con las firmas de LLA y bloques aliados, tras pasar por las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal en todas reuniones con alta tensión. La representante del Ejecutivo con más peso fue la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, quien está detrás de la propuesta. El texto original tenía 133 artículos y el dictamen llegó a 154.

María Ibarzábal Murphy, Secretaria de Legal y Técnica del Gobierno.
María Ibarzábal Murphy, Secretaria de Legal y Técnica del Gobierno.

El título I deroga la actual ley 26.659 de sanciones por la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental y crea un régimen que alcanza a cualquier aprovechamiento de recursos naturales, renovables o no, sin habilitación argentina. Mantiene penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas, socios y proveedores. Las multas bajaron de entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo en el texto original a entre 2.000 y 40.000, y quedaron afuera los accionistas con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión con intervención indirecta. Según pudo saber PERFIL, el oficialismo recalculó este capítulo después de los llamados desde Washington, ya que había empresas norteamericanas involucradas, y le concedió a Estados Unidos el pedido de excluir a las socias de las empresas que serían multadas.

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El título II crea el Consejo de Seguridad Nacional, que presidirá Javier Milei y que integrarán los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica. A pedido de los aliados se sumaron como miembros no permanentes los presidentes de ambas cámaras y los gobernadores. El Consejo podrá disponer medidas urgentes ante una "amenaza externa grave", como restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, limitar importaciones y exportaciones o elevar derechos aduaneros. Se agregó el seguimiento parlamentario con una Bicameral, y el Congreso deberá autorizar al Ejecutivo si hay acciones sobre aeronaves o buques militares extranjeros con riesgo inminente de guerra, un cambio que había pedido el diputado Eduardo Falcone, del MID, y que quedaría tal cual lo solicitó.

Siguen en pie, en cambio, algunos de los puntos más controvertidos: el protocolo para el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques, la participación de las Fuerzas Armadas en "operaciones no convencionales", con críticas por desdibujar la separación entre defensa y seguridad interior, y el Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo, al que se podrá inscribir a organizaciones si hay "motivos razonables para sospechar".

Título VII y la posición de Unión por la Patria

El título VII, "Fortalecimiento de la Soberanía en los Procesos Electorales y Otras Modificaciones", prevé multas a extranjeros sin residencia permanente y a personas jurídicas extranjeras que financien campañas, y penas de 5 a 12 años para quien organice o financie una "campaña de injerencia extranjera". El dictamen dejó afuera de esa figura a la diplomacia, las opiniones públicas que un Estado extranjero atribuye a sí mismo, el trabajo periodístico, la investigación académica y la defensa abierta de intereses. Todo el título sigue generando reparos.

La semana pasada, en el Salón de Honor de Presidencia, algunos aliados pidieron nuevos cambios y otros reclamaron directamente su retiro. El Gobierno se resiste y se llevó el reclamo para trabajar en una contrapropuesta. Si no se modifica o no convence, el título corre riesgo de caerse en la votación en particular. El PRO fue el único que confirmó su respaldo y la UCR habla de "detalles" pendientes. Argentina Federal reclama eliminarlo, Provincias Unidas llega dividida y los tres catamarqueños todavía no definieron su voto.

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En Misiones, según pudo saber PERFIL, ya tienen problemas con todo el título VII y el gobernador pide sacarlo. El MID de Oscar Zago también planteó dos cambios: el del diputado Falcone, que se atendió, y otro sobre el artículo de campañas de desinformación, que sigue sin convencerlos. En caso de votarse por títulos, algunos aliados anticiparon que, de no haber modificaciones, habría cambios en su posición.

Unión por la Patria tiene una postura distinta. "Tuvimos un posicionamiento claro", dijeron a PERFIL desde el bloque, donde ubicaron en el título I lo que tiene que ver "estrictamente con Malvinas". En ese punto proponen modificar la ley vigente, conocida como ley Solanas, en lugar de crear un régimen nuevo, y su texto recoge "una veintena de propuestas del oficialismo". Rechazan el régimen de desistimiento, que consideran "un blanqueo" para quienes exploraron y explotaron recursos sin autorización. Ahí, admiten, el debate está más o menos centrado, y hay margen de coincidencias.

En el resto, estan en contra. Sostienen que el Consejo de Seguridad Nacional y el registro de entidades terroristas debieron tratarse en proyectos distintos y en comisiones diferentes. Cuestionan en particular un conjunto de artículos que exigiría la autorización del Consejo para inversiones de empresas estatales o con participación estatal, algo que, a su juicio, apunta contra empresas chinas y contra Petrobras Brasil. "Es un escándalo", afirmaron. La oposición dura agrega que solo el título I tiene relación con Malvinas: los siguientes modifican las leyes de Defensa Nacional, de Inteligencia y de Financiamiento de Partidos Políticos, además del Código Penal.

Audiencias por Malvinas en el Tribunal del MAr
Audiencias por Malvinas en el Tribunal del MAr | Crédito: Captura

Banco Central: el Senado y la remoción del directorio

A Diputados le toca resolver si acepta las modificaciones que el Senado le hizo a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. La modificación del Senado, aprobada casi por unanimidad, es que esa cámara sea la única con potestad para designar y remover a los integrantes del directorio, y no las dos, como proponía el texto original con una mayoría de dos tercios de los presentes. Ahora los directivos, con mandato de seis años y posibilidad de reelección, serán designados o removidos con la mayoría absoluta del Senado. El Ejecutivo podrá hacer nombramientos en comisión mientras se tramita el acuerdo.

La reforma define como misión central "la preservación del valor de la moneda nacional" y elimina los objetivos múltiples fijados en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner. Prohíbe que la entidad financie al Tesoro y elimina el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas. También suprime las reservas de libre disponibilidad, cambia la distribución de utilidades y prevé un mecanismo para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios del activo. Habilita, además, que el Banco use sus activos y reservas como garantía en operaciones propias, como el financiamiento internacional o los acuerdos REPO.


JD/ML

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