Karina Milei será investigada junto a su hermano Javier Milei en lo que apunta a convertirse en una megacausa por la criptomoneda $Libra. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi se declaró incompetente y resolvió derivar a su par María Romilda Servini la denuncia en su contra por presunto cohecho, tráfico de influencias y violación a la Ley de Ética Pública.
Tras correrle vista a Eduardo Taiano, quien subroga la fiscalía que trabaja durante este año con el juzgado de Martínez de Giorgi, el magistrado entendió que existe una conexidad en la denuncia contra la Secretaria General de la Presidencia formulada por los diputados de la Coalición Civica, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro con la causa en manos de María Romilda Servini cuya investigación está delegada en Taiano, pero en la fiscalía donde es titular.
Fuentes vinculadas a la causa señalaron que si bien el hecho en la denuncia contra Karina Milei puede ser más robusto que la causa Libra, va en consonancia por diversos puntos afines como lo son principalmente la criptomoneda Libra y dos de los investigados Sergio Morales y Mauricio Novelli, éste último titular de Kip Protocol.
Sin embargo, Martínez de Giorgi tuvo en cuenta que en la causa donde Taiano investiga al Presidente, a Terrones Godoy, Morales, Novelli, Hayden Mark Davis y Julián Peh, se señaló de varios encuentros donde empresarios extranjeros “habrían abonado una suma de dinero al Presidente y/o a su círculo de funcionarios y/o colaboradores más cercanos para posibilitar que esas reuniones se llevaran a cabo tanto en el Hotel Libertador, donde tuvo lugar el Tech Forum, como en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos”.
Para los legisladores Frade y Ferraro, Karina Milei fue la persona que cobró dádivas para propiciar dichos encuentros con Javier Milei y el primero en hacerlo fue el trader Hayden Davis a través de chats privados que luego se difundieron: “en su carácter de Secretaria General de la Presidencia, reforzada por la condición de hermana, Karina Milei maneja la agenda de entrevistas del Presidente” señalaron los diputados en un tramo de la denuncia y señalaron también al empresario digital Diógenes Casares, quien en una entrevista habló de un supuesto pedido de coimas.
Un mes. Esta semana se cumplió un mes del escándalo del “$Libragate” y con el expediente que pone en la mira al “jefe” como la intermediaria entre el Presidente y empresarios del mundo cripto con un supuesto rédito económico, ya son dos las causas que desembarcan en el juzgado de Servini y pasan a manos de Taiano con la expectativa de lo que pueda ocurrir con la que se encuentra en el despacho de Sandra Arroyo Salgado en San Isidro.
La primera en hacerlo fue una que se radicó en los Tribunales en lo Penal y Económico, detrás de Comodoro Py. Días después que se conociera que la jueza Servini iba a encabezar la causa principal, el exjuez de ese fuero Guillermo Tiscornia denunció al Presidente por la presunta comisión del delito de “agiotaje” o fraude bursátil, una figura relativamente nueva, pero contemplada en el Código Penal argentino donde se castiga a las personas que manipulen los precios de cualquier activo con el fin de lucrar de manera indebida.
Sin embargo, el juez en lo penal y económico Marcelo Aguinsky declinó la competencia de su juzgado para seguir interviniendo y le remitió el expediente a su colega Servini. No obstante, el magistrado en el mismo fallo instó al Ministerio de Economía de la Nación y al Banco Central de la República Argentina a “establecer canales de información accesibles para la ciudadanía sobre los riesgos asociados a las colocaciones financieras en plataformas digitales no tradicionales”.
Con mucha firmeza, la jueza Sandra Arroyo Salgado defiende su competencia en otro expediente vinculado al Presidente donde sostiene que el ascenso y la caída de $Libra se dio por una publicación en su cuenta de Twitter donde el mismo mandatario dijo que no promovía sino “difundía” el criptoactivo.
Más allá del dictamen del fiscal Federico Iuspa, quien opinó que esa causa debe tramitar en Comodoro Py, la magistrada sanisidrense hizo valer su decisión y rechazó el pedido de declinatoria. Hasta principios de este fin de semana vencía el plazo para que el fiscal apelara esa decisión que de no haberlo hecho la decisión de Arroyo Salgado queda firme.
Lo cierto es que se avizora una fuerte contienda por la disputa de la causa $Libra entre ambos juzgados. Si bien Arroyo Salgado tiene probado que el origen de la comisión del ilícito ocurrió bajo su jurisdicción territorial, Servini tiene a su favor que el expediente en manos de Taiano está más avanzado en cuanto a medidas de prueba como allanamientos a Morales y a Novelli, el análisis de los dispositivos secuestrados, el testimonio de Guido Zatloukal, presidente de la Fundación Blockchain Argentina, uno de los expertos sobre criptoactivos que expuso en el Congreso Nacional y un exhorto internacional a la firma Google.
