Un grupo de reconocidos exmagistrados del Tribunal Supremo de España, como Clemente Auger y José Antonio Martín Pallín, junto con exfiscales anticorrupción como Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, presentaron una querella criminal contra el rey emérito Juan Carlos I. La denuncia, respaldada por intelectuales como el filósofo Santiago Alba y la periodista Pilar del Río, lo acusa de cometer cinco delitos fiscales que violarían el artículo 305 bis del Código Penal español.
Los hechos investigados y la controversia de la regularización fiscal
Los hechos denunciados se relacionan con los ingresos multimillonarios recibidos por Juan Carlos I a través de la fundación Zagatka, presidida por su primo Carlos de Orleans, la cual habría financiado gastos personales y viajes por más de ocho millones de euros. Estos ingresos no fueron declarados al fisco, pero el monarca presentó autoliquidaciones fiscales en 2020 y 2021, pagando un total de 5.073.000 euros, en un intento por regularizar su situación tributaria antes de que la Fiscalía concluyera su investigación.
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La Fiscalía del Tribunal Supremo archivó la investigación en 2021, basándose en que las regularizaciones se realizaron antes de que el rey emérito tuviera conocimiento oficial de las diligencias abiertas en su contra. Sin embargo, los querellantes argumentan que esta justificación no cumple con los requisitos legales, ya que el Código Penal estipula que la regularización tributaria debe ser íntegra y espontánea, es decir, realizada antes de que la Agencia Tributaria o la Fiscalía notifiquen al contribuyente la existencia de investigaciones en curso.
Según los querellantes, la Fiscalía habría informado al abogado del rey emérito sobre las diligencias abiertas en junio y noviembre de 2020, lo que invalidaría la regularización presentada posteriormente. Además, señalan que parte de los pagos para la regularización provino de préstamos realizados por personas físicas y jurídicas, una práctica que consideran irregular.
Las posibles consecuencias legales para el Rey Juan Carlos
La querella acusa al rey emérito de delitos penados con dos a seis años de prisión y multas de hasta seis veces la cuota defraudada cuando el monto excede los 600.000 euros. Los querellantes sostienen que los hechos no han prescrito y que la decisión de la Fiscalía de archivar las diligencias carece de sustento legal, basándose en documentos que contradicen los argumentos utilizados para cerrar el caso.
El texto destaca que la conducta del monarca no puede despenalizarse bajo la excusa de regularización fiscal, ya que este procedimiento se realizó cuando Juan Carlos I ya tenía conocimiento formal de las investigaciones. Asimismo, subraya la importancia de esclarecer el uso de fundaciones y otros mecanismos como presuntas herramientas para ocultar ingresos no declarados.
Con esta querella, el grupo de juristas, intelectuales y periodistas busca reabrir un caso que consideran clave para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la ley en materia tributaria, incluso en las esferas más altas del poder.
