Tan sólo unos pocos minutos después de que la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal ampliara ayer la medida cautelar a favor del Grupo Clarín, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner convocó a una reunión en Olivos a sus principales colaboradores para analizar la estrategia a adoptar, antes del viaje que tenía previsto emprender a Brasil para participar en la Cumbre del Mercosur.
Luego de esto, las críticas y refutaciones no tardaron en llegar. El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, calificó como "un cachetazo para toda la Justicia argentina" el fallo de la Cámara. Randazzo aseguró que "Clarín ha condicionado la política en los últimos 50 años en la Argentina y creemos que es importante que se entienda la cuestión de fondo, que es quién gobierna en la Argentina, que te elijan para leerte o mirarte por televisión no quiere decir que te elijan para gobernar, para eso están quienes son los representantes del pueblo".
"Acá no está en juego la libertad de prensa. La cuestión de fondo es saber si hay una Justicia dispuesta a respetar las decisiones de las instituciones de la democracia, o a someterse a los intereses de grupos monopólicos, como en este caso es el Grupo Clarín", agregó.
Por su parte, el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, calificó como "una mafia" a los camaristas y tildó de "bochorno con fallas jurídicas" el dictamen que prorrogó la medida cautelar. López criticó con dureza a los camaristas Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta al vincularlos con "un sector la Justicia denunciado por corrupción".
López consideró que "la Cámara, en contra de lo que viene diciendo la Corte, da una medida cautelar en privilegio a un grupo, en desmedro de todos los demás, riéndose del Congreso Nacional y además con jueces denunciados por connivencia, sospechas de corrupción", denunció.
En tanto, el titular de la Cámara de Diputados, el kirchnerista Julián Domínguez, cuestionó la extensión de la medida cautelar al señalar que suponen "una vulneración al principio de la soberanía del pueblo y las incumbencias constitucionales del Congreso". Domínguez sostuvo: "Tengo plena confianza en que la Justicia va a dictaminar interpelando la voluntad mayoritaria del legislador, que es la democratización de los medios en la Argentina".
A la par, el senador Aníbal Fernández sostuvo que le "avergüenza" que "dos ministros de la Corte" Suprema de Justicia "hagan una defensa corporativa" de los magistrados, y calificó de "bochorno" la decisión judicial de ampliar la medida cautelar a favor del Grupo Clarín. "Y a mí qué me interesa", respondió Fernández cuando se le recordó además que en el duro documento de la Justicia contra las presiones del Gobierno figuró la firma de la Comisión de Independencia Judicial, integrada por la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco, y su colega Carmen Argibay.
El ministro de Justicia, Julio Alak, manifestó que el fallo de la Cámara "es absolutamente arbitrario", y que "tiene groseras autocontradicciones"."Es una medida cautelar que calificamos de absurda. Se confirmó lo que veníamos diciendo hace 23 meses, cuando advertíamos que un sector de la Cámara pretendía, con diversas maniobras pocesales, extender una cautelar por Clarín", dijo Alak, quien agregó que "el objetivo de los jueces es muy claro: no interpretar el espíritu de desmonopolización de la ley, y no interpretar la voluntad popular cuando convalidó al Poder Ejecutivo y a la Presidenta".
Para el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, "acabamos de vivir la semana de la vergüenza judicial". Y señaló, respecto del fallo: “Terminamos de confirmar que la Cámara es el brazo jurídico del grupo ilegal”.
"La Cámara choca de frente con el 7 de diciembre, fecha que la Corte dispuso como el día que debía concluir la cautelar, por eso pediremos a ese alto tribunal que se avoque para resolver este fallo vergonzoso”, dijo el Jefe de Gabinete.
El diputado del Frente para la Victoria Edgardo Depetri aseguró que el oficialismo va a estar "derrotado" cuando sus "ideas no tengan consenso en la sociedad" y sostuvo que el Gobierno va a "trabajar para que la Corte se pronuncie rápidamente" en contra de la decisión de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial. "No puede ser que una ley votada por parlamentarios de la democracia argentina sea frenada por jueces nombrados durante la dictadura militar", indicó el legislador.
El fallo fue dictado a un día del 7D y en el marco de las recusaciones a todos los jueces de la Cámara que presentó el Gobierno en dos oportunidades, primero por Jefatura de Gabinete y antes por el AFSCA.
