El Gobierno de Mendoza reactivó el operativo de secuestro de teléfonos celulares en las cárceles de San Felipe y Boulogne Sur Mer.
El juez de turno de Ejecución Penal, Juan Manuel Pina, emitió una resolución que revirtió la suspensión previamente dictada y, de esta manera, el Servicio Penitenciario queda nuevamente habilitado para llevar adelante el retiro de los teléfonos celulares en las cárceles de la provincia.
El conflicto judicial se originó tras la presentación de un hábeas corpus por organismos de Derechos Humanos y representantes de los internos, quienes argumentaban que no se garantizaban suficientes medios de comunicación alternativos, como teléfonos públicos, para mantener el contacto con sus familias, tal como lo exige la ley.
La norma no afecta a las mujeres detenidas, que podrán contar con telefonía para comunicarse con sus hijos.
La decisión ya fue comunicada al Ministerio Público Fiscal, al Servicio Penitenciario y a la ONG Defensora General que apoyaba la continuidad del uso de los teléfonos.
