Causa AMIA: la Corte Interamericana dictará sentencia este viernes tras el reclamo del CELS y Memoria Activa
Ante los jueces de la Corte, reunidos en Montevideo, el Estado argentino reconoció su responsabilidad por no proteger la vida de las víctimas en octubre del 2022.
Atentado a la AMIA |
CEDOC
La demanda internacional realizada por la agrupación Memoria Activa en 1999, con el respaldo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), contra el Estado Argentino por la falta de esclarecimiento del atentado contra la AMIA, tendrá su resolución este viernes 14, durante una audiencia en la que se conocerá la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
El 18 de julio se cumplirán 30 años del atentado contra la mutual judía, y tras 25 años de litigio, el tribunal dará a conocer su decisión el 14 de junio a las 11hs. La sesión se podrá seguir en directo a través del canal de Youtube de la CIDH.
“Las condiciones políticas e institucionales que ocasionaron que, pasadas tres décadas del atentado, todavía no sepamos casi nada de lo que sucedió siguen presentes. Los tribunales argentinos fueron cómplices de la falta de investigación y de los obstáculos para impedir que se desarmara el encubrimiento”, informó el CELS.
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En 1999, Memoria Activa, entidad que nuclea a un grupo de familiares de víctimas del atentado terrorista, con el patrocinio del CELS, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos graves irregularidades en la investigación y la falta de justicia.
“En 2004, el tribunal oral federal anuló la investigación del exjuez Galeano y los fiscales Mullen y Barbaccia y absolvió a los policías acusados falsamente. El encubrimiento y el desvío de la investigación quedó plasmado en el informe que hizo Claudio Grossman, presidente de la CIDH en aquel entonces y veedor del juicio”, sostuvo el CELS .
“Para ese momento ya estaba claro el daño que se había hecho a la posibilidad de saber qué había pasado. Lo que siguió fue un derrotero de denuncias e incumplimientos estatales y la necesidad imperiosa de romper el secreto bajo el cual había quedado la investigación cooptada por la exSIDE y funcionarios inescrupulosos”, continúa el comunicado emitido.
En 2019, la CIDH determinó la responsabilidad internacional del Estado argentino porque no pudo evitar el atentado teniendo la información para hacerlo y por la falta de verdad y justicia. El caso pasó a la Corte Interamericana en marzo de 2021.
Después de esa instancia, el tribunal pasó a sesionar y mañana anunciará su decisión sobre “en qué términos el Estado argentino y los políticos y funcionarios que intervinieron son responsables de estefracaso que dejó a la sociedad argentina sin una explicación histórica, sin una verdad judicial posible, sobre un crimen que produjo 85 muertos y cientos de heridos”.
La Corte Interamericana, órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), está integrada por siete jueces y juezas de los Estados miembros de la OEA. Son Nancy Hernández López, como presidenta; Rodrigo Mudrovitsch, como vicepresidente; Humberto Antonio Sierra Porto, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Ricard Pérez Manrique, Verónica Gómez y Patricia Pérez Goldberg.
El Estado argentino admitió su responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos en el atentado a la AMIA
En octubre de 2022, en audiencias realizadas en Montevideo, Uruguay,tras el reclamo de Memoria Activa, el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional por no haber preservado la vida de las víctimas del atentado. En aquel entonces, el Ministerio de Justicia dijo el Estado violó derechos, encubrió, sometió la justicia a los servicios de inteligencia, acusó a inocentes y protegió a acusados cercanos al poder.
“El juez, sus empleados, los fiscales, la SIDE, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y la policía concretaron la peor bajeza institucional desde el retorno de la democracia”, expresó ante los jueces de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Natalia D’Alessandro, coordinadora de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia.
De hecho, el colombiano Humberto Sierra Porto, juez de la Corte, había expresado tener “sentimientos complejos porque el reconocimiento del Estado es más duro que la misma alegación de las víctimas, es un asunto que tiene una dimensión fuera de lo común”.
Frente a los jueces de la Corte y los familiares de Memoria Activa, los cuatro funcionarios del Ministerio de Justicia pidieron perdón y admitieron que el Estado fue corrupto, que no tomó las medidas de protección adecuada contra la AMIA, que no protegió a las víctimas frente a un riesgo específico que corrían y que la SIDE no hizo nada respecto a la información que recibió sobre Mohsen Rabbani, imputado luego en la causa AMIA.
Además, reconocieron que el patrullero que vigilaba la AMIA no funcionaba y tampoco la radio.
