La senadora nacional Patricia Bullrich aseguró hoy que “estamos saliendo de una emergencia y estamos generando certeza”, luego de que el Senado convirtiera, en ley este jueves, por unanimidad, el nuevo régimen de discapacidad. La norma, que se aprobó con 71 votos a favor y ninguno en contra, vuelve permanentes los principales beneficios de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que el presidente Javier Milei había vetado en 2025 y que vence el 31 de diciembre.
Mediante un comunicado, la jefa del bloque de La Libertad Avanza destacó el “acuerdo político y social alcanzado para avanzar hacia un régimen que deje atrás la emergencia y brinde previsibilidad a las personas con discapacidad y sus familias”. También reconoció “las situaciones difíciles atravesadas durante estos dos años, las falencias de auditorías y la incertidumbre generada por las sucesivas prórrogas”, y dijo que la nueva ley “reconoce esa realidad y establece un marco de mayor certeza”. En el mismo texto, Bullrich sostuvo que la norma “reemplaza los parches y las prórrogas por un régimen permanente, con previsibilidad y estabilidad para las familias”.
El Senado sancionó por unanimidad la Ley de Discapacidad
La senadora señaló además que la ley permite compatibilizar la pensión por discapacidad con el trabajo registrado y el monotributo hasta dos salarios mínimos, “evitando que conseguir un empleo implique perder la prestación”. Sobre los controles, mencionó “mecanismos de control y transparencia, garantizando que nadie pierda su pensión por errores administrativos y que, antes de una suspensión, pueda explicar su situación”.
En cuanto a los fondos, sostuvo que la ley establece “un financiamiento claro y adecuado, en un marco de equilibrio fiscal que permita sostener las prestaciones en el tiempo”.
Bullrich también se refirió al “amplio consenso alcanzado” y afirmó que el acuerdo “demuestra que es posible construir políticas de Estado a través del diálogo”. “Esto no es un plan social, es una pensión por discapacidad. Nadie tiene que pedir permiso para poder progresar en la Argentina”, expresó. Según el comunicado, la senadora definió la norma como una ley que “transforma una promesa en una certeza para miles de familias”.
Nuevo recorte en discapacidad: “El Gobierno Nacional ha perdido parte de la legitimidad”
La votación
El proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad se aprobó con 71 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones. La única ausencia fue la de la senadora Anabel Fernández Sagasti, de licencia por maternidad. La norma llegó de Diputados, donde había obtenido 237 votos, y se sancionó sin modificaciones. Si se hubiera cambiado, tendría que haber vuelto a la cámara de origen antes del 30 de noviembre, cuando termina el período ordinario.
El texto retoma prácticamente todo el esquema de la Ley 27.793 de emergencia en discapacidad, pero elimina su carácter transitorio. La pensión no contributiva equivale al 70% de la jubilación mínima, se actualiza con la movilidad previsional y exige el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Quienes la cobran tienen cobertura médica a través del programa Incluir Salud, y la ley prevé un mecanismo para recuperar las pensiones suspendidas.
Para los prestadores, la norma fija un nomenclador único de prestaciones y aranceles que se actualiza con la movilidad jubilatoria. Las deudas pendientes deberán tener un cronograma de pago dentro de los 30 días y cancelarse en un plazo máximo de 90 días. En materia de controles, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cruzará datos con ANSES, ARCA, RENAPER y SINTyS, y antes de cualquier suspensión deberá notificar al beneficiario y darle un plazo para presentar su descargo.
El miembro informante del oficialismo, Agustín Monteverde, dijo que el proyecto “no entraña absolutamente ningún recorte” y que el Presupuesto del próximo ejercicio contemplará las partidas. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo estimado para 2028 es de 1,2 billones de pesos, y las compensaciones adeudadas a prestadores suman unos $278.300 millones. El Poder Ejecutivo tendrá 30 días para reglamentar la ley.
Dos años de reclamos
La sanción llega después de dos años de conflicto entre el sector y el Gobierno. En 2025, la ANDIS lanzó una auditoría masiva de las pensiones no contributivas por invalidez laboral. Organizaciones del sector denunciaron, por ejemplo, largas filas bajo el sol, sin agua ni sombra, y esperas de hasta diez horas durante una ola de calor. Según datos que la propia ANDIS entregó a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a junio de ese año el 46% de las cartas documento de citación no había llegado a destino. En agosto, el Gobierno informó que había suspendido más de 110.000 pensiones.
En paralelo, personas con discapacidad, familias y prestadores se movilizaron en varias ocasiones frente al Congreso para reclamar por la demora en los pagos y el atraso de los aranceles. El Senado aprobó la ley de emergencia en junio de 2025, Milei la vetó en agosto y el Congreso rechazó el veto en septiembre. Su aplicación, sin embargo, tuvo que reclamarse ante la Justicia. Ese mismo agosto se filtraron audios atribuidos al entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, sobre presuntos pedidos de coimas en el organismo.
La sesión
El debate, presidido por la vicepresidenta Victoria Villarruel, comenzó pasadas las 11 con un temario de más de veinte órdenes del día, y discapacidad fue el primer tema. Frente al Congreso se concentró la movilización convocada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Durante el debate, senadores de distintos bloques citaron las palabras del papa León XIV en su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole: “El progreso de la patria se mide en la capacidad de acoger a las personas con discapacidad y necesidades diferentes”. Desde la oposición, en cambio, advirtieron que habrá que ver cómo el Poder Ejecutivo reglamenta y financia la ley. Después, la sesión siguió con la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el régimen de cabotaje y marina mercante, entre otros temas.
JMV









