Primero fue la seguridad de los edificios públicos, luego la extensión de la Autopista Illia y finalmente una pelea de más de un año por el traspaso del subte. Hoy la guerra entre la Ciudad y la Nación tiene un rehén impensado: el monumento a Cristóbal Colón, en la plaza frente a la Casa Rosada.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner había ordenado en marzo trasladar la estatua a Mar del Plata para instalar allí una de Juana Azurduy. Varios grupos conservacionistas se opusieron a la medida y el jueves se aprobó en la Legislatura, con apoyo del Gobierno porteño, una ley para proteger el monumento.
Pese a eso, ayer llegaron dos grúas para comenzar el trabajo. Y el enfrentamiento pasó a lo físico: un grupo de funcionarios porteños intentó ingresar a la plaza y el equipo de seguridad de la Casa Rosada se lo impidió. El PRO denuncia que los guardias golpearon al jefe de Patrimonio de la Ciudad, Tomás Insausti y que la legisladora oficialista Lía Rueda estuvo demorada.
Mientras manifestantes, legisladores y funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad se amontonaban contra las rejas, la jueza federal Claudia Rodríguez Vidal ordenó frenar los trabajos en respuesta a una presentación de la ONG Basta de Demoler. La medida regirá por tres días hasta que el Gobierno nacional presente un informe para explicar la decisión.
Luego de los incidentes, el vicepresidente de la Legislatura Cristian Ritondo convocó a una conferencia de prensa de la que participaron, diputados oficialistas y dirigentes críticos con el macrismo en temas patrimoniales. Hablaron el titular de Basta de Demoler, Santiago Pusso, el defensor Adjunto Atilio Alimena y el legislador por Proyecto Sur Pablo Bergel.
El Gobierno nacional asegura que la plaza y la estatua le pertenecen. La administración del lugar, que en los hechos está unido a la Casa Rosada, fue cedida por un convenio firmado entre el entonces jefe de Gobierno Jorge Telerman. Pero como forma parte de la Ciudad, para remover la estatua, es necesaria una ley de la Legislatura. “Lo grave del hecho es que es una intervención directa del Gobierno nacional en una provincia”, sostuvo Alimena.
El monumento a Colón, realizado por el escultor Arnaldo Zocchi, llegó al país como donación de la colectividad italiana en Argentina en 1921. Por eso, la decisión de removerlo causó malestar en parte de la comunidad, y en abril hubo un abrazo simbólico en el que participaron el Comité Italiano en el Exterior (Comites) junto con las ONGS Basta de Demoler y Salvemos las Estatuas.
El reemplazo del monumento fue respaldado por el presidente de Bolivia Evo Morales, que aprobó una donación de hasta un millón de dólares para construir la figura de Juana Azurduy con motivo del Día de la Confraternidad Argentino-Boliviana, que será el 12 de julio.