El caso de Manuel Asencio Ardiles, un campesino de Santiago del Estero, causó conmoción internacional en septiembre de 2024 después de que tomara estado público en la prensa estadounidense al exponer una presunta gravísima violación a los derechos humanos en Argentina. Ahora, las autoridades del Comité de DD.HH. del Instituto Interamericano por la Democracia (IID) presentaron un documental que narra cómo el ya fallecido hombre habría sufrido la usurpación de sus tierras a manos del presidente del Superior Tribunal de Justicia provincial, Federico López Alsogaray.
Los exdiplomáticos Armando Valladares y Marcel Feraud, integrantes del Comité, viajaron por tercera vez a nuestro país para seguir investigando el denominado "Caso Ardiles", a quien el alto magistrado habría hecho desalojar de su propiedad de unas 30 hectáreas de tierras, en la localidad de Ingeniero Forres, ubicada en el departamento de Robles. El campesino murió en 2023, a los 64 años, pero su familia continúa con el reclamo por el terreno que él había heredado hace más de 50 años de su padre.
“Santiago del Estero es una zona liberada para la usurpación”
"Por una acción judicial iniciada por el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Federico López Alzogaray, quien alegó absurdamente que una tatarabuela suya había recibido esas tierras en el siglo XVIII. Sin recursos ni apoyo institucional, Ardiles y su familia fueron desalojados de forma brutal, sin poder rescatar sus pertenencias, mientras su vivienda era destruida y quemada", manifestaron en su denuncia el exembajador Valladares y el abogado Feraud.
En ese sentido, expresaron que la familia Ardiles perdió su hogar y sus medios de subsistencia: "Se les cortó el acceso al agua, se incendiaron sus cultivos y murieron sus animales, condenándolos a la indigencia". También destacaron que "a pesar de algunos gestos mínimos" de la gestión del gobernador Gerardo Zamora, como la entrega de una vivienda social precaria y alimentos, "nunca se les restituyeron las tierras ni se les ofreció justicia real".
"Nosotros conocíamos el aspecto feudal de esta provincia pero cuando llegamos y conocimos la realidad nos horrorizamos de lo que vimos y escuchamos y de ver el gobierno local, que se maneja de una forma autoritaria. Hay un estado de terror, y hasta incluso nosotros fuimos observados y seguidos", afirmó Feraud, secretario y abogado de la entidad.
"Esta es nuestra tercera visita y consideramos que si bien es un problema de Santiago del Estero también es un problema de la República Argentina porque al final del día es una vergüenza para la provincia, pero también para el país y nadie se ha manifestado aquí en Buenos Aires del caso", enfatizó antes de la presentación del documental, de casi 23 minutos de duración, que puede verse en el canal de Youtube del Instituto Interamericano por la Democracia (Interamerican Institute for Democracy) o el siguiente link: El Caso Ardiles.
El despojo de las tierras
Para el letrado, los argumentos jurídicos de Ardiles sobre su propiedad son "irrefutables", ya que su padre había logrado la posesión por dominio en 1977 y, ya con sentencia firme, la tenía inscripta en el Registro de la Propiedad. López Alzogaray, quien es propietario de otras tierras, esgrimió una merced otorgada por la gobernación del Tucumán y se basó en una cédula real del año 1803 a favor de su familia.
"Decimos que es una usurpación con un manto de legalidad; a los cinco días el juez logra una cautelar donde se desaloja al campesino", añadió Feraud.
Por su parte, Valladares, exembajador estadounidense ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y presidente del IID, calificó a López Alsogaray como un "verdadero delincuente" y señaló: "Fue el causante directo de la muerte de Ardiles, quien cayó en estado profundo de depresión al ver que se lo habían quitado todo y murió. Es increíble que ese hombre tenga el cargo que tiene y el gobernador tiene responsabilidad con eso, porque hace un silencio cómplice".
"No hemos visto que la provincia quiera parar estos abusos ni hemos visto que acá en la capital de la República también han encontrado la fórmula de una solución tampoco", afirmó.
Según la entidad, el proceso judicial presenta varias irregularidades, entre las que destacan que el demandante ostenta la posición de presidente del Superior Tribunal de la provincia, lo que plantea un posible conflicto de intereses; que López Alsogaray alegó sin pruebas que Ardiles era un contratado para explotar la tierra, sin presentar un contrato.
FP
