"Extrema crueldad hacia la vida animal": el caso de la matanza de pingüinos en Punta Tombo irá a juicio oral y público

Tres años después de la matanza de pingüinos y sus crías en una estancia en Punta Tombo (Chubut), en noviembre se llevará a cabo el juicio oral y público contra el productor ganadero Ricardo La Regina, acusado por la muerte de 105 ejemplares y la destrucción de 175 nidos. Por los hechos, descritos por la Fiscalía como de "extrema crueldad hacia la vida animal", se enfrenta a una condena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.

Se trata de la primera causa por daño ambiental agravado y crueldad ambiental que llega a juicio oral en el país. La instancia fue habilitada por la Justicia luego de escuchar en una audiencia preliminar el pasado abril los daños y las consecuencias del accionar del propietario de la estancia "La Perla" cuando destruyó cientos de nidos para construir un camino y cercarlo con un alambrado eléctrico.

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La acusación es llevada a cabo por la fiscalía penal, la fiscalía de Estado de la provincia y la querella, integrada por Greenpeace, la Asociación de Abogadxs Ambientalistas y la Fundación Patagonia Natural. En tanto, la denuncia fue presentada por el científico y experto en pingüinos Pablo Borboroglu, presidente fundador de Global Pengüin Society.

Por su parte, la defensa del imputado había solicitado el sobreseimiento del acusado, argumentando que no se había acreditado el ambiente y a los pingüinos. Sin embargo, la fiscalía dio por acreditado el daño y solicitó una pena de cuatro años de prisión, mientras que la querella pidió doce años.

En diálogo con Infobae, la fiscal de la causa Florencia Gómez describió los hechos investigados como "de extrema crueldad hacia la vida animal, de forma desmesurada, al momento de realizar el trazado de los caminos, desmonte, triángulo y tajamar, en presencia de pingüinos de Magallanes en época reproductiva".

"Tenemos pruebas suficientes para probar el daño ambiental. Según un peritaje independiente, la recuperación del ambiente demandaría, al menos, 35 años. Contamos con imágenes satelitales de los días en los que se produjo el hecho y es muy claro que se avanzó sobre la fauna en esa estancia en Punta Tombo”, añadió.

Además, subrayó que se trata de la primera vez que "este tipo de casos" llega "a juicio tanto a nivel nacional como provincial", destacando su importancia en materia ambiental. "Con el fallo se busca que la gente no solo se concientice en proteger la flora y la fauna de este país, sino también que denuncie hechos de esta naturaleza para que no se vuelvan a repetir. Se busca con este fallo sentar un precedente. No queremos más que se violente a la fauna ni a la biodiversidad”, precisó.

El caso: 292 pichones muertos y más de 100 nidos destruidos

El hecho ocurrió en la Reserva de Biosfera de la Unesco Patagonia Azul, que constituye una espacio que alberga el 40% de la población reproductiva mundial del pingüino de Magallanes, siendo este sector una de las áreas de mayor relevancia global para la reproducción de la especie. Asimismo, el sitio, que limita con el Área Natural Protegida de Punta Tombo, se encuentra dentro del Sistema de Áreas Naturales Protegidas.

Luis Alberto La Regina, el dueño de la propiedad, denunció en 2021 la usurpación de 40 hectáreas de su campo. Asimismo, advirtió el trazado de un camino paralelo y la colocación de una cerca electrificada para delimitarlo, por lo que dio aviso a los guardafaunas y al Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia, quienes realizaron la debida denuncia.

Según la acusación que lleva adelante la fiscalía penal, entre agosto y diciembre de 2021, el acusado Ricardo La Regina, a cargo de la finca de su familia, provocó la muerte de centenar de pingüinos, 292 pichones y huevos de la especie. Sumado a esto, arrasó con unos 175 nidos, muchos de ellos en etapa reproductiva, y generó la pérdida de 2.000 metros cuadrados de vegetación nativa en la reserva natural provincial.

El camino, que se extendía desde la propiedad hasta la costa, se realizó sin autorización y con una máquina de alto porte, mientras que después se colocó un alambre perimetral electrificado. El abogado de Luis Alberto La Regina, Eduardo Uzcudum, había indicado a La Nación que el hecho no fue consecuencia de un conflicto de índole sucesorio, debido a que la división entre las partes se encuentra dirimida.

Cuando trascendió el episodio, la fiscal Gómez calificó el hecho como "un daño irreparable" y consideró, en declaraciones a ADNSur, que el autor probablemente procuraba "tener un acceso directo a la costa, pero para eso habría que tener una autorización previa y un estudio para analizar el impacto ambiental".

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"El responsable de abrir el camino también realizó un cerco perimetral electrificado, lo que generó que tanto el pingüino macho y hembra adultos que van al mar a buscar comida para sus crías, cuando volvieron no solo no se encontraron con sus nidos, sino que también se electrificaron", había agregado la instructora en declaraciones publicadas por el sitio del diario La Jornada.

La fiscal a cargo de la causa dirigió una serie de allanamientos en el lugar, de los que participaron la Policía montada, criminalística e investigaciones de la comisaría de Rawson. También trabajaron allí guardafaunas, biólogos y miembros del ministerio de Ambiente y del Centro Nacional Patagónico, Centro Científico Tecnológico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Cenpat).

A raíz de la investigación, Gómez concluyó que corresponde juzgar a Ricardo La Regina por los delitos de Daños Agravados en concurso real con la Figura de Actos de crueldad a los animales.

“Se constató la destrucción de un número mínimo estimado preliminarmente de 146 nidos, tanto por aplastamiento y posterior compactación del terreno, como por el depósito de material extraído con la pala sobre nidos linderos al camino. Se estima un total de 292 pichones muertos y/o huevos destruidos, sin poder estimar aún el número de adultos que pudieran haber resultado aplastados por las máquinas dentro de sus nidos”, se precisó en el informe presentado en la fiscalía.