La Avenida de Mayo volvió a convertirse este martes en el aula más grande del país. Bajo un sol que ya no calienta como en abril, guardapolvos, banderas, carteles escritos a mano convergieron hacia una Plaza de Mayo blindada por el protocolo antipiquetes. Cada cuadra tuvo su paisaje: bombos, parlantes y canciones improvisadas mientras distintos grupos bailaban y arengaban: “¡Que viva la universidad pública!”. No se trató de una movilización más; fue la cuarta Marcha Federal Universitaria bajo la administración de Javier Milei.
La movilización tuvo su acto central en Plaza de Mayo bajo la consigna “Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”, en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en 2025 y tras el reciente recorte de $110.000 millones en educación y ciencia oficializado apenas ayer en el Boletín Oficial.
Desde temprano comenzaron a llegar columnas de distintas facultades y universidades nacionales. Sobre la Avenida de Mayo se mezclaban estudiantes, docentes, investigadores del Conicet, familias enteras y agrupaciones políticas. También participaron actores, músicos y referentes culturales que en las horas previas habían difundido videos en apoyo a la movilización.
En las calles, el clima de protesta convivió con postales típicas de las movilizaciones populares; el olor a garrapiñada, mates compartidos, jóvenes haciendo volar avioncitos de papel, un malabarista lanzando burbujas entre las columnas que avanzaban desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo.
Mientras el Gobierno calificó la convocatoria como un “acto opositor” y desplegó el protocolo antipiquetes, el tránsito quedó totalmente interrumpido en el eje que conecta el Congreso con la Casa Rosada, afectando la circulación en Avenida de Mayo, Hipólito Yrigoyen y las diagonales Norte y Sur. Entre bombos y banderas, las columnas avanzaron con un cántico unánime: “Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode”.
Galería de fotos: La marcha Universitaria llega a Plaza de Mayo y se extiende por todo el país
La preocupación, repetida en muchas voces, es que el Gobierno entró en un terreno de gravedad institucional al ignorar la Ley de Financiamiento y los fallos judiciales que lo obligan a actualizar los fondos. Lo que se discute hoy es la decisión política de mantener o no el sistema universitario público en funcionamiento.
Cuando comenzó el acto central, poco después de las 17, sonó el Himno Nacional Argentino: manifestantes con la mano en el corazón levantaban banderas y carteles, vitoreando cada estrofa con lo que tenían a mano.
“La diferencia con las marchas anteriores es que ahora el deterioro es acumulativo”, explicó a PERFIL Germán Pinazo, doctor en Ciencias Sociales, investigador del Conicet y vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Según detalló, los trabajadores universitarios recibieron aumentos salariales por debajo de la inflación en 25 de los últimos 28 meses. “Un trabajador universitario perdió 7,6 salarios acumulados desde noviembre de 2023”, señaló.
También desmiente el argumento oficial sobre la falta de auditorías: “El 95% de nuestro presupuesto son salarios y el Gobierno sabe a qué cuenta bancaria le depositamos a cada agente todos los meses. No es un problema de transparencia, es un intento deliberado por romper la universidad”.
Para Pinazo, el conflicto excede lo salarial: “Es un conflicto de una gravedad institucional enorme porque es un gobierno que desconoce la legitimidad y la legalidad de otros poderes del Estado”, afirmó.
En paralelo a la marcha, el Gobierno oficializó un nuevo recorte de casi $110.000 millones destinados a universidades, educación y ciencia y tecnología. La reducción impacta sobre becas de investigación, infraestructura universitaria, proyectos científicos, compras de libros y programas de innovación tecnológica.
El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, advirtió: “Estamos en una situación dramática. Hace tiempo que venimos advirtiendo cómo estamos; unos meses más podemos seguir, pero no te puedo hablar de años”.
“Te roba tiempo de vida”
Nicolás Podzik, docente del CBC de la UBA y sociólogo, marchó este martes después de otra jornada de trabajo manejando Uber. Da clases desde 2009 y actualmente tiene dos cargos simples que equivalen a 20 horas semanales. Por ambos percibe alrededor de $450.000 mensuales, un ingreso que no alcanza para sostener a su familia, por lo que completa gran parte de sus ingresos trabajando arriba del auto.
“Si trabajara 40 horas semanales como docente, ganaría alrededor de $900.000. La canasta básica familiar está en $1.450.000”, explicó.
Los fines de semana también trabaja. “Ese tiempo que tenés que invertir en buscar otros ingresos te lo estás sacando de estar con tu familia, de hacer deporte o simplemente de vivir”, relató. “No podemos naturalizar trabajar 60 o 70 horas por semana para no llegar a fin de mes”, agregó.
El reclamo se entrelaza con otra idea: la universidad pública como una herramienta de movilidad social y acceso a oportunidades. “Yo soy el primer universitario de mi familia”, contó Podzik. “Sin universidad pública no habría podido estudiar Sociología”.
Mosaico de generaciones
Florencia, de 72 años, caminaba junto a sus nietas Rocío y Sofía en la columna de la Facultad de Agronomía. Sofía sostenía un cartel: “Creo que educar es combatir y el silencio no es mi idioma”.
“Estoy acá para que no nos roben nuestro futuro”, dijo Sofía mientras avanzaban entre las columnas. Florencia completó: “La universidad pública no se toca. Es de nuestras nietas y de las que vendrán”.
Más atrás marchaban Lili y su hija Cristal, estudiante secundaria de 17 años que planea ingresar el año próximo a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. “Estoy acá porque nuestro país se mueve por la escuela pública y la universidad pública. Yo estudio en un colegio público y me parece importante defender un sistema al que todos podamos acceder. Querer destruirlo o desfinanciarlo por un capricho del presidente está muy mal y por eso hay que salir a pelear y hacerse ver”, explicó Cristal.
Lili, docente de escuela pública, aseguró que la situación salarial “ya no alcanza para llegar a fin de mes” y contó que, como muchos colegas, necesita un segundo trabajo para sostenerse. “La educación no es un negocio, es un derecho. Y el Estado tiene la obligación de garantizarla”, sostuvo.
En otra de las columnas avanzaba Pablo Pomata, técnico del Conicet, con un cartel que decía “CONICET en lucha”. “Si no hay inversión en educación, ciencia y técnica, no hay posibilidad de construir un país desarrollado”, señaló. Según describió, muchos proyectos de investigación comenzaron a frenarse por falta de financiamiento y cada vez más trabajadores del sistema científico buscan otros empleos para sobrevivir.
Las estudiantes de Exactas también hablaban de un futuro incierto. Lara, Mora y Selene, alumnas de Biología, contaron que sus docentes les transmiten permanentemente la preocupación por el recorte presupuestario. “Hay investigadores con décadas de experiencia vendiendo comida para llegar a fin de mes. Es tristísimo”, dijeron.
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