El Ministerio de Defensa de la República Argentina, Luis Petri, mediante una resolución oficial, dispuso la baja definitiva de un grupo de Oficiales Superiores del Ejército Argentino en situación de retiro.
La medida, según la resolución a la que accedió PERFIL, responde al Oficio PIA N.º 568/2022 y está dirigida a 20 exmiembros de las Fuerzas Armadas. La decisión se enmarca en el proceso de depuración y sanción a militares que, según investigaciones y documentación oficial, participaron o se vieron involucrados en violaciones a los derechos humanos durante el período del último régimen militar en Argentina (1976-1983).
En algunos casos, los afectados ya cuentan con condenas judiciales firmes en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad.
La resolución tiene por objeto garantizar la coherencia con los principios democráticos y los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos. Al ser dados de baja, los mencionados pierden sus prerrogativas y derechos derivados de su pertenencia institucional al Ejército Argentino.
Entre los militares comprendidos en la resolución se encuentra el general de división Eduardo Rodolfo Cabanillas, condenado a prisión perpetua por su participación en el centro clandestino Automotores Orletti.
A continuación, estos son los 20 militares expulsados:
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General de División (R) Eduardo Rodolfo Cabanillas.
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General de Brigada (R) Néstor Rubén Castelli.
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General de Brigada (R) Teófilo Sáa.
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General de Brigada (R) Federico Antonio Minicucci.
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Coronel (R) Miguel Ángel Fernández Gez.
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Coronel (R) Humberto José Román Lobaiza.
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Coronel (R) Mario Alberto Gómez Arena.
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Coronel (R) Pascual Oscar Guerrieri.
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Coronel (R) Oscar Lorenzo Reinhold.
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Coronel (R) Ramón Ángel Puebla.
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Coronel (R) Carlos Alberto Ozaran.
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Coronel (R) Carlos Gustavo Fontana.
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Coronel (R) Horacio Hugo Maderna.
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Coronel (R) Jorge Omar Lazarte.
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Coronel (R) José Héctor Fidalgo.
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Coronel (R) Carlos Eduardo Carnero Sabold.
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Coronel (R) Héctor Salvador Girbone.
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Coronel (R) Carlos Enrique Pavón.
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Coronel (R) Manuel Barreiro.
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Coronel (R) Luis Ángel Gaspar Zírpolo.
El Oficio PIA N.º 568/2022, mencionado como fundamento de la resolución, fue emitido por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, organismo que investiga irregularidades y responsabilidades administrativas en el ámbito estatal. Este instrumento ha servido como base para sustentar las decisiones adoptadas por el Ministerio de Defensa.
Precisamente, este organismo le recordó al ministro de Defensa que “la obligación de separar de sus cargos a los agentes implicados en graves violaciones a los derechos humanos constituye una obligación autónoma del Estado argentino, conforme al derecho Internacional”.
El contexto de estas medidas envuelve en polémicas y contradicciones al gobierno de Javier Milei, que insiste en un revisionismo de "memoria completa", en línea con la agenda que trajo la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuestionada por sus posturas respecto de la última dictadura. Si bien hay una defensa a las víctimas del terrorismo, siempre estuvo cercana y vinculada con ex militares con alto grado de responsabilidad en la época del "Nunca Más".
Sin embargo, esta decisión es del Poder Judicial y obliga a Petri a acatar esta medida. Desde su entorno aseguraron que esto no debería ser una sorpresa para nadie, ya que sabían que de confirmarse la condena el protocolo a seguir sería este. No obstante, desde Defensa aseguraron que las esposas seguirán cobrando las pensiones de los oficiales dados de baja.
Malestar y reclamos de los militares al gobierno de Milei
Del otro lado, fuentes militares perjudicadas con esta decisión mostraron su gran descontento con el gobierno en diálogo con La Nación. “El gobierno de Javier Milei afirmaba en su discurso que venía a reivindicar a las Fuerzas Armadas. Con esta decisión, no solo deshonra a quienes dieron todo por la Nación, sino que profundiza las heridas ya abiertas”, graficó un militar retirado.
La fuente advirtió, además, que se trata “del mismo gobierno que quebró la obra social militar, dejando un agujero de más de $100.000 millones”, en alusión a la grave crisis del Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), y que “mantiene a los haberes militares en el último lugar”, al resumir expectativas que quedaron en el camino en el primer año de gestión.
El coronel Losito es uno de los militares condenados y dados de baja que peleó en la guerra de Malvinas. “El Gobierno expulsa del Ejército a un militar que recibió dos balazos, en la pierna y en la cabeza, que siguió combatiendo gravemente herido y cuya vida fue salvada gracias a las transfusiones de sangre realizadas por los ingleses”, explicó una fuente del Ejército. “Lo salvaron los británicos en el campo de batalla y hoy lo condenan los propios”, resumió la fuente militar.
JD / ds
