La decisión del Congreso de la CTA de los Trabajadores, que conduce Hugo Yasky de buscar la reincorporación en la CGT, tras un cuarto de siglo de reclamos contra el modelo sindical, generó dudas, rechazos y también apoyos desde los sectores cegetistas que compartieron el palco este jueves con el candidato presidencial del Frente de Todos.
La CTA se organizó a partir de la ruptura con la CGT de un grupo de sindicatos en 1991 y defendió la afiliación directa a la central de los trabajadores, el voto individual de los afiliados en la elección del secretario general y la denominada “libertad sindical”. Todos ellos, principios contrarios a la organización sindical que, en rigor, nació antes que el peronismo pero quedaría luego indisolublemente vinculada a su figura.
Ayer, Yasky aceptó que perdió esa disputa y se mostró dispuesto a volver a la CGT, sin reclamar que cambie sus reglas. “La pelota quedó en el campo de la conducción de la CGT”, indicó uno de los dirigentes, que estaba en el palco.
En paralelo a ese acto, hubo un asado organizado por Luis Barrionuevo en el predio de los municipales de la Ciudad de Buenos Aires, con Amadeo Genta como anfitrión. Fue un espacio de catarsis para los gremios que se oponen a la entrada de la CTA a la central peronista. Hubo fuertes cuestionamientos a ese plan de referentes como José Luis Lingeri, Omar Maturano y el mismo Barrionuevo, uno de los más críticos con Yasky.
Ninguno de ellos salió a decirlo en público, porque nadie quiere aparecer como el responsable de contravenir el plan impulsado por Alberto Fernández de lograr un pacto social que requeriría máxima cohesión gremial. Si Barrionuevo representa la principal figura opositora a la vuelta de los gremios de la CTA, pero no la única, los referentes del Frente Sindical que participaron del acto organizado por la central alternativa son sus principales defensores.
“Creo que hubo un gesto de grandeza al reconocer el modelo sindical en un congreso de la CTA, con la presencia de representantes de las centrales internacionales que integran y de la UGT (N del E: la CGT española)”, explicó a PERFIL Omar Plaini, titular del sindicato de Canillitas y uno de los hombres que tienden puentes. Por su parte, el secretario de Prensa de La Bancaria, Eduardo Berrozpe, explicó que el mecanismo que se podría utilizar para incorporar a los gremios de la CTA es “llamar a un congreso extraordinario, como ocurrió en el pasado, para viabilizar acuerdos que llevaron a la unidad”.
En 2016, por ejemplo, ese mecanismo fue el que permitió modificar y habilitar la creación de un triunvirato de conducción. En otras oportunidades se incorporaron nuevos gremios confederados o se dispusieron otras modificaciones que permitieron crear una central. A uno y otro lado de este debate coinciden en un punto: hace falta un acuerdo para que la CGT recupere representatividad.
Más allá de la novedad de la CTA, siguen de manera subterránea los contactos para que se reincorpore el Frente Sindical que lideran Camioneros, La Bancaria y el Smata. La condición que se impone es que haya una redefinición de la conducción de la CGT. Una fórmula posible sería la de incorporar un nuevo triunviro desde ese sector y ajustar la representación en las 35 sillas del consejo directivo.
En su entorno especulan con una ‘contraofensiva’ judicial
Con los nuevos vientos políticos, Hugo Moyano espera terminar con sus padeceres judiciales. Algunos en su entorno sostienen que, incluso, está listo para ir por una contraofensiva por las denuncias vinculadas a Camioneros, Independiente y OCA en las que se vio involucrada su familia.
El encargado de estas gestiones es su abogado personal, Daniel Llermanos, quien apuntó con sus denuncias contra agentes y funcionarios de la AFI, el fiscal Sebastián Scalera, la diputada Graciela Ocaña, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el secretario Gerardo Millman y el presidente Mauricio Macri, entre otros.
El letrado sostiene que hubo un supuesto “plan criminal” para presionar al juez Luis Carzoglio con el objetivo de que decretara la detención de Pablo Moyano en la causa en la que se investigan vínculos con la barra brava de Independiente y sospechas de lavado de activos. La expectativa está en que la salida de Cambiemos del gobierno pueda facilitar el avance de esta investigación, por la que ya se ha solicitado documentación a la AFI, por iniciativa del fiscal federal Ramiro González, en quien delegó la investigación el juez Ariel Lijo.
En otro plano está otro tema judicial vital para los Moyano: la situación de OCA. Tras la declaración de la quiebra, en abril pasado, la firma quedó bajo la conducción conjunta del abogado de Camioneros Rodrigo Condori y el Ministerio de Producción. En este caso, el objetivo es lograr la venta para garantizar la continuidad laboral a más de 6 mil afiliados de Camioneros. La ilusión en el entorno de Moyano es que el cambio de gobierno haga viable la venta de OCA, que sería favorecida por una recuperación del consumo y, tal vez también, por contratos con bancos y otras entidades estatales que ayudarían a recuperar sus finanzas. El proceso de venta controlado por la Justicia llegaría, según estiman en la firma, el año que viene.
