Mientras el Gobierno decidió llevar adelante un fuerte ajuste en el gasto orientado al acceso a la justicia, aumentó un 963% el presupuesto de un programa que está destinado a la “modernización” del Servicio Penitenciario.
"Se cierra otra caja de la política: el Ministerio de Justicia pone fin a 81 CAJ". Con ese título, el Gobierno informó, mediante un comunicado, que se cerrarán 81 Centros de Acceso a la Justicia. En el documento afirma que los CAJ "costaban 8 mil millones de pesos por año, algo que en la nueva etapa que vive nuestro país ya no puede ocurrir más. El Gobierno cuida el dinero de los contribuyentes".
Pero, además, $5000 millones de ese dinero de los contribuyentes se reasignarán al programa Política Criminal, que pasó de contar con un presupuesto anual de $521 millones a otro vigente de $5539 millones para 2024, lo que representa un aumento de 963%, un porcentaje que está muy por encima de la inflación y de todas las proyecciones. Este programa está destinado, según consta en su página web, a “generar estadísticas y herramientas de investigación criminal” y a la “modernización del Servicio Penitenciario”, lo que redundaría en una “mejora en la situación de las personas privadas de la libertad”.
Esta semana, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvo de gira por El Salvador para conocer de cerca el método empleado por el presidente Nayib Bukele contra los grupos criminales que operan en el país. En ese viaje, además de reunirse con el mandatario, recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la prisión de máxima seguridad que el gobierno salvadoreño inauguró en 2022, y que tiene capacidad para 40 mil reclusos.
En un video que compartió por la red social X, Bullrich afirmó que ese país se había transformado de uno “tomado por la violencia, el narcotráfico y por las maras que asesinaron a 150 mil salvadoreños” en uno “de los más seguros del mundo”. Indicó además que ese es el camino que debería seguir Argentina: “duros contra los criminales, libertad para los argentinos de bien”.
“Se cierra otra caja de la política”, anunció el Ministerio de Justicia
El Salvador vive en “estado de excepción” desde marzo de 2022. Ese estado de excepción implica, entre otras cosas, la suspensión del derecho a la legítima defensa, la ampliación de prisión preventiva de 72 horas a 15 días, y la posibilidad de detener a menores a partir de los 12 años. Desde entonces 80 mil personas resultaron detenidas y, si bien los niveles de criminalidad bajaron considerablemente, según las organizaciones defensoras de derechos humanos en el país, las familias de los detenidos no tienen información sobre los reclusos, su estado de salud o sus posibles traslados. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) destacó por ejemplo que los desplazamientos forzados al interior del país aumentaron un 78%, y que una de las razones es la violencia. Los principales agresores, respondieron quienes tuvieron que huir, fueron la Policía Nacional Civil (72,8%), y, muy por detrás en porcentaje, las pandillas (15,2%).
Según los datos del presupuesto abierto en Argentina, el aumento para el programa Política Criminal es superior al de cualquier otro de los dependientes del Ministerio de Justicia. “Afianzamiento de la justicia”, con un 217% de incremento, es el de segundo en importancia, pero muy por debajo del 963% del primero. Los programas vinculados a la defensa de los derechos tuvieron un aumento muy bajo o nulo. Es el caso del programa Promoción y defensa de los Derechos Humanos (que aumentó 17% respecto a lo previsto) y de la Formación universitaria en Derechos Humanos, que no tuvo variaciones. Tampoco las tuvieron los programas de Controles anticorrupción (que sigue con un presupuesto de 281 millones) y el de Representación notarial del Estado (que mantiene el gasto previsto en 85 millones).
Es precisamente en el derecho al acceso a la justicia en el que no solamente no aumenta el presupuesto, sino que baja considerablemente y afecta especialmente al interior del país. “Los CAJ son un dispositivo clave en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, porque brindan lo que se conoce como atención legal primaria”, explicó a PERFIL Guillermina Greco, coordinadora del programa de acceso a la justicia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij).
“Es la primera puerta de entrada a muchas personas a lo que tiene que ver con todo tipo de derechos, desde cosas complejas como temas penales, víctimas de delitos, temas familiares difíciles, hasta cosas sencillas como tener un problema con el DNI o migraciones”, agregó Greco.
Los CAJ son además centros interdisciplinarios que en varias oportunidades lograron evitar un conflicto mayor que recargara el trabajo de otras instancias judiciales. “Tiene una perspectiva integral de la persona, lo que permite tener una atención mucho más adecuada para casos difíciles, como la violencia de género”.
Al ser servicios descentralizados, “en lugares más alejados, rurales, en barrios populares, u otros lugares donde no hay una presencia del Estado, los centros son la única posibilidad que algunas personas tienen para acceder a sus derechos”, detalló la representante de Acij.
El plan implica “una mejora en la situación de las personas privadas de la libertad”
Junto con Acij, distintas organizaciones manifestaron en un comunicado su preocupación por el cierre de estos centros. “Lo primero que hay que decir es que no es posible constatar la cifra de 8 mil millones de pesos a la que hace mención el Ministerio de Justicia sobre el costo de mantenimiento de los CAJ. Sin embargo, es necesario destacar que, si ese fuera el número correcto, correspondería solo al 0,01% del gasto público”.
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) es una de las instituciones que avalan el reclamo. “Reducir de 105 a 24 los CAJ y limitar la atención al formato virtual refleja un gran desconocimiento y desprecio por el alcance del acceso a la justicia como derecho humano fundamental e instrumental para acceder a otros derechos básicos. También muestra gran desinterés por la relevancia que tiene la dimensión territorial en el acceso a la justicia”, explicó desde esa organización Julieta Izcurdia.
“Los CAJ también han sido dispositivos fundamentales para acompañar y asesorar a mujeres en situación de violencia de género, y resulta sumamente preocupante que en contextos de recrudecimiento de la violencia como los que vivimos se decida desmantelarlos en lugar de mejorar su funcionamiento”, consideró.
Estos centros existen en el país desde 2008. “Han sido sostenidos por distintos gobiernos y constituyen una red federal de servicios legales primarios públicos”, afirmó Mayca Balaguer, directora ejecutiva de la Fundación para el desarrollo de políticas sustentables (Fundeps), a PERFIL.
“Las medidas anunciadas el 10 de junio indican que se sostendrá un solo centro por provincia, priorizando la atención virtual. Esto significa el desmantelamiento de una iniciativa que permitía remover barreras históricas vinculadas a la distancia entre aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad y las respuestas que requieren del Estado”, sintetizó.
