El memorando del Departamento de Defensa, publicado el miércoles, establece que las personas con antecedentes de disforia de género o que hayan recibido tratamientos hormonales o cirugías de transición ya no podrán servir en el Ejército.
Se dispuso que e un plazo de 30 días, cada rama del Ejército deberá identificar a los miembros transgénero y comenzar su proceso de separación. Además, quienes sean dados de baja recibirán honores y, si se retiran voluntariamente, podrán acceder a una paga por separación voluntaria duplicada.
Asimismo, el Ejército dejará de cubrir tratamientos y cirugías relacionadas con la disforia de género. No obstante, las excepciones serán limitadas: solo se permitirán en casos donde el soldado desempeñe un rol crítico en combate, bajo criterio del Gobierno. Además, habrá restricciones adicionales: incluso si un miembro transgénero obtiene una exención para continuar sirviendo, no podrá acceder a baños, vestuarios o duchas designados para el género con el que se identifica. también, deberá cumplir los requisitos físicos correspondientes a su sexo asignado al nacer.
Reacciones y críticas a la medida
Organizaciones de derechos humanos y grupos de defensa LGBTQ+ han condenado la decisión, argumentando que miles de personas trans han servido con honor y sin problemas.
El grupo SPARTA Pride, que apoya a militares transgénero, manifestó su rechazo: “Ninguna política borrará jamás la contribución de los estadounidenses transgénero a la historia, a la lucha bélica o a la excelencia militar. Los miembros transgénero del servicio tienen un espíritu de lucha único y seguirán defendiendo la Constitución y los valores estadounidenses, pase lo que pase.”
El Departamento de Defensa no ha respondido aún a solicitudes de comentarios sobre el tema, pero esta decisión revierte la política de 2016 implementada durante la administración de Barack Obama, que había permitido a las personas transgénero servir abiertamente en el Ejército.
No está claro cuántos soldados transgénero están actualmente en servicio, pero se estima que son alrededor de 15.000, representando menos del 1% del personal militar en activo, reserva y Guardia Nacional.
La prohibición representa un duro golpe para la comunidad trans en las Fuerzas Armadas y abre la puerta a desafíos legales, ya que organizaciones defensoras de los derechos civiles han adelantado que presentarán demandas para frenar la medida.
