Un nuevo reglamento escolar emitido por el gobierno porteño impone nuevas restricciones sobre las opiniones vertidas por los docentes en el ámbito escolar. El documento especifica que los maestros tienen prohibido expresar su postura sobre temas relacionados con la política, la sexualidad y la religión, entre otros, y sugiere reportar a los alumnos que se expresen sobre estos temas.
El capítulo que despertó la polémica se titula “Prohibiciones del personal docente” y aplica para docentes, directores, supervisores y trabajadores no docentes de las escuelas porteñas de gestión pública y privada. El apartado fue difundido en la red social X por la secretaria general adjunta de Ademys y ex legisladora por el FIT, Amanda Martín, y generó gran revuelo en las redes.
El reglamento prohíbe al personal escolar “expresar, durante el desarrollo de las clases, opiniones o adoptar conductas de manera intencionada que pudieran influir, confundir y/o afectar a los menores en temas relacionados con religión, sexualidad, género, etnia, política partidaria u otros de similar relevancia”.
La normativa fue aprobada por la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel por medio de la resolución 2796/24, firmada el 27 de diciembre pasado y se enmarca dentro de la Ley de Educación Nacional (LEN) N° 26.206. El artículo 67 de la LEN establece entre las obligaciones de los docentes “respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.”
Asimismo, se establece en el artículo 126, entre los derechos de los estudiantes “ser respetados/as en su libertad de conciencia, en el marco de la convivencia democrática.” y “ser protegidos/as contra toda agresión física, psicológica o moral”. Desde el gobierno porteño consideran que, en consecuencia, "el artículo 75 del Nuevo Reglamento Escolar se encuentra en concordancia con lo establecido en dicha Ley".
"El objetivo es garantizar un ambiente de aprendizaje académico y respetuoso de los menores. La intención del artículo no es restringir el debate, sino evitar que las opiniones personales del docente influyan indebidamente en los estudiantes en temas sensibles", indicaron voceros del Ministerio de Educación porteño a PERFIL.
Además, señalaron que "se busca que la enseñanza sea objetiva y plural, permitiendo a cada estudiante y su familia formar sus propias convicciones sin influencias inapropiadas de una autoridad en el aula". Y destacaron que "la educación debe ser un espacio de aprendizaje, no de adoctrinamiento".
En otro de los puntos de este capítulo, el material también señala que no está permitido desarrollar ninguna clase de “proselitismo político partidario en el tiempo escolar, en el aula, en clases, actos, conmemoraciones o cualquier fecha del calendario nacional que pudiera usarse como excusa para tal motivo”.
Otro tema especialmente preocupante está vinculado con el posible control sobre las opiniones de los estudiantes, ya que el reglamento indica que los docentes deberán dar aviso a las autoridades en caso de que los alumnos planteen inquietudes sobre los temas mencionados. “En caso de que estos temas surjan durante la clase por iniciativa de un estudiante, el docente deberá informar al equipo de conducción para que los equipos especializados puedan intervenir y brindar el acompañamiento necesario al estudiante y su familia en cada situación”, plantea la normativa.
Sobre este punto, desde el gobierno porteño subrayaron que "la norma no impide que se traten estos temas en el aula cuando surgen naturalmente, sino que establece que deben abordarse de manera institucional y con el acompañamiento adecuado. Es una forma de asegurar que se respete la diversidad de pensamiento dentro de la comunidad educativa".
Por su parte, desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), repudiaron el nuevo reglamento y pidieron la anulación de su capítulo siete. En un comunicado denunciaron que se trata de un “acto de censura” contrario a la libertad de expresión y consideraron que el gobierno porteño favorece “prácticas que promueven la persecución de lxs docentes”.
Además expresaron su rechazo a la recomendación de alertar a las autoridades ante las eventuales consultas de los alumnos sobre política, religión y sexualidad y remarcaron que se busca “instalar un silenciamiento de las inquietudes y necesidades de lxs estudiantes”.
La polémica por la Educación Sexual Integral en las escuelas
En enero ya había habido otra polémica en torno a las decisiones del gobierno porteño en materia educativa. En línea con la postura del gobierno nacional, el 6 de enero, la Ciudad suspendió el acceso a los materiales de Educación Sexual Integral (ESI) y anunció que auditará todos los contenidos sobre el tema.
“Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires han decidido comenzar una revisión exhaustiva de los contenidos involucrados en la ESI (Educación Sexual Integral)”, decía el comunicado publicado por la gestión de Jorge Macri.
Y agregaba: “Todos los documentos, imágenes, videos, cursos, actividades y bibliografía de esta materia serán objeto de un estudio neutral. Mientras tanto y durante el receso escolar, los contenidos de la ESI que estaban disponibles en páginas oficiales del Gobierno quedan inaccesibles”.
En noviembre, el tema también había estado en el centro del debate cuando la vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó los materiales del plan de lectura en las escuelas bonaerenses y apuntó contra el libro Cometierra de Dolores Reyes por, supuestamente, “sexualizar a los chicos”.
MC CP
