El Gobierno se mueve con velocidad para blindar el veto de Javier Milei al proyecto de ley de financiamiento universitario y está dispuesto a negociar partidas para las casas de estudio en el Presupuesto 2025. Una propuesta que ya se la adelantó a la oposición dialoguista mientras el Ministerio de Economía analiza cifras de aumento salarial para calmar a los sindicatos.
En la administración libertaria les expresaron a los bloques opositores más sensibles al diálogo, el PRO, la UCR, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal, que se pueden plasmar fondos para las universidades en el cálculo de ingresos y egresos pero del año próximo. En el oficialismo el argumento que sacan a relucir para avanzar en este punto es que las cuestiones relacionadas al presupuesto se deben discutir exclusivamente en la denominada “ley de leyes”, cuyo debate comienza el próximo martes en la Cámara de Diputados y que, como dicen en el entorno de Luis “Toto” Caputo, debe contemplar un déficit cero, objetivo “inquebrantable”.
Hay un dato que aportan desde las filas de La Libertad Avanza: aseguran que hay radicales, aquellos díscolos de la conducción nacional de su partido, como el tucumano Mariano Campero, que están en sintonía con la postura de LLA y que ayudarían a que el veto se sostenga.
Y en relación con la recomposición de remuneraciones para los trabajadores docentes y no docentes a partir de este año, un pedido que realizaron integrantes de la fuerza amarilla y que es eje de la pelea con los gremios universitarios, la respuesta es contundente: la oposición debe señalar el origen de los fondos siempre y cuando no impliquen toma de deuda ni emisión monetaria.
“A todos les decimos lo mismo: si nos dicen de dónde sale la plata, podemos hablar”, remarcó una figura libertaria del Parlamento.
De todos modos, en la administración Milei analizan de qué manera pueden terminar la pelea con los sindicalistas de la educación tras la masiva marcha que encabezaron el último miércoles. Una protesta que en LLA desacreditaron en el comienzo, al ser calificada de “opositora”, pero que constituyó un llamado de atención y la chance de ceder.
Además de estudiar de dónde pueden recortar partidas si el veto al proyecto se rechaza, con la posibilidad de tomar dinero del presupuesto del Ministerio de Salud o de lo disponible para obras públicas, en el Gobierno creen que los dirigentes sindicales aceptarían una nueva propuesta, que califican de “superadora”. Que consta de un 6,8% de incremento para octubre y un 20% extra, correspondiente a una compensación ante lo perdido por el desfasaje entre la inflación de 2024 y los aumentos vía paritaria que tuvieron los empleados de las casas de estudio.
Ese 20% podría pagarse a diciembre y es un número que sería dado a conocer en la próxima mesa de negociación entre las autoridades del Ministerio de Capital Humano y los gremialistas.
Incluso, se menciona la chance de que los trabajadores docentes y no docentes empiecen a tener alzas de haberes en el futuro a través de partidas indexadas a la inflación.
La versión que comenzó a correr es que este lunes serían convocados los colectivos gremiales para discutir estas cifras aunque, primero, deberán pasar por la lupa de Hacienda. Si Caputo da el visto bueno, los funcionarios comenzarán a hablar.
Desde el lado sindical más duro, ante este medio, señalan que quieren sentarse a conversar lo más rápido posible con los miembros de la cartera de Sandra Pettovello.
Aunque insisten en que el número de alza salarial en el ítem recomposición debe ser del 40% y están dispuestos a aceptar los pagos en cuotas. Al mismo tiempo, ven que los interlocutores de LLA tienen matices a la vista: mientras que Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias, es frontal, con un estilo duro, Carlos Torrendell, el secretario de Educación, tiene modos discutibles y lo ven dócil.
“El Galleguito por lo menos va de frente, el otro es un charlatán de feria, promete y no cumple”, se quejan.
