Quiénes son los detenidos en el Congreso: situación judicial y la preocupación de sus familiares

Los familiares de las 16 personas que continúan detenidas luego de la manifestación en el Congreso del 12 de junio quieren conseguir visibilidad. Organizaron una marcha en Plaza de Mayo, lanzaron un petitorio que ya sumó más de 30 mil firmas y preparan una presentación para mañana con personalidades destacadas que reclamen por su liberación. Sus abogados subrayan que no hay motivos para sostener la prisión preventiva y mucho menos la acusación del fiscal federal Federico Stornelli, que les imputó el delito de sedición.

El Ministerio de Seguridad se presentó como querellante en la causa y desde el gobierno insisten en utilizar el término “terroristas” para referirse a los manifestantes. Por eso, buena parte de los amigos y familiares de los detenidos se esfuerzan por dar a conocer quiénes son, sus historias y el contexto en el que fueron aprehendidos. 

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La cantidad de detenidos del miércoles 12 había llegado a 33. Todos con la misma carátula. El viernes 14 por la noche, la jueza federal María Servini resolvió excarcelar a 17. Los abogados que los representan insisten en la arbitrariedad de esa decisión: “La situación de todos es idéntica y el escrito con el que se resolvió la libertad de la mitad también, solo con un párrafo de diferencia. En unos dice que hay peligro de fuga y obstrucón de la Justicia y en otros no. Pero en ningún caso se analizan las condiciones personales o se explica por qué”, remarcó a PERFIL María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), una de las organizaciones que interviene. 

Servini resolvió que debían seguir detenidas Patricia Calarco Arredondo, María de la Paz Cerruti, Juan Pablo Colombo, Gabriel Famulari, Cristian Darío Ferreira, Facundo Ezequiel Gómez, Roberto María de la Cruz Gómez, Camila Belén Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Héctor David Mallea, Nicolás Mayorga, Lucía Belén Puglia, Ramona Tolaba, David Sica, Juan Ignacio Spinetto y Cristian Fernando Valiente. En la mayoría de los casos, se trata de personas que no tienen antecedentes penales.

Desde el mismo día de las detenciones, desde el Gobierno nacional comenzaron a hablar de terrorismo. De hecho, Stornelli presentó sus acusaciones pidiendo que se considere el agravante de acciones terroristas, que duplica las penas. Las organizaciones de derechos humanos y las familias insisten en señalar las posibles presiones del Poder Ejecutivo sobre el Judicial y cuestionan no tener acceso a los detalles de la causa. 

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Verdú explicó que las detenciones primero corrieron en dos expedientes separados, uno que tramitaba en los juzgados federales y otro en Ciudad. “La primera causa fue la 2342 y no tenemos acceso. Se supone que ahí es donde estaría el material probatorio. Pero cuando todos los detenidos pasaron al fuero federal se abrió la causa 2355. Ahí estamos vinculados, pero no vemos ningún video publicado”, agregó. 

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Patricia Calarco Arredondo es militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) Votamos Luchar por el Cambio Social. El miércoles fue detenida a unas 13 cuadras del Congreso, según contó a la Agencia Presentes su pareja, Emilia “Coca” Manazza. “Nos atropellábamos entre nosotros porque no podíamos ver”, recordó. El grupo fue abordado por personal policial que avanzó en motos mientras disparaban balas de goma y gas pimienta. 

Calarco Arredondo tiene 39 años, es de Mar del Plata y desde hace tres años vive en Lomas de Zamora. Desde el 2019, trabajaba en el ex ministerio de Desarrollo Social pero fue despedida en marzo. 

En diálogo con PERFIL, la hermana de María de la Paz Cerruti, Amanda, contó que espera que en el transcurso de la jornada haya novedades. “No tenemos claro con qué criterio se dejó a algunos afuera y a otros adentro. En el caso de mi hermana, la supuesta prueba es insultos, escupidas y una patada a una oficial de Policía, que está en un acta que redactó esa oficial. Nada más. Para la Justicia eso es prueba suficiente para haberla privado de su libertad”, relató. 

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Amanda contó que el 12 de junio María de la Paz “estaba contenta”. Hace poco más de un año, el fallecimiento de su madre la afectó y tuvo que comenzar un tratamiento. El día de la manifestación su psiquiatra le había dado el alta y podía volver a su trabajo en el Ministerio de Economía, lo que la tenía entusiasmada. “Esto me preocupa porque también puede ser un retroceso en su salud mental. Venimos de una familia con un pasado muy trágico con el terrorismo de Estado: tenemos 5 familiares directos que han sido detenidos, mi abuela fue de Madre de Plaza de Mayo y 4 miembros de nuestra familia que están desaparecidos. Todo esto no hace más que revivir algo que pensábamos que estaba completamente superado”, lamentó su hermana. 

En redes sociales, los allegados de Cerruti publicaron un video en el que se vería el instante en el que fue detenida. 

Guido Miele, de Correpi, es el defensor de Juan Pablo Colombo, un artista plástico y malabarista. Se trata de un joven que vive con sus cuatro hermanos y su madre en Lanús Este. “Cuando lo detuvieron le pegaron tanto que convulsionó y lo llevaron al Argerich. Él tiene una placa de titanio en la cabeza, pero en el hospital le sacaron las placas de la columna y no de la cabeza. En este momento, está detenido en Devoto”, contó el abogado. 

Además, Miele subrayó que Colombo no tiene antecedentes penales, que nunca estuvo detenido ni tuvo una causa en su contra. En Facebook, referentes del mundo circense comparten su foto con un pedido de liberación junto a una serie de fotografías que mostrarían el momento exacto en el que fue abordado por la Policía. 

Desde la Universidad Nacional Arturo Jauretche emitieron un comunicado para pedir por la liberación de Gabriel Famulari, estudiante de Kinesiología. En el video, y a contramano del relato oficialista, se puede ver el momento exacto en el que lo detuvieron. Las imágenes fueron capturadas por la señal A24 y se lo observa en una discusión intensa, pero sin estar cometiendo ninguno de los delitos que le imputan. 

Según trascendió en distintos medios, Cristian Darío Ferreira y Cristian Fernando Valiente continuarían detenidos porque tienen antecedentes penales. PERFIL se comunicó con fuentes judiciales y con el Ministerio de Seguridad para chequear la información, pero no obtuvo respuesta. Entre los abogados del resto de los detenidos explicaron que no todas las personas definieron la misma estrategia. Mientras algunos optaron por la representación de la defensora oficial Florencia Plazas, otros continuaron con abogados particulares. 

Silvia Pelozo es abogada de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADeP) y representa a dos detenidas: Lucía Belén Puglia, estudiante de la Universidad de Hurlingham, y Ramona Tolaba, empleada doméstica. Las dos habían ido a la manifestación de forma autónoma. 

“En el momento que avanzó la represión se resguardaron atrás de un auto y fueron detenidas juntas. No se conocían, pero se estaban protegiendo de las balas de goma”, contó Pelozo a PERFIL. Una de las hijas de Tolaba es quien asumió el rol de visibilizar la situación de su madre y contó que se trata de una persona que siempre se movilizó por su cuenta para reclamar por sus derechos. 

Una de las historias que más repercusión tuvo fue la de Facundo Ezequiel Gómez, un vendedor callejero de café. En una entrevista con Camilo García, su hermana, Micaela, contó que acompañan a su madre que trabaja como cafetera en la feria de Plaza Serrano desde hace veinte años. 

“Facundo estaba hablando por teléfono con mi mamá cuando lo rodearon cuatro policías, le sacaron el celular, lo tiraron al piso y lo presintaro”, contó Micaela. Según su relato, el joven estaba sentado en el suelo detrás de una valla y no participó de ningún hecho violento.

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Sobre Héctor David Mallea, David Sica y Roberto María de la Cruz Gómez circuló poca información y no hay referencias de contacto que circulen entre los organismos de derechos humanos. La cuenta de X de La Vaca publicó un video con el instante de su dentición, en el que el joven dice su nombre, su número de DNI y cuenta que se estaba manifestando como peronista. 

Camila Belén Juárez Oliva tiene 33 años, es madre de dos niños (de 8 y 11 años) y vive con su pareja, con quien tiene un bar en Vicente López. Además, está en tercer año de Sociología en la Universidad de San Martín. “Tiene empleados a cargo, un domicilio constatable y no tiene antecedentes penales. Pero nadie nos explicó dónde está el peligro de fuga. Es una locura absoluta”, se quejó Verdú, que la representa. 

Desde Amnistía reclamaron por su liberación y, en un hilo en X, pusieron el foco en que la joven y el resto de los detenidos, fueron interceptados por la Policía a unas 10 cuadras del Congreso.

Claudia Leaños es abogada del Centro de Abogado por los Derechos Humanos y representa a Sasha Layardet, estudiante de Comunicación en la Universidad Nacional de San Martín. “La detuvieron alrededor de las seis de la tarde a varias cuadras del Congreso, en México y Lima, junto a otras dos chicas de la UNSAM, donde estudia. La policía motorizada se le abalanzó y le gritó: ‘Te tirás al piso o te pego un balazo y te arranco los pelos’”, contó a PERFIL.

A partir de entonces, Layardet comenzó un peregrinar: primero permaneció en un camión de la policía que estuvo a las vueltas por la ciudad, al otro día la bajaron en una alcaldía donde estuvo esposada, sin una silla donde sentarse, ni frazadas ni agua. El viernes, luego de la indagatoria, fue trasladada al penal de Ezeiza. 

“Las mujeres están todas juntas y ayer les dijeron que las iban a pasar a un pabellón común. ¿Sabés lo que significa eso? Al final era mentira, pero fue una psicopateada”, se lamentó Leaños. 

Elizabeth, la esposa de Nicolás Mayorga, contó a PERFIL que por estos días una de sus mayores preocupaciones es contener a su hijo de 12: “Estoy tratando de preservarlo, pero está mal”, relató. Su pareja trabaja desde hace más de 10 años en Telefe, estudia en la Universidad de San Martín y participa de las actividades de la Asamblea de San Martín. 

“Según me contaron sus compañeros que lograron zafar de la cacería, alrededor de las seis, cuando estaban desconcentrando, los epezó a perseguir la Policía por la Nueve de Julio”, compartió Elizabeth. A Mayorca lo detuvieron en la zona de la UADE. “Solo me pude comunicar por llamadas al penal. Recién mañana tiene horario de visita. Está en un pabellón con 30 personas aproximadamente y ahí también están Héctor y Gabriel. Comparten con presos comunes, pero me dijo que me quede tranquila porque es un pabellón calmo, con gente que estudia y que está por salir”, agregó.

Al principio, Mayorga fue representado por la defensora oficial Florencia Plazas, pero ahora continúa con Adrián Albor, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. 

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Ana Soffiantini es de Ramallo, la ciudad natal de Juan Ignacio Spinetto, y lo conoce desde que era pequeño. Por estos días, está cumpliendo el rol de contacto con la prensa. “Se fue a estudiar Abogacía a Buenos Aires y se quedó allá. Es un joven amable y generoso. Hoy está preso por sus ideas políticas. Salió a defender sus derechos en un país que es democrático y fue apresado. De ninguna manera Juan es un violento, mucho menos un sedicioso y muchísimo menos un terrorista. Lo que está pasando es inconcebible”, aseguró a PERFIL. 

Según su relato, Spinetto fue detenido a cinco cuadras de su casa. Ya se había ido de la movilización, pero frenó a ayudar a una pareja de personas mayores. “Llegaron los policías motorizados, lo tiraron al suelo y lo golpearon”, relató Soffiantini. Además, contó que las autoridades penitenciarias no aceptaron la ropa que le llevó su familia al penal “porque no era adecuada”. “Hoy volvieron. Ojalá hayan podido dejarle aunque sea una campera”, agregó.