Julio César A. es un teniente primero del Ejército Argentino que gozaba de una buena reputación. Hasta marzo pasado era el director de orquesta de la banda del Regimiento de Caballería Tanque 6 "Los Blandengues" de Concordia, que suele participar de actos oficiales y también escolares.
La denuncia por abuso sexual y maltrato que realizó una agente voluntaria hizo mucho ruido y derivó en su automática separación de la fuerza. Es que el acusado tiene una larga trayectoria. Fue director de “Trompa de Órdenes Cosme Chirú", en Entre Ríos, y de "Batalla de Ituzaingó", en Córdoba. Estudiante de la carrera de licenciatura, teoría y crítica de la música en la Universidad Nacional del Litoral, siempre estuvo ligado a la parte artística de la fuerza.
La causa se inició en diciembre de 2023 cuando la víctima decidió presentarse en la Unidad Operativa Federal Concordia de la Policía Federal Argentina. Lo hizo tres meses después de haber sufrido el último de los presuntos ataques.
La mujer recordó que el 23 de septiembre de ese año, cuando se encontraba en el Regimiento Blandengues, el director le pidió que preparara el mate en el sector de la biblioteca. Allí -siempre según su relato- Julio A. se acercó y la abrazó por la espalda, una situación que la incomodó pero de la pudo salir rápidamente.
Luego se dirigió a la oficina del militar, tratando de no darle importancia al hecho anterior. Sin embargo, el teniente primero volvió a acercarse e intentó besarla contra su voluntad. Lo hizo tres veces hasta que por pedido de la víctima se alejó y le dijo que igual podían "ser amigos".
Pasaron varios minutos y nuevamente volvió a intentar. Pero esta vez lo hizo con mas fuerza. La subió a una mesa, la besó y comenzó a tocarla sobre su ropa. Lógicamente, la voluntaria resistió lo más que pudo hasta que finalmente logró salir de sus brazos.
Según recordó, salió de la oficina buscando un lugar seguro: primero permaneció en el sector masculino donde se alojan los suboficiales y luego se refugió en la zona femenina de los integrantes de la banda. Tenía miedo pero prefirió permanecer en silencio. Recién se retiró cuando terminó su turno.
Al otro día le contó lo sucedido al encargado de la guardia de la banda musical y poco después reportó lo sucedido a la Jefatura.
La investigación quedó a cargo de la fiscal federal Josefina Minatta, quien rápidamente avanzó con una serie de pedidos de medidas probatorias para esclarecer el hecho.
Minatta sumó testimonios de autoridades, compañeros y personal militar sobre la conducta del director investigado. Y destacó un hecho puntual: reveló que el imputado solía ofrecer a las voluntarias un “espacio de escucha” ante los eventuales problemas personales que presentaron.
En su declaración, la víctima no solo confirmó esa hipótesis sino que manifestó que el último ataque no se trató de un "hecho aislado" sino que previamente había sufrido otros actos de acoso y maltrato. Esas situación, según manifestó, ocurrían siempre cuando las guardias eran reducidas y no había otras personas presentes en el lugar.
Procesado
En base a las pruebas reunidas, la fiscal federal de Concordia solicitó el procesamiento sin prisión preventiva de Julio A. por tres hechos de abuso sexual simple consumados, más uno en grado de tentativa, y otro hecho de maltrato hacia una subalterna.
En línea con el pedido de la acusación, el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de Analía Ramponi, procesó al teniente primero y le impuso además un embargo de un millón de pesos.
En el dictamen, dado a conocer por el sitio fiscales.gob.ar, la magistrada destacó que "el imputado se aprovechó de la relación de poder y confianza que existía" para cometer el abuso. "Los actos de acoso, tanto verbales como físicos, fueron parte de un patrón de conductas con implicancias sexuales que el imputado desarrolló de forma reiterada", fundamentó en su decisión.
Para la jueza, la declaración de la víctima refleja “el contexto de vulnerabilidad en el que se encontraba inmersa y que debía padecer ante la relación jerárquica y de superioridad detentada y aprovechada por el imputado”.
Sobre la carga probatoria consideró que “las probanzas revisten una serie de características propias que las hacen complicadas, debido a que los comportamientos de quienes los producen suelen desarrollarse en contextos en donde no existen otras personas que puedan observarlos”.
“No ha de soslayarse que la mayoría de los casos como el que aquí nos ocupa se verifican en la esfera de la intimidad o privacidad de las partes, aprovechando el agresor el mayor contexto de la vulnerabilidad de la víctima en espacios de menor control social; lo que arrastra la imposibilidad, en la generalidad de los supuestos, de contar con testigos presenciales de los hechos”, señaló.
Ramponi destacó que "el abuso sexual cometido por el imputado se fundamentó en el aprovechamiento de la relación de poder y confianza que existía en su entorno laboral".
"Los actos de acoso, tanto verbales como físicos, fueron parte de un patrón de conductas con implicancias sexuales que el imputado desarrolló de forma reiterada. Estos comportamientos no se limitaron a comentarios o actitudes inapropiadas dentro del ámbito laboral, sino que se extendieron a agresiones físicas, lo que configura una situación de acoso sexual tanto psicológico como físico. A lo largo del tiempo, las conductas abusivas del imputado se intensificaron y continuaron, consolidándose como graves actos de violencia sexual de carácter repetido y sistemático”, sentenció.
