El martes pasado, tras su jura como nuevo ministro de Salud, Mario Lugones empezó a delinear el rumbo de su gestión. Y ya tomó la primera decisión de relevancia: las empresas de medicina prepaga no podrán triangular fondos mediante la intermediación de obras sociales. Una determinación que no afecta a los gremios.
Antes de plasmar la decisión mediante una resolución, Lugones tomó contacto con los principales referentes de la medicina prepaga y les informó que deberán inscribirse en un Registro de Agentes del Seguro, con el objetivo de ponerle fin a la intermediación de obras sociales pequeñas que funcionaron como intermediarios en el pago del servicio del afiliado.
Esta situación nació en la década del noventa, cuando obras sociales chicas estuvieron habilitadas para captar afiliados de otras entidades y derivar servicios a empresas de medicina prepaga. Una práctica alentada por las compañías en pos de aumentar clientes y con porcentajes de ganancia de por medio. Sin embargo, con la determinación oficial, se pondrá fin a la denominada triangulación.
El movimiento del oficialismo no descoloca a los sindicatos más importantes de la CGT, al contrario: creen que es una decisión acertada. No obstante, colocan énfasis en la necesidad que tienen las obras sociales más importantes que el Estado se haga cargo del costo del transporte y la educación del afiliado discapacitado, que hoy corre por cuenta de las prestadoras de salud sindicales.
Y piden subsidios por los medicamentos de alto costo, como los oncológicos, cuyo precio cada vez es más alto. Por lo cual, no ven con malos ojos que se importen remedios de la India por ejemplo, una decisión alentada por Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transporte. “Nos queremos seguir haciendo cargo del afiliado discapacitado, solo pedimos asistencia porque del Fondo Solidario de Redistribución para las obras sociales, la discapacidad se lleva el 80% del monto total”, declaró ante este medio José Luis Lingeri, el líder del gremio que representa a los trabajadores de Obras Sanitarias y quien mejor conoce el sistema.
Lugones por lo pronto tomó nota de los reclamos sindicales. En la Casa Rosada, al respecto, saben de los altos costos y demoras en la entrega de remedios oncológicos, de acuerdo a procesos burocráticos, que invitan a la judicialización por parte de un paciente que requiere esos medicamentos. La idea es aceitar un proceso de licitación más efectivo. Un plan que Russo ya tenía en mente, pero que no logró aplicar en su etapa.
Las palabras “doble comando” también fueron utilizadas esta semana por allegados a Javier Milei en Balcarce 50 para describir lo que pasaba en la cartera sanitaria en tiempos del mandato de Russo y con Lugones tomando decisiones, intercediendo en el día a día del trabajo en distintas áreas, pero sin firma. “A partir de ahora, se va a observar una mejor gestión”, anticipa una voz calificada del universo de La Libertad Avanza.
Bajo la hoja de ruta del ministerio también figura el ajuste, que el anterior funcionario se encargó de ejecutar, y el orden del presupuesto. Por ejemplo, en la era Lugones se analizarán las funciones de todos los programas que siguen en pie, se reducirá la estructura vigente (por lo que se infiere que continuarán los despidos, algo que se vio en el Sedronar) y se intentará reducir el déficit del PAMI. Para eso, el objetivo pasa por ganar “efectividad” al momento de encarar procesos de compra, con prioridad en la inversión de medicamentos y el calendario de inmunización.
“Habrá financiamiento por resultados sanitarios, con el foco en la demanda y para mejorar la calidad de las prestaciones, bajando los costos y el acceso a servicios en el sistema de salud”, señalan fuentes libertarias en torno a la nueva gestión que comenzó el pasado martes. En otras palabras, quieren que los recursos tengan “un destino inteligente”, basados en datos sanitarios.
En esa línea, el ministro pretende redefinir a gran velocidad competencias de la salud pública, otorgando a las provincias mayor protagonismo para que tomen determinaciones en relación a la política sanitaria. Algo posible según el oficialismo porque la Constitución así lo indica.
