El Gobierno de la provincia de San Luis implementará una medida que ya provocó un gran impacto a nivel mediático: someterá a un examen toxicológico a todos sus funcionarios públicos.
Este miércoles 5 de marzo se realizó el primer sorteo, que determinó quiénes serán los primeros 60 trabajadores estatales testeados. Ricardo Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión de San Luis, se refirió a la nueva iniciativa en una entrevista que concedió a radio Mitre.
“Esta ley nos obliga a someternos a un análisis toxicológico para determinar si en nuestros cuerpos existen rastros de consumo de drogas ilegales como cocaína, metanfetamina, morfina o marihuana”, detalló el funcionario, remarcando que el próximo viernes 7 de marzo, a partir de las 8, comenzará el procedimiento.
En su primer artículo, la reglamentación, que lleva por título “Ejemplaridad y coherencia por parte de los poderes públicos de la provincia de San Luis en la lucha contra el narcotráfico”, establece “para los funcionarios públicos que se desempeñen en el nivel jerárquico y/o político de los tres poderes del Estado provincial, la realización de un examen toxicológico preventivo, con el fin de determinar la presencia de sustancias psicotrópicas ilegales, inter dure su función pública”.
El mismo es de carácter obligatorio y deberá realizarse anualmente y de manera aleatoria, “mediante un procedimiento que garantice la transparencia e igualdad de tratamiento en la selección de los funcionarios que deban someterse al mismo”.

Por ese motivo, Bazla explicó que se llevó a cabo un sorteo a través de la Lotería de San Luis: “En total, todos los funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial sumamos 1600 personas, incluidos absolutamente todos. Ayer se sortearon las primeras 60 personas, que serán notificadas para que mañana a las 8 se presenten a la toma de muestras de orina”.
En su sexto artículo, la ley determina que, para la realización de dichas pruebas, “se firmará convenio con instituciones públicas que no mantengan dependencia con el Estado provincial”. Bazla confirmó que ya se realizó un convenio con la Universidad Nacional de San Luis; y que será la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la institución la encargada de la tomar y analizar las muestras de orina.
Además, el funcionario señaló: “El primer análisis se hace en la universidad y, si existiera un caso positivo, eso se somete a una segunda prueba y análisis que se realizará en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Tenemos dos instituciones claramente con una trayectoria amplia en esta materia y que permiten aportar un carácter científico, seriedad e imparcialidad”.
La encuesta que midió a Javier Milei y a Cristina Kirchner y arrojó un resultado sorprendente
Ante un caso positivo donde se detectara “la presencia de metabolitos de sustancias psicotrópicas ilegales”, Bazla aclaró que “se tomaran diversas medidas de acuerdo al nivel de adicción. Primero se reconoce que estamos frente a un caso de adicción y, en el caso del Poder Ejecutivo, se puede decretar el cese de nuestra función y finalizaríamos en el ejercicio de nuestras funciones”.
En este punto, cada poder estatal determinará si corresponde “el otorgamiento de licencia del funcionario, suspensión del efectivo ejercicio en sus funciones hasta su recuperación o cese en la función pública, observando lo establecido en la Constitución Provincial y legislación vigente para cada caso”.
El recorrido de la nueva normativa
Esta norma fue aprobada en noviembre del 2024 en San Luis, y el gobernador Claudio Poggi fue el primero en someterse a la evaluación médica. Tras dar a conocer los resultados, el mandatario aseguró que la lucha contra el narcotráfico “necesita coherencia y fortaleza, lo cual imposibilita a quienes consumen llevarla adelante”.
También se hicieron el narcotest el vicegobernador y titular de la Cámara de Senadores, Ricardo Endeiza; la ministra de Seguridad, Nancy Sosa; la secretaria General, Romina Carbonell; el ministro de Hacienda, Néstor Ordóñez; la ministra de Salud, Teresa Nigra; el ministro de Educación, Guillermo Araujo; y el secretario de Comunicación, Diego Masci.

“Como funcionarios públicos tenemos que dar el ejemplo, eso es indiscutible. Reafirma la lucha que tiene el Gobierno contra el narcotráfico y cortar cualquier cadena delictual asociada a la demanda es fundamental”, manifestó Sosa.
Por su parte, el vicegobernador expresó: "Acabo de realizarme el análisis conocido como narcotest, como corresponde en el marco de la ley de Ejemplaridad y Coherencia de los funcionarios públicos. Es una obligación que he cumplido con mucha satisfacción porque entiendo que quienes ejercemos un cargo público y estamos a cargo de representar a los ciudadanos de la provincia".
HM/ML