El Senado convirtió en ley este jueves la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), por 47 votos a favor y 22 en contra. Con la sanción definitiva se cierra un expediente que el Poder Ejecutivo argentino había enviado originalmente en 1997, durante las "relaciones carnales" del menemismo con Estados Unidos. El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara alta en 1998 y después quedó dormido en Diputados durante casi tres décadas. El gobierno de Javier Milei lo reflotó a fines del año pasado para cumplir con uno de los compromisos del acuerdo comercial con la administración de Donald Trump.
El oficialismo, que reunió los votos con el acompañamiento de bloques aliados, presentó la votación como un paso de integración al mundo. El principal impulsor del tratado dentro del Gobierno es el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, del equipo de Federico Sturzenegger. Cacace celebró la sanción en X apenas terminó la sesión anoche al borde de las 21: “Tras 56 años, el Senado sancionó la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes”, escribió, y recordó que la Argentina lo firmó en 1970 y que será el país número 160 en sumarse.
Ya en octubre, cuando se firmó el dictamen en el Senado, el exdiputado radical había festejado que el país estaba “a un paso”. Esa vez difundió cifras para sostener que los argentinos ya usan el sistema aunque el país no forme parte: 263 solicitudes vía PCT de solicitantes locales desde 2020 y, sólo en 2022, 324 pedidos de patentes en el exterior, casi la mitad por esa vía. En el debate de Diputados había argumentado que la adhesión evita que los inventores argentinos tengan que “andar peregrinando” y que “no resigna la soberanía en patentes”.
Enfrente, el peronismo denunció que la ley responde a un pedido directo de Washington y que favorecerá a los laboratorios multinacionales en perjuicio de la industria nacional de medicamentos genéricos.
Qué es el PCT
El PCT es un tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que no crea una “patente internacional”. Lo que hace es permitir que un inventor presente una única solicitud con efecto en todos los países miembros y gane tiempo (hasta 30 meses) para decidir en cuáles avanza con el trámite nacional. La decisión de otorgar o rechazar la patente sigue en manos de cada oficina nacional. En la Argentina es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que además conserva la potestad de fijar sus propios criterios de patentabilidad. El Gobierno sostiene que los investigadores, universidades y pymes locales ahorrarán costos y burocracia, porque hoy deben tramitar en cada país o hacerlo desde el exterior. Pero hay otro dato que atraviesa el debate: según un informe de la Universidad Austral, el 88% de las patentes que se tramitan en el país pertenecen a no residentes.
El trámite de este año explica por qué el tema volvió a la agenda. El acuerdo de comercio e inversiones recíprocas firmado con Estados Unidos el 5 de febrero obligaba a la Argentina a enviar el tratado al Congreso y ratificarlo antes del 30 de abril. El mismo paquete incluyó la derogación de las pautas de patentabilidad de 2012, que impedían patentar combinaciones de principios activos ya conocidos, nuevos usos de fármacos existentes o variantes de una misma molécula. En abril, cuando Diputados se preparaba para dictaminar en forma exprés, el tratamiento se congeló. Cancillería le pidió al bloque oficialista que frenara mientras se aclaraba el estado del acuerdo arancelario tras el fallo de la Corte Suprema estadounidense, y el Gobierno terminó admitiendo que no cumpliría el plazo.
En paralelo, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, AmCham Argentina y la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), que agrupa a los laboratorios de capital extranjero, inundaron la Cámara baja de cartas para pedir que se aprobara el texto tal como había llegado del Senado. CAEMe incluso se reunió con Milei el 29 de mayo para pedirle que el tratado se votara sin modificaciones.
El punto de conflicto fue el Capítulo II, que habilita un examen preliminar internacional: un informe técnico no vinculante sobre la patentabilidad de una invención, que elaboran autoridades designadas por la OMPI antes de que la solicitud llegue a cada país. La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), que nuclea a los laboratorios nacionales, pidió formalmente que la Argentina adhiriera con reserva de ese capítulo. Su argumento fue que esos dictámenes externos podían presionar al INPI y facilitar la extensión de monopolios sobre medicamentos mediante patentes secundarias. El oficialismo, que en un principio impulsaba el tratado completo, terminó cediendo.
Diputados lo aprobó a fines de agosto, por 147 votos contra 93, con la reserva prevista en el artículo 64 del propio tratado. Esa modificación obligó a devolverlo al Senado, que hoy la aceptó. La CAEMe había advertido que Uruguay era el único de los 158 Estados miembros con esa misma reserva.
La CILFA acompañó su reclamo con números. Según expuso la cámara a mediados de año, aprobar el tratado sin la reserva del Capítulo II implicaba un perjuicio estimado en US$3.321 millones. La entidad sostiene además que la producción local de biosimilares y medicamentos de alta complejidad le generó al sistema de salud un ahorro acumulado de 10.287 millones de dólares hasta agosto de 2025. Para el período 2026-2030 proyecta otros 12.136 millones, unos 2.428 millones por año. Según la cámara, ese ahorro depende de que los genéricos y biosimilares puedan llegar al mercado. Tanto la caída de las pautas de patentabilidad como el ingreso de solicitudes vía PCT pensadas para estirar patentes sobre moléculas ya conocidas (el llamado “evergreening”) ponen en riesgo esa producción.
En el recinto, el miembro informante, el libertario Francisco Paoltroni, defendió que el tratado aporta previsibilidad jurídica e impulsa la economía del conocimiento. Guillermo Andrada (Convicción Federal) sostuvo que los investigadores tendrán menos trámites y más tiempo para conseguir financiamiento antes de que se evalúe su patente. Del lado opositor, Jorge Capitanich vinculó la votación con la crisis sanitaria y recordó que el Plan Remediar pasó de 128 medicamentos gratuitos a seis. José Mayans fue el más duro: afirmó que el pedido llegó a través del embajador estadounidense Peter Lamelas, que el tratado va contra la industria de genéricos y que afectará el acceso a tratamientos básicos contra el VIH y la hepatitis. También dijo que especialistas proyectan subas del 40% en los precios de los medicamentos, y calificó la aprobación como “una vergüenza”.
El resultado final es un híbrido. Estados Unidos consiguió la adhesión formal, uno de los casilleros pendientes del acuerdo comercial, pero no el texto que reclamaban sus cámaras empresarias. Los laboratorios nacionales, a su vez, se anotaron la reserva del Capítulo II. En rigor, el cambio con más impacto potencial sobre el mercado de medicamentos no llegó con el PCT, que deja intactos los criterios de patentabilidad de cada país, sino con la derogación de las pautas de 2012: un estudio de FIEL citado por la industria local estimaba que esas reglas mantenían los precios sensiblemente más bajos.
Además, el acuerdo con Washington también compromete a la Argentina a sumarse antes de fines de 2027 al Tratado de Budapest, al Arreglo de La Haya y al Tratado sobre el Derecho de Patentes, y a estudiar un régimen de protección de datos de prueba similar al del T-MEC.
La CAEMe, en un comunicado al que accedió PERFIL, celebró la votación como “un hito histórico” y anticipó que acompañará los próximos pasos para concretar la incorporación. En los laboratorios de capital nacional, en cambio, la mirada ya está puesta en lo que sigue: cómo aplicará el INPI los nuevos criterios de patentabilidad, que es donde se va a definir cuánto cuestan los medicamentos en la Argentina.
MC













