La remoción de Santiago Peña en Paraguay es un caso más dentro una serie de presidentes latinoamericanos que fueron forzados a abandonar su cargo anticipadamente. Legislaturas reactivas y movilizaciones sociales son dos elementos centrales para explicar estos fenómenos de inestabilidad presidencial en la región.
La destitución de Santiago Peña vía juicio político proporciona un nuevo caso de inestabilidad presidencial en América Latina. La evidencia histórica relevada muestra que los presidentes latinoamericanos que han experimentado una interrupción anticipada de su mandato tendieron a enfrentar desafíos similares.
Estos desafíos, que forzaron a los ejecutivos de la región a abandonar sus funciones antes de lo constitucionalmente prefijado, han provenido principalmente de dos fuentes.
Por un lado, legislaturas reactivas, que los remueven al impulsar procesos de juicio político (impeachment) o por considerarlos “moralmente” o “mentalmente incapaces.
Por otro lado, movilizaciones callejeras masivas y heterogéneas, que se constituyen en focos de presión social y los fuerzan a dimitir.
A lo largo de la historia política latinoamericana, uno de los orígenes de ambos desafíos han sido los escándalos de corrupción. Ellos oficiaron como plataformas motivacionales para destituir o forzar su renuncia desde el Congreso y la calle, respectivamente.
Los casos de Carlos Andrés Pérez, Alberto Fujimori, Jamil Mahuad, Fernando Collor de Mello, Gonzalo Sánchez de Lozada, Raúl Cubas Grau, Abdalá Bucaram y Fernando de la Rúa son ejemplos de ello. En cada una de estas “caídas” se observan legislaturas reactivas, protestas callejeras o una yuxtaposición de ambas.
La crisis financiera y el “congelamiento” de los depósitos en el Ueno Bank catalizaron manifestaciones de un sector de sociedad civil paraguaya, que derivaron en escenarios de tensión social y la posterior presentación de la renuncia de Santiago Peña. A Peña se lo acusó de mal desempeño de sus funciones públicas por favorecer intereses personales y privados (conflicto de intereses) a partir del tejido de vínculos informales con las empresas que integran la mencionada institución financiera, la designación irregular de Carlos Cavallo (ex presidente de la Financiera Ueno) en el Banco Central de Paraguay y el desvío de fondos desde el Instituto de Previsión Social hacia Ueno Bank por encima de los límites permitidos con fines ilegales.
Su renuncia no fue aceptada por los legisladores y fue sometido a un proceso de juicio político impulsado por el Congreso para removerlo constitucionalmente.
A pesar de poseer mayorías legislativas, ambas Cámaras aprobaron por unanimidad la acusación contra Peña, quien fue destituido. Como lo contempla el artículo N° 189 de la Constitución, su remoción vía juicio político le arrebata la posibilidad de preservar su condición vitalicia y habilita su detención. La pérdida de apoyo legislativo del ex mandatario por parte de su propio partido, permite inferir los elevados niveles de conflictividad al interior del partido oficialista presidido por Horacio Cartes.
La remoción de Santiago Peña vía juicio político le arrebata la posibilidad de preservar su condición vitalicia y habilita su detención"
La crisis sociopolítica por la que atraviesa Paraguay y los recientes antecedentes regionales de interrupciones de mandatos presidenciales, muestran que las “caídas” están directamente vinculadas a protestas callejeras (que fuerzan renuncias) y/o a legislaturas reactivas (que impulsan la destitución). Las manifestaciones callejeras serían una condición necesaria y suficiente para que los ejecutivos latinoamericanos abandonen el cargo antes de tiempo.
No todos los mandatarios que enfrentaron movilizaciones sociales durante su mandato renunciaron, pero los que renunciaron, sí debieron enfrentarlas. En contextos en los que estos dos desafíos se yuxtaponen, su posicionamiento político se torna más desfavorable y su salida anticipada más plausible de concretarse.
Si bien el caso de Paraguay proporciona un indicador histórico que se inscribe en una serie de casos de inestabilidad presidencial en América Latina, las democracias de la “tercera ola” siempre permanecieron estables. Mientras que en el pasado los ejecutivos eran obligados a dimitir por golpes de Estado cívico - militares que cambiaban el tipo de régimen, en la actualidad caen producto de juicios políticos y/o protestas callejeras a las que siguen nuevos gobiernos civiles.
Es decir, la inestabilidad refiere específicamente al presidente, no a la forma de gobierno ni al diseño institucional en el marco del cual ejerce su liderazgo.
*Licenciado en Relaciones Internacionales (Universidad del Salvador), Magíster en Políticas Públicas (Universidad de San Andrés), coordinador del Observatorio de Política Internacional (CEPI-UBA).








