En un comunicado presentado con motivo de conmemorarse este 10 de diciembre el Día internacional de los Derechos Humanos y el día de la Restauración de la Democracia, la Defensoría de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes publicó un comunicado para denunciar la situación de sus defendidos. Marisa Graham, titular de la entidad y Juan Facundo Hernández, defensor adjunto escribieron “Un país democrático y respetuoso de los derechos humanos debe tener a la niñez y a la adolescencia en el centro de sus preocupaciones”.
En el texto, de dos carillas, destacan que “en 41 años de democracia, Argentina supo conquistar el reconocimiento de derechos fundamentales para todas las ciudadanas y ciudadanos. Sin embargo, sigue siendo un desafío que las infancias y adolescencias sean prioridad en las decisiones de todos los poderes del Estado, tanto Nacional como Provinciales”.
Y continúan: “Hoy 8 millones de niñas, niños y adolescentes son pobres, mientras que, 3 millones son indigentes. Esto significa que más del 65% de las infancias y adolescencias viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan a cubrir la canasta básica. Debe ser intolerable para cualquier sociedad que las y los más chicos estén desprotegidos, violentados o maltratados.
Según los últimos datos oficiales- reza el informe-, el 51% de chicas y chicos viven en hogares no conectados a la red de gas, mientras que el 12% no cuenta con acceso a la red de agua corriente. A su vez, el 7,8% vive en situación de hacinamiento crítico.
Con respecto a la educación, Graham y Hernández advierten: “Pese a que en nuestro país hay una alta tasa de escolarización, en el nivel secundario, un 8% de adolescentes está fuera del sistema educativo. En nivel inicial nos encontramos frente a la falta vacantes tanto dentro del sistema educativo como en los centros de cuidados de la primera infancia, para los cuales no se destinó ningún recurso para su construcción en lo que va del año. Entendiendo el presupuesto nacional como una expresión de plan de gobierno, advertimos que la inversión destinada a políticas de niñez y adolescencia en el año 2024 experimenta una caída de, al menos el 14% (en el mejor de los escenarios inflacionarios proyectados oficialmente). A su vez, muchas partidas no han sido siquiera ejecutadas. La situación de desfinanciamiento no se revierte en el proyecto de presupuesto nacional 2025.
La defensoría reclama que, “En un contexto donde la niñez y la adolescencia son la porción de la población más castigada por las condiciones materiales de vida, el Estado debe fortalecer su presencia, a través de acciones positivas que garanticen derechos, incluyendo además el acceso a la salud y a la justicia, el derecho a una vida libre de violencias y a la participación. Derechos a los que la Argentina se comprometió a través de las convenciones internacionales, leyes nacionales y provinciales vigentes.
Desafíos a 35 años de la Convención sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes
La Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es un organismo creado a la luz de las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y de leyes nacionales. Una deuda que tenía nuestro país y que recién se saldó recién en el 2020 cuando se designó a la primera Defensora y Defensor Adjunto de la institución.
Aún falta mucho por avanzar en materia de derechos humanos de las infancias y adolescencias, pero se vuelve inadmisible retroceder en lo alcanzado.
Desde la Defe junto a otros organismos, nacionales e internacionales, logramos incidir en políticas públicas destinadas a niñas, niños y adolescentes, reforzando la cobertura alimentaria a más de 2 millones de chicas y chicos y permitiendo la continuidad educativa a más de medio millón con la ampliación del Progresar.
Desde su puesta en marcha hemos intermediado en casos individuales y colectivos, protegiendo y restituyendo derechos a a lo largo de todo el país. Actualmente, se impulsan causas colectivas sobre entrega de alimentos a comedores comunitarios, continuidad educativa (Becas Progresar), Construcción de CDI para atención y cuidado de primera infancia, emergencia sanitaria de poblaciones indígenas, adolescentes no punibles privados de libertad, la provisión de medicamentos para quienes padecen las denominadas “enfermedades poco frecuentes”, entre otras.
El trabajo realizado es fruto de la articulación constante con las distintas Defensorías provinciales, con los poderes legislativos y judiciales -tanto en el ámbito nacional como provincial- cumpliendo un rol propositivo y colaborativo con los gobiernos. Siendo la Defensoría la única institución con capacidad de intervención amplia y específica para garantizar la existencia de un apoyo especializado cuando niñas, niños y adolescentes resulten involucrados.
En una coyuntura tan adversa para las infancias y adolescencias, se vuelve prioritario reforzar las políticas públicas, sus presupuestos y sostener la institucionalidad de aquellos organismos destinados a diseñar, implementar, controlar y proponer acciones positivas para garantizar la protección especial de las infancias y adolescencia.
Marisa Graham: "Hay artículos en la ley que atrasan 100 años"
Para garantizar esto es necesario el compromiso de todos los actores políticos, tanto en la labor ejecutiva que debe dar jerarquía a los organismos rectores de las políticas de niñez y adolescencia, así como legislativos. Es necesaria la conformación de la Comisión Bicameral, instancia prevista en la Ley 26.061, que debe dar garantía a la continuidad de la Defensoría.
Este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos y a 41 años de la restauración democrática en nuestro país, la Defensora y el Defensor adjunto renuevan su compromiso en el trabajo por una Argentina democrática que ponga en el centro de su agenda política, social y económica el bienestar de la niñez y adolescencia.
