La investigación por las plantas de agua de Aysa, uno de los expedientes del caso Odebrecht, está cerca de ser elevada a juicio oral y público, confirmó una fuente directa del expediente a PERFIL. Será la primera causa del caso Lava Jato en Argentina en llegar a esta instancia. El avance depende de la conclusión pronta de una pericia contable que se encuentra realizando una división especial de la Policía Federal, informó la misma fuente.
La Cámara Federal porteña confirmó en 2019 los procesamientos de ex funcionarios y empresarios del caso, pero reclamó un peritaje para apoyar la acusación del juez Sebastián Casanello por presuntos sobreprecios y defraudación a la administración pública en el caso de las plantas de Aysa, licitadas durante el primer gobierno de Cristina Kirchner.
Las empresas argentinas se asociaron a dos brasileñas para licitar estas obras: Odebrecht y Camargo Correa. Ambas están involucradas en el pago de sobornos a nivel regional en el caso Lava Jato.
Los procesados son 19, entre ellos el ex presidente de Aysa, Carlos Ben; Raúl Oscar Biancuzzo, ex director de Infraestructura de Aysa; y los empresarios Aldo Roggio (socio de Odebrecht), Carlos Wagner (socio de Camargo Correa) y Tito Biagini (ex presidente de José Cartellone e Hijos SA), entre otros.
Para realizar la pericia contable que debe determinar el monto del perjuicio al Estado Casanello dio intervención al cuerpo de peritos de la Corte Suprema, pero tras varias demoras decidió apartarlos y delegó la tarea en un cuerpo especial de la Federal. Sin esa pericia no puede elevar la causa a juicio oral y público. Los peritos de la Corte, por su parte, afirman estar colapsados.
La medida tiene una ventaja y una desventaja. Si no se realizaba durante la instrucción de la causa, los imputados podían solicitarla en la instancia de juicio oral y demorar el proceso, como sucede actualmente con los juicios contra la vicepresidenta, como explicó PERFIL hace una semana.
Pero a su vez, la pericia terminó dilatando la elevación a juicio, que podría haberse ordenado en 2019, de acuerdo con las fuentes judiciales. Los acusados, que niegan haber perjudicado al Estado, ya comenzaron a hacer planteos para derrumbar las primeras conclusiones de la pericia de la Federal, confirmaron en los tribunales.
Además de la investigación por presunta defraudación, el expediente incluye un segundo tramo sobre el supuesto pago de sobornos de parte de los empresarios a las ex autoridades oficiales. Todos los acusados negaron los cargos.
El juez afirmó en sus últimos fallos que considera probados ambos delitos y que las obras estuvieron direccionadas a estas compañías.
Las constructoras sostienen que no participaron del pago de sobornos, pero las confesiones de los hechos de Odebrecht en Brasil perjudicaron su situación en la Justicia argentina.
