Durante el año 2024, el gobierno argentino informó que bajo la administración del presidente Javier Milei, llevó a cabo una reducción significativa en la plantilla estatal, desvinculando a un total de 37.595 empleados públicos. Esta medida formó parte de una estrategia de ajuste en la estructura del Estado, con el objetivo de disminuir el gasto público.
Cabe destacar que en este marco, un gran sector de la sociedad y de diversas áreas del Estado y la política también han acusado que en muchas ocasiones esta reducción afectó la calidad del servicio y la presencia del Estado en áreas vitales y estratégicas. Es en ese lugar donde se centra hoy el debate público: ¿en dónde ajustar y en dónde mantener o reforzar? Justo hace días se bajaron los impuestos para los autos considerados de lujo, es decir, autos valuados en más de 75 millones de pesos, aunque en paralelo con decisiones antipopulares sobre instituciones como el Hospital Bonaparte de Salud Mental.
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Por su parte, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, autor intelectual del mega DNU con el que el gobierno comenzó a administrar el Estado a fines del 2023, detalló que la mayor parte de estas desvinculaciones correspondieron a contratos que no fueron renovados al finalizar su vigencia, lo que, según la cartera, no constituye despidos en sentido estricto. La distribución de la reducción de personal fue la siguiente:
- Administración Pública Nacional (APN): 22.302 empleados menos.
- Empresas estatales: 12.410 puestos eliminados.
- Fuerzas Armadas y de seguridad: 2.883 efectivos menos.
Estas cifras indican que la dotación de personal en la APN disminuyó de aproximadamente de 205.000 a 183.000 empleados durante el año, mientras que en las empresas estatales la reducción fue de 91.000 a 78.000 trabajadores.
En términos de tipos de contratación, la reducción fue más pronunciada en los contratos bajo la Ley Marco, con una disminución del 18,3%, y en los contratos de Locación de Obras y Servicios (LOyS), que registraron una caída del 48,7%. Este último tipo de contrato, destinado a monotributistas vinculados al Estado, había sido regulado en 2017 para establecer un plazo máximo de 12 meses.
El ministro Sturzenegger afirmó que esta reducción en la plantilla estatal es esencial para disminuir el gasto público y, de este modo, crear condiciones que permitan una reducción de impuestos sin comprometer el equilibrio fiscal. Según las proyecciones oficiales, el ahorro fiscal derivado de estas medidas alcanzaría los USD 4.012 millones, calculado mediante la técnica de "Valor Actual", que estima el ahorro futuro descontando el valor de los salarios que ya no se abonarán.
Estas acciones se enmarcan en la política de ajuste del Estado promovida por la administración de Milei, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sector público y reducir el gasto estatal.
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