El Gobierno está totalmente dispuesto a encarar un nuevo ajuste a las universidades públicas y no teme que la problemática cope la agenda, como sucedió el último 23 de abril. El recorte a las casas de estudio de cara a 2025 es mayor que el de este año, con cifras elocuentes, y la comunidad educativa promete resistencia total.
La ley de leyes prevé 3,8 billones de pesos de presupuesto para las casas de estudio mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pide 7,2 billones. Por los pasillos de la Casa Rosada, un estrecho colaborador del Presidente, consultado por PERFIL ante los reclamos de los rectores y gremios que representan a los trabajadores docentes y no docentes, anticipa que no serán atendidos.
Incluso, marca que a diferencia de abril, mes en el que se realizó una protesta multitudinaria en defensa de la educación pública y obligó al oficialismo a dar marcha atrás y enviar fondos, no hay planes de ceder ni un milímetro en la postura que trazó Javier Milei, que incluye el veto total al proyecto de financiamiento de la educación universitaria que sancionó el Parlamento.
El motivo es sencillo: “El Presidente no va a permitir que nada se interponga en su objetivo de déficit fiscal cero, y no hay plata”. La misma voz, con seguridad, remarca que cualquier tipo de manifestación en contra de los recortes que va a establecer La Libertad Avanza no tendrán efecto el mismo efecto ni poder de convocatoria porque “la gente tiene otras preocupaciones y se dio cuenta de que no vamos a arancelar la educación pública”.
Las frases chocan con distintas cifras que surgen del presupuesto universitario y que fueron recopiladas por el gremio Feduba. Esos números advierten que el sistema universitario puede implosionar porque los fondos para las casas de estudio representan solo el 0,50% del PBI y son menores que los otorgados este año (0,53%). En 2023, fue del 0,7%.
Además, el Ejecutivo se reserva el derecho de interrumpir las transferencias de dinero en caso de un supuesto incumplimiento de la información solicitada para asignar recursos y no hay actualizaciones salariales para docentes y no docentes, que representan el 90% de las erogaciones de las universidades.
Un ejemplo de la crisis del sistema: el sueldo inicial de un docente con una carga de veinte horas semanales es de 700 mil pesos.
Un monto que, como remarca la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), es “totalmente insuficiente” y que lleva a que pocas personas acepten esa remuneración. El 2 de octubre, la comunidad universitaria promete copar las calles con una nueva protesta.
