La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a una audiencia al gobierno argentino para que este jueves dé explicaciones sobre sus políticas represivas ante la protesta, que ha implementado ya en múltiples manifestaciones desde la asunción de Javier Milei. La denuncia fue presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a organizaciones de derechos humanos, sociales y sindicales.
La implementación de diferentes políticas del gobierno nacional para “desalentar, obstaculizar y hostigar a quienes se quieran manifestar” en el espacio público significa un retroceso en el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión, explicó el CELS. Desde que asumió Javier Milei, con Patricia Bullrich a la cabeza del Ministerio de Seguridad y su “protocolo antipiquete”, se han denunciado en distintas presentaciones el crecimiento de la violencia represiva y la criminalización de manifestantes.
El CELS también mencionó detenciones arbitrarias y el uso indiscriminado de las denominadas “armas menos letales” como balas de goma, gases irritantes y palos, incluso contra trabajadores de prensa. “También advertimos cómo, mediante algunos discursos, el gobierno pretende deslegitimar a las organizaciones sindicales y los movimientos sociales, acusándolos de desestabilizadores”, añadieron en un comunicado.
“Estos mensajes son luego reproducidos por integrantes del poder judicial, que imputan por terrorismo e intento de golpe de Estado a las personas detenidas al voleo en las manifestaciones y sin aportar ningún tipo de prueba concreta que respalde tal acusación”, completó el CELS. El día que se debatió la ley de Bases en el Senado hubo 33 detenidos y, tras la liberación de la semana pasada, todavía quedan cuatro personas en el penal de Ezeiza.
Por ello, a seis meses de asumir, el Poder Ejecutivo tendrá que responder este jueves a las 15 las preguntas de la organización de derechos humanos más importante de América. La audiencia será transmitida en vivo a través de la cuenta de la CIDH en Youtube. Fue convocada a pedido del CELS junto a ATE, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, el Centro de Profesionales de Derecho Humanos, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la Red de Carreras de Comunicación y Periodismo y la agrupación HIJOS.
La CIDH reclamó por los detenidos durante la manifestación frente el Congreso
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó la semana pasada al gobierno de Javier Milei a “abstenerse de criminalizar la protesta” que tuvo lugar el 12 de junio frente al Congreso de la Nación, en rechazo a la ley de Bases y el paquete fiscal. Expresaron su “preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza pública" contra periodistas y manifestantes.
“La CIDH y su Relatoría Especial recibieron información sobre el uso desproporcionado de armas menos letales, como irritantes químicos manuales, tonfas, balas de goma y camiones hidrantes por parte de la Policía Federal, la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional durante las manifestaciones”, informaron en un comunicado desde el órgano principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Desde la oficina de La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH manifestaron estar al tanto de la presencia de agentes policiales sin uniforme y de miembros de la Prefectura Naval portando armas de fuego; y que también se recibieron informes de periodistas y trabajadores de prensa que resultaron heridos debido al uso presuntamente abusivo de gas pimienta y balas de goma por parte de la policía de la fuerza pública. “Las armas de fuego deben estar excluidas en los operativos de control de las protestas sociales", subrayaron desde el organismo.
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Además, destacaron que “resultan de especial preocupación las declaraciones estigmatizantes y criminalizantes contra manifestantes realizadas por el Gobierno a través de un comunicado de prensa de la Oficina del Presidente, en el que se calificó de forma generalizada a las personas como "terroristas"” y que se justificó la represión de la policía "en defensa de la democracia", alegando ser “un golpe de Estado moderno”.
“La jueza federal que intervino en estas detenciones cuestionó públicamente el accionar de la policía, advirtió que los sumarios estaban ‘muy mal instruidos’ e ‘incompletos’, y resaltó que existe ‘falta de entrenamiento’ en las fuerzas de seguridad”, señalaron desde la CIDH y recordaron que “las autoridades deben procurar difundir información fidedigna, y abstenerse de estigmatizar a las personas manifestantes y de acusarlas de acciones ilegales como una forma de suprimir el disenso”.
El comunicado se refiere a los “hechos de violencia con bombas molotov y combustibles que fueron utilizados en las afueras del Congreso” y al incendio del auto del medio Cadena 3. Al respecto, mencionan que “según la Comisión de Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación, ninguna de las personas detenidas fue acusada de delitos vinculados con este hecho en cuestión".
ML / ED
