El Hospital Nacional Bonaparte, dedicado a salud mental y adicciones, fue el centro del conflicto social de una larga semana que comenzó con su “cierre” –ordenado por el Ministerio de Salud de Nación–.
Tras amplias protestas populares y negociaciones, se habilitó una mesa de negociación que buscará su reestructuración. Según los negociadores, se hará con el hospital abierto y funcionando a pleno.
Pero ¿de qué se trata esta institución que pocos conocían antes de la explosión mediática de la semana?
“No solo es un espacio referente para adicciones, sino que atendemos todos los problemas de salud mental”, le explicó a PERFIL Leonardo Fernández Camacho, delegado del gremio ATE. Y agregó: “Además, tenemos espacios donde se atienden consultas clínicas, odontología, ginecología, nutrición, kinesiología, etc. Incluso se hacen estudios de laboratorio y rayos”.
Otro rubro es su espacio de atención pediátrica en temas de salud mental, donde se atiende –por mes– a 320 chicos. Todo eso explica que la institución contenga 612 trabajadores de la salud, de los cuales unos 300 son profesionales de diferentes especialidades.
Por otra parte, el Bonaparte alberga un centro cultural donde se mezclan pacientes con la comunidad del barrio. Y su oferta de talleres también cumple funciones terapéuticas. Se puede aprender guitarra, cerámica, dibujo, canto y radio, entre otras actividades.
De todos modos, el fuerte de la institución es la salud mental y las adicciones a diversas sustancias. Y no únicamente drogas sino que también hay tratamientos para el consumo de alcohol y tabaco. En los últimos años sumaron espacios contra otro consumo problemático en boga: la ludopatía y la adicción al juego.
En una recorrida que PERFIL hizo por las centenarias instalaciones (ver recuadro), el delegado contó que durante el conflicto circularon en los medios cifras erradas.
“Hoy hay unos cuarenta pacientes internados, pero podríamos llegar a ofrecer 80 plazas. En lo que va de 2024 ya evacuamos 98 mil consultas, hechas por más de 25 mil personas”. Esto incluye desde la atención por guardia, gente que concurre al hospital de día, más la atención en consultorios por demanda espontánea –un servicio que funciona de lunes a viernes de 8 a 20– y hoy recibe más de cincuenta personas por día. A esto se suman los turnos programados de los consultorios tradicionales.
En el Bonaparte también funciona un centro de atención telefónica nacional (línea 0800) que responde urgencias en salud mental. Allí siempre hay un equipo de psicólogos de guardia atendiendo llamadas para contener a personas en situaciones límite. Reciben 1.800 llamados por mes.
En la institución –que los viejos habitantes de Parque Patricios conocen como el Cenareso– no solo se atienden personas de los segmentos sociales y económicos más necesitados. “En los últimos tiempos, debido a la situación económica, está cambiando el perfil de la gente que se acerca. Vienen cada vez más personas de clase media que se quedaron sin cobertura de obra social o prepaga. Pero acá pueden recibir tratamientos y medicación para sus problemas psiquiátricos y de otro tipo”, aseguran los profesionales con los que charló PERFIL durante la recorrida.
El Bonaparte también es un centro de formación en salud mental ya que tiene varios profesionales haciendo sus residencias médicas en este tema. Permanentemente llegan, además, estudiantes de todo el país para hacer rotaciones específicas y capacitarse en salud mental.
Además, desde el hospital semanalmente salen grupos de profesionales, de varias disciplinas médicas, a realizar intervenciones de salud integral en el territorio: han atendido en villas como la Zabaleta, Fiorito y Villa Palito, y otras zonas vulnerables de CABA y del GBA.
A esto se suma un hospital de día, que funciona de 8 a 18 y que recibe gente de toda el AMBA. En total concurren setenta personas de alta vulnerabilidad para recibir atención, medicación y contención psiquiátrica cotidiana.
Futuro. “Nosotros pensamos que la situación actual –lo que ocurrió en el Bonaparte– es una continuidad de lo que pasó días antes en el Garrahan”, le dijo a PERFIL Vanina Rodríguez, secretaria de Formación en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), integrante del Equipo Nacional de Salud. Y continuó: “Nos recuerda a la política de los años 90, cuando se hizo la transferencia de organismos de salud nacionales a las provincias”.
Según Rodríguez, que es técnica y trabaja en el Hospital de Berazategui, “lo que no se terminó de hacer en aquella época se va a intentar ahora”. Y sugiere que es posible que el Estado nacional intente cerrar, o transferir, al menos cinco instituciones que aún dependen del organismo que dirige el ministro Mario Lugones.
“Estamos muy preocupados por lo que pueda pasar con varios hospitales nacionales que funcionan en Buenos Aires, como el Posadas, el Montes de Oca, el Baldomero Sommer, el de Rehabilitación Psicofísica de Mar del Plata y también algunos institutos que dependen del Malbrán, como el Maiztegui de la ciudad de Pergamino y el Jara de Epidemiología”, comentó Rodríguez.
Para esta dirigente, el Gobierno retrocedió en su intención de cierre y ahora admite la “reestructuración” por la inesperada movilización de una gran cantidad de personas que “no está de acuerdo con que la salud sea una mercancía sino que es un derecho”.
Desde ATE ofrecen sugerencias para hacer cambios de fondo que mejoren el sector. Primero, mayor presupuesto. Y luego ofrecerles capacitación continua a los trabajadores. Ya hay plataformas digitales que permiten dar capacitación en el lugar de trabajo. No es caro ni engorroso”.
Una trayectoria centenaria
El Hospital Nacional Laura Bonaparte tiene una historia que refleja la evolución de la salud pública en Argentina. Fundado en 1875 como hospital militar, se dedicó a la atención de heridos de guerra. Fue formalmente inaugurado en 1889, bajo la presidencia de Juárez Celman. En 1940 se transformó en Hospital Central para Enfermos Tuberculosos. A fines de los 60 funcionaba allí la estructura administrativa de la Encuesta Nacional de Salud. En 1973, luego de años de abandono, el edificio evitó la demolición y pasó a ser la sede del Centro Nacional de Reeducación Social (Cenareso), especializado en el tratamiento de toxicomanías. Tras ser de atención ambulatoria, en noviembre de 1974 se internó el primer grupo de pacientes con consumos problemáticos.
En 2016, el centro fue renombrado en honor a la licenciada Laura Bonaparte, una reconocida psicóloga y activista de derechos humanos. A partir de ese momento y hasta ahora, la institución se consolidó como un centro nacional de referencia en salud mental.
Rubén Torres, experto en salud pública
Explican cómo ahorrar más recursos pero sin tener que cerrar organismos
E.G.
“Hay mucho por hacer, pero los argentinos podemos tener una mejor salud, mientras reducimos los costos del sistema y sin necesidad de cerrar hospitales o instituciones”, asegura Rubén Torres.
¿Quién es este hombre que se anima a unir puntos tan contradictorios? Es uno de los máximos especialistas en salud pública del país. En su larga carrera trabajó y coordinó diversos servicios de salud hospitalaria tanto en instituciones estatales como privadas, en municipios, en provincias y en Nación. Fue subsecretario de Salud en Santiago del Estero, superintendente de Servicios de Salud y consultor de la Organización Panamericana de la Salud.
“La gestión hospitalaria en nuestro país es un problema al que hace muchos años nadie le presta atención. Podríamos decir que el otrora Estado ‘presente’ era una ficción, pero quienes lo siguieron tampoco le encontraron la vuelta”.
Según Torres, además, en el caso específico del conflicto del Hospital Bonaparte se suma otro debate heredado: el de la Ley de Salud Mental que se dictó en 2010, pero nunca fue acompañada del presupuesto que requería su implementación, “que es compleja y genera mucho debate”.
El experto también suma su opinión para salir de la debacle actual. “Creo que en Argentina podríamos tener una situación de salud mucho mejor y, además, ahorrando entre un 20% y un 25% del actual presupuesto.
—¿Cómo haría?
—Haciendo uso de los recursos en forma eficiente, pero solo ofreciendo tratamientos basadas sobre evidencia científica. Por otra parte, podríamos implementar guías médicas, consensos y protocolos con una mayor fuerza jurídica. Eso nos permitiría, por ejemplo, llegar a tener diagnósticos, pero ahorrando muchos estudios extras que hoy se ordenan pero que, realmente, no resultan necesarios. Y algo similar ocurre con diversos tratamientos.
A esto se le suma que se pueden reducir internaciones innecesarias, que es uno de los gastos más altos del sistema. “En Argentina hay un porcentaje significativo de personas internadas que no requerirían ese paso si contáramos con un sistema eficiente de atención primaria, que pudiera sostener al paciente en su contexto hogareño. Eso nos ahorraría mucho dinero. Y en los casos en que sí hay que internar, con una gestión médica eficiente suele ser posible reducir la cantidad de días de internación que cada enfermo requiere, sin afectar la calidad de atención. Por ejemplo, coordinando mejor los turnos de los estudios complejos o las interconsultas.
Finalmente, el experto sugiere reordenar el sistema. “Podemos lograr mejores resultados, ahorrando al mismo tiempo, si los municipios se encargan de la atención primaria, las instituciones provinciales ofrecen medicina de complejidad media. Y las prestaciones de alta complejidad pueden seguir en manos nacionales y recibir los casos más difíciles, como ocurre hoy con el Garrahan o lo que se hace en el Malbrán. En este esquema el ministerio nacional puede dedicarse al papel de rectoría que desea tener el gobierno actual”.
